Reconstrucción de iglesias financiada por el Estado ¿Por qué?

5 diciembre, 2011

Aunque es un tema que para la mayoría pasaría desapercibido, o, en todo caso, no le parecería incorrecto, creo que vale la pena, llamar la atención y analizar si es correcto que el Estado, a través de los Gobiernos Regionales, y con fondos que provienen de los impuestos de todos los peruanos,  financie la reconstrucción de diversos templos católicos destruidos a raíz del sismo que azotó el sur peruano en 2007.

Se habla en particular de una partida de 8 millones de soles para financiar la reconstrucción del Templo del Señor de Luren.

Si bien según el artículo 50 de la Constitución Política del Perú “el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración”, me parece que hace algún tiempo dejamos de ser un Estado confesional y pasamos a ser un Estado laico, ¿no?

Además, el artículo 2 de la misma constitución establece la igualdad ante la Ley, incluyendo el factor religioso y consagra la libertad de conciencia y religión. ¿Por qué entonces debe el Estado subsidiar a una institución religiosa? ¿Por qué no a otras? ¿Por qué a cualquiera de ellas?

Llama la atención, por lo demás, que no se haya hecho a la iglesia responsable (como cualquier otro establecimiento) de la gran cantidad de víctimas que se produjeron al interior del mencionado templo, debido a su mal estado.

¿Ustedes qué opinan? ¿Debe el Estado financiar la reconstrucción de templos católicos?

Anuncios

Anti-propuesta No. 2: menos impuestos, y que todos paguen

4 mayo, 2011

Sí, sé que he dejado un poco abandona la “anti-campaña”, pero ¿felizmente? tendremos un mes y medio de “fiesta electoral” gracias a la segunda vuelta, así que creo que tendré tiempo para hacer mis diez “anti-propuestas”.

La segunda de mis anti-propuestas consiste en racionalizar el sistema tributario, y está íntimamente relacionada con la primera, relativa a la reducción del aparato estatal y su ámbito de actuación. Racionalizar el sistema tributario ciertamente es una propuesta compleja, aunque podríamos resumirla en la frase: “menos impuestos, pero que todos paguen”.

La gran mayoría de propuestas actualmente en discusión en la campaña electoral peruana contemplan el incremento del gasto público y el “gasto social” y, en relación a ello, consideran necesario el aumento de la “presión tributaria” (a excepción del plan de Alianza por el Gran Cambio, que si bien tiene varias propuestas que implican la realización de gasto público propone bajar los impuestos y simplificar el sistema tributario, con la finalidad de combatir la informalidad).

No obstante, me parece que es innecesario (aunque vendedor, por cierto) hablar de cobrar más impuestos cuando actualmente el Estado no tiene capacidad de realizar un gasto público eficiente. Es decir, no gastamos todo lo que tenemos, y lo que gastamos, lo gastamos mal. Así, por ejemplo, en el año 2010 el Estado peruano solamente pudo ejecutar el 72.2% del presupuesto en los tres niveles de Gobierno (aunque se mejora respecto al año 2009, en el que solamente se ejecutó el 62.1%). Asimismo, no todo lo que se gasta se gasta bien. Según el informe “Eficiencia del Gasto Público en el Perú” el gasto social realizado no determina una real mejora para sus supuestos beneficiarios. Se cita el caso emblemático de los programas de alimentación estatales (Vaso de Leche, Desayunos Escolares, PACFO, PANFAR, PANTBC, y los Comedores Populares), en los que se gastó más de US$ 2 mil millones entre 1997 y 2005 , pese a lo cual la tasa de desnutrición crónica infantil se mantuvo estancada.

Una primera reforma, en ese sentido sería, incrementar la eficiencia del gasto público antes de pensar en recaudar más. ¿Cómo? Eso es algo complicado de explicar en un post, pero se me ocurren algunas ideas:

  1. Mejorar la capacidad de los funcionarios y empleados públicos (capacitaciones, mejores salarios para captar y/o retener a lo mejor del mercado, etc.), así como el esquema de incentivos bajo el que trabajan (p.e., bonos por resultados y también sanciones por bajo rendimiento, incluyendo el despido).
  2. Dado que el sector privado normalmente es más eficiente para el gasto que el sector público, fomentar la inversión privada en la provisión de algunos bienes públicos (por ejemplo, Asociaciones Público Privadas o el interesante mecanismo de “Obras por Impuestos”).
  3. Enfocar adecuadamente el gasto social en programas que realmente beneficien a los más pobres, preferentemente a través de entregas de dinero en efectivo o vouchers condicionados a la inversión en educación o salud.
  4. Simplificar los procedimientos administrativos para que el gasto social no se pierda en burocracias o consultorías, sino que se maximice el gasto efectivo en los beneficiarios.

La recaudación tributaria, en línea con lo anterior, no puede ser vista como un objetivo en sí, de modo tal que el Estado siempre esté buscando aumentar la recaudación. La recaudación, los impuestos, deben ser vistos como un mecanismo para financiar los servicios básicos que debe proporcionar un gobierno: seguridad, justicia (enforcement de los contratos), protección a la propiedad privada. Sólo si necesitamos más fondos para cumplir dichos fines, y se está gastando bien lo que se recauda, deberíamos hablar acerca de “recaudar más”.

Ahora bien, recordemos que nuestra primera anti-propuesta consiste en la reducción del aparato estatal y su ámbito de actuación, lo que implica una revisión de las actividades que el Estado realiza y, al menos de acuerdo a nuestra perspectiva, una significativa reducción del gasto público.

Una segunda propuesta, en ese sentido, iría en sentido contrario: hay que reducir sustancialmente los impuestos y/o sus tasas y simplificar el sistema tributario. Eso permitirá que más individuos y empresas que actualmente no pagan impuestos actúen dentro de la formalidad (con todos los beneficios que ello acarrea) pero además paguen impuestos.

¿Alguien piensa que las empresas informales no pagan impuestos no lo hacen sólo porque “no les da la gana”? Sin descartar algunos “vivos” que realmente no quieren pagar impuestos, lo cierto es que la gran complejidad del sistema tributario y el monto de los impuestos a pagar determinan que sea muy difícil para una gran cantidad de empresas el pagar impuestos. Muchas empresas pequeñas y medianas se ven agobiadas por la cantidad de impuestos a pagar (cuando los márgenes son bajos, el pago de impuestos puede afectar una parte sustancial de su margen de ganancia) y los costos monetarios y en términos de tiempo y esfuerzo que determina calcular y declarar impuestos. Pero no sólo eso. El Estado no sólo nos cobra impuestos y nos hace difícil pagarlos, sino que entrega poco o nada en devolución. Hechas sumas y restas, quedan pocos incentivos para pagar impuestos.

Veamos, sólo para mencionar los más importantes, personas y empresas deben pagar en el Perú los siguientes impuestos del gobierno central: Impuesto a la Renta, Impuesto a la General a las Ventas, Impuestos Selectivos al Consumo (aplicable, por ejemplo, a la gasolina, al alcohol, a los cigarros) e Impuesto a las Transacciones Financieras. Además, a nivel local se paga Alcabala, Impuesto Predial, Impuesto Vehicular e Impuesto a los Juegos. Todos ellos con distintas tasas (que además varían según los valores y sujetos involucrados), exoneraciones y formas de cálculo.  Demasiados (y muy complicados de pagar) impuestos para recibir tan poco del Estado.

Nuestra segunda propuesta, entonces, se traduciría en eliminar todos los impuestos cobrados por el Gobierno Central, a excepción del Impuesto a la Renta, que pasaría a ser “plano” (es decir, la tasa sería fija independientemente del monto de los ingresos del sujeto gravado. Esto a diferencia de los impuestos “progresivos”, como es el caso de nuestro actual impuesto a la Renta, que  tiene tasas diferenciadas, que van aumentando según niveles de ingreso). Eliminaría, también, todas las exoneraciones, deducciones, y regímenes diferenciados que también complican los procedimientos y generan distorsiones competitivas. Quizás, podrían mantenerse algunos impuestos selectivos al consumo, siempre y cuando no representen distorsiones a la competencia y sirvan efectivamente para reducir externalidades y no simplemente como un mecanismo para engrosar las arcas fiscales.

Un impuesto a la renta “plano” tiene muchas ventajas:

1)             Su simplicidad y bajo costo. El impuesto se calcularía simplemente en función a los ingresos anuales brutos, sin complicarse con deducciones (hay que demostrar el gasto), exoneraciones o regímenes diferenciados. La simplicidad también evita dudas legales y, por ende la necesidad de contratar contadores y abogados para revisar las declaraciones. La simplicidad, finalmente, facilita la fiscalización por parte del Estado, reduciendo sus costos.

2)             Provee incentivos para un mayor crecimiento económico y empleo. Dado que la menor cantidad de impuestos cobrados (a quienes bajo el actual sistema llevan toda la presión tributaria) libera recursos para ser utilizados en transacciones eficientes, en transacciones que crean riqueza en vez de distribuirla.  Asimismo, se reducen las distorsiones competitivas generadas por un sistema que grava más a los más eficientes o grava de distinta manera a individuos o empresas que compiten en un mismo mercado.

3)             Ingresos fiscales más estables. Un impuesto a la renta plano es que es menos inestable que otros impuestos, lo cual permite un mejor manejo del presupuesto estatal a mediano y largo plazo.  Cuando los impuestos son progresivos, por el contrario, los ingresos discales suelen aumentar mucho en “buenos tiempos” y suelen bajar significativamente en tiempos de crisis. Hay que recordar además que un impuesto a la renta es mejor que los impuestos al consumo para redistribuir la riqueza (mediante la provisión de bienes públicos), ya que las personas de mayores ingresos pagan más y reciben lo mismo (o incluso menos) del Estado.

¿Cuál debería ser el monto de la tasa? No me “mando” a soltar un número, pero intuyo que podría reducirse significativamente respecto de las tasas actuales, debido no sólo a que tanto bajar el monto de los impuestos como la simplificación del procedimiento (al facilitarse el cálculo) incentivaría a que más personas paguen impuestos. ¿Quizás 10%? (ojo que aplica sobre ingreso brutos, no netos).

Pueden encontrar un gran sustento del impuesto plano a la renta en este paper de Robert Murphy: http://bit.ly/kVK3yQ

En lo que se refiere a impuestos locales, deberían seguir cobrándose el Impuesto Predial, además de los arbitrios, a fin de financiar los servicios prestados por las municipalidades. La alcabala a mi juicio no debería cobrarse pues puede gravar transacciones que no generan riqueza (por ende, empobreciendo al contribuyente) y además contribuye a la informalidad de las transferencias inmobiliarias. En el caso del Impuesto Vehicular, creo que no tiene sentido “sancionar” a quienes compran vehículos nuevos, cuando se supone que es política de Estado renovar el parque automotor.

Esta reducción de impuestos y simplificación de procedimientos, obviamente, debería venir acompañada de más y mejor fiscalización. Al facilitarse tanto las cosas a los contribuyentes no deberían tener excusa para dejar de pagar.

Actualización al 06/05/2011: Hice una corrección al artículo, gracias al comentario de Luis Valle que comparto más abajo, para precisar que no sugiero eliminar todos los impuestos locales. 


Anti-campaña “de común sentido”

24 febrero, 2011

10 propuestas que mejorarían mucho nuestra economía y el bienestar social, pero que no le harán ganar ninguna elección

Es tiempo de elecciones en el Perú, de campaña electoral. Los candidatos, basta revisar cualquier diario, hacen promesas y planteamientos a diestra y siniestra. Pero, ¿están realmente las promesas electorales vinculadas a lo que es mejor para el país? No necesariamente. La teoría del public choice nos enseña que los políticos quieren llegar y mantenerse en el poder. Quieren maximizar sus votos y su crédito político. Y para ello no promenten ni plantean necesariamente lo que el país necesita, sino “lo que la gente quiere escuchar”.

En este blog, sin embargo, no candidateamos a nada, así que me voy a permitir hacer desde aquí algunas propuestas que estamos seguros mejorarían mucho nuestro bienestar, maximizando nuestras libertades y nuestras posibilidades de progreso; pero que sin embargo tenemos la idea de que no serán muy populares. Algunas, por “revolucionarias” en un país como el Perú, que todavía es fuertemente influenciado por la moral cristiana y por los denominados “valores tradicionales”. Otras, porque implican trasladar grandes responsabilidades y riesgos desde el Estado al individuo, allí donde lamentablemente décadas de “Estado del bienestar” y políticas colectivistas han hecho creer a la gran mayoría de personas que el Estado debe “protegernos” y decidir por nosotros en una gran cantidad de ámbitos. No obstante ello, creemos que el eliminar diversas “protecciones” que ahora se dan por sentadas es la única forma de liberar la competencia, la innovación y todo el potencial de los individuos y de los mercados, que es precisamente lo que se necesita para incrementar nuestra riqueza y calidad de vida en general. Y los riesgos que se corren al hacerlo están plenamente justificados.

Las 10 propuestas que no servirían para ganar una elección serían las siguientes:

  1. Menos Estado, regulación limitada
  2. Menos impuestos, pero que todos paguen
  3. Más y mejor enforcement de las leyes y políticas que sí sirven
  4. Despenalización del consumo y el comercio de las drogas
  5. Desregulación del matrimonio y de la herencia (de paso, permitiendo el matrimonio entre personas del mismo sexo)
  6. Política arancelaria: “la rendición unilateral”
  7. Simplificar (¿o eliminar?) la regulación laboral
  8. Reforma del sistema de salud pública Sistema de salud pública: racionalización de recursos, subsidiariedad y más competencia
  9. Instauración del voto voluntario
  10. Privatización de las empresas públicas

En los próximos post discutiré cada uno de los temas propuestos, en algunos casos con referencia a posts ya publicados en el blog por Luca o Fernando sobre los temas listados. Algunos de los temas mencionados han sido en efecto propuestos por los candidatos que participan en la campaña, caso en el cual comentaremos críticamente sus propuestas.

En algunos casos, debo reconocerlo, no tengo una posición totalmente definida, así que sus comentarios serán, más que bienvenidos, necesarios.

¡Estén atentos! (a menos que sean candidatos. En ese caso, como diría el gran Pablo Villanueva ¡no nos lean!).

ACTUALIZACIÓN AL 03/03/2011: a raíz del comentario de “Mosca de Bar” he precisado el punto 8. Es cierto que tal como lo redacté inicialmente no decía nada. En cualquier caso, en todos los puntos me he permitido dar sólo una ligerísima idea de hacia donde apuntarán los comentarios. Estén atentos a los posts!


IGV tendría que subir a 23% para pagar a los fonavistas

27 agosto, 2010

El día de ayer, el Presidente Alan García señaló que si se determina que el Estado debe devolver a los “fonavistas” los aportes realizados, sería necesario subir los impuestos: “Yo no quisiera anticiparme a nada, pero habría que aumentar los impuestos para pagar. Entonces, le sacan de un bolsillo para ponérselo en otro, es un ‘engañamuchachos’. Se tiene que aumentar el IGV de 19% a 21% o 23%; entonces, paga en cuatro años. ¿Quién termina pagando eso? Usted, cuando compra algo”.

Debo reconocer que en el tema FONAVI tengo sentimientos encontrados. Soy consciente de que la devolución de fondos en efectivo es muy complicada y afectaría el presupuesto del Estado. Pero, por otro lado, ¿no es claro que fue esta gente estafada? El FONAVI (Fondo Nacional de Vivienda) fue una creación del Gobierno Militar. Una retención obligatoria (e inconsulta) de parte de la remuneración del trabajador que supuestamente se destinaría a financiar una vivienda, pero que Fujimori terminó usando de “caja chica” para hacer demagogia.

¿No les parece un abuso que el Estado nos diga “si te tengo que devolver lo que te robé, tu mismo lo financiarás”?


Polémica en Alemania: diputado quiere que los gordos paguen más impuestos

22 julio, 2010

Puede sonar como una propuesta estrambótica pero me hace recordar la discusión que teníamos hace unos meses al interior de DeComunSentido sobre si los fumadores deberían efectuar aportes mayores al sistema de salud porque le generan más costos.

En el caso de las personas con sobrepeso habría seguro que determinar quién debe el sobrepeso a su negligencia y quien a un problema de salud.

Mientras dejan sus comentario, voy por una ensalada.


Los homosexuales deberían pagar menos impuestos

15 abril, 2010

Hace poco fui testigo de un hecho lamentable que grafica las consecuencias de no tener una protección legal del vínculo homosexual (y cuyos protagonistas prefiero mantener en reserva para respetar su intimidad). Me refiero al caso de una pareja homosexual que llevaba más de 30 años junta. Se conocieron en sus treintas y desde entonces llevaron una relación estable y de respeto mutuo… ¡que muchos heterosexuales ya quisieran algún día lograr! Lamentablemente, los prejuicios colectivos fueron más fuertes para sus -conservadoras y muy devotas- familias, quienes decidieron aislarlos como parias desde que hicieran pública su inclinación sexual.

Hace poco uno de ellos enfermó perdiendo la capacidad de discernimiento… tras lo cual se inició un proceso legal de interdicción para asignarle un curador (tutor). Dado que nuestras reglas de convivencia no reconocen ningún derecho a las uniones homosexuales, la persona con quien había compartido la mayor parte de su vida adulta y que lo había venido cuidando en su enfermedad no tuvo derecho a ser su curador. En su lugar se designó a una de las hermanas del enfermo, con quien éste no había tenido relación alguna hacía décadas. El desenlace era previsible. Lo primero que hizo la hermana como curadora fue impedir las visitas de su pareja para no permitir esa situación “inmoral que estaba proscrita por Dios”. Es decir, las reglas de convivencia social generaron algo injusto y cruel… por un prejuicio colectivo absurdo que discrimina la libertad de elección de ciudadanos peruanos iguales que todos los demás (¡y que hasta donde se no pagan menos impuestos!).

La ausencia de protección legal a las uniones homosexuales, hay que decirlo, es inconstitucional. La razón es simple: atenta contra el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad (artículo 2-1 de la Constitución), al no tratar por igual a todas las uniones de ciudadanos peruanos (artículo 2-2 de la Constitución). Así, hoy por hoy las parejas homosexuales no pueden acceder a derechos individuales básicos de los que sí gozan los heterosexuales (ser reconocido legalmente como la persona que puede tomar decisiones médicas y legales respecto a su pareja, tener un régimen de gananciales, capacidad de heredar bienes en caso de muerte, acceso al crédito compartido, obtención de seguros familiares para su pareja…).

En otras palabras, el propio Estado –llamado a garantizar que nada afecte el derecho a elegir- juzga las elecciones individuales y las divide en “buenas” para parejas heterosexuales y “malas” para parejas homosexuales. De esta manera pretende reemplazar al individuo en su derecho a elegir qué le trae mayor bienestar… y con ello muestra su peor faceta Controlista y Totalitaria… su fanatismo, discriminación y violencia.

La discriminación que viven los homosexuales -ante la falta de regulación o protección jurídica- ha sido solucionada en varios países que hoy permiten el matrimonio homosexual: España, Holanda, Sudáfrica, Portugal, ciertos Estados de los Estados Unidos de América y en la ciudad de México D.F. Otros tantos han optado por permitir la Unión Civil: Colombia, Uruguay, el Estado de Rio Grande del Sur en Brasil, ciertas zonas de Argentina como Buenos Aires, Villa Carlos Paz, Rio Cuarto y Río Negro… ¿y el Perú?

En nuestro país, el congresista Carlos Bruce ha presentado el 4 de febrero de 2010 el Proyecto de Ley de Patrimonio Compartido 3814-2009-CR, que propone que dos personas –cualesquiera sea su sexo o vínculo- puedan suscribir un contrato para compartir un patrimonio. Si bien un patrimonio compartido facilitaría acceder conjuntamente a créditos bancarios, sería insuficiente para garantizar derechos fundamentales tan elementales como tomar decisiones médicas y legales respecto a su pareja enferma, tener un régimen de gananciales, heredar bienes en caso de muerte, obtener seguros de salud y vida, etc.

El Movimiento Homosexual de Lima (MHOL) ha trabajado en un proyecto de Ley, que podrán encontrar en su página web, que busca declarar expresamente la prohibición de cualquier forma de discriminación sexual. Dicha declaración ya existe en el artículo 2-2 de la Constitución, por lo que el proyecto no agregaría mucho valor (y ya tenemos suficientes leyes). ¡A las cosas por su nombre! De lo que se trata es de proponer un proyecto que otorgue a la una unión civil entre personas del mismo sexo los mismos derechos que el matrimonio (dejando para más adelante, análisis de impacto en el menor de por medio, la discusión acerca de la adopción).

La base para construir una sociedad que logre vivir en paz es que su propio Estado trate a sus miembros por igual… y garantice que nadie sea discriminado por género, raza, religión o preferencia sexual. Mientras no se apruebe la unión civil homosexual, los homosexuales deberían pagar menos impuestos.


El “Impuesto Robin Hood”: un buen márketing para una pésima idea

1 abril, 2010

La iniciativa del “Impuesto Robin Hood”, surgida en el Reino Unido, aboga por la imposición de un impuesto “pequeñito” (“tiny”) a los Bancos, fondos de inversión y otras instituciones financieras, “con la finalidad de combatir la pobreza y el cambio climático”. La idea es imponer un impuesto con tasas de entre 0.005 % y 0.5% a la transferencia de diversos activos financieros, como acciones y bonos, aunque se menciona que “la meta a largo plazo es gravar todas las transacciones financieras”.

La campaña, que cuenta con el apoyo de algunos políticos, celebridades y diversas organizaciones de caridad y ambientalistas, todas con un marcado tinte “progresista”, cuida de precisar además que “es tiempo de que la gente que causó este desastre pague para arreglarlo”, en referencia al hecho de que “los banqueros” son los culpables de la crisis financiera iniciada en 2007 en el mercado inmobiliario y que hasta la fecha tiene consecuencias en algunos mercados.

Creo que aunque los fines de la campaña son loables y bienintencionados, la campaña no servirá para los fines planteados ―principalmente, reducir la pobreza― y más bien podría desincentivar la realización de operaciones que sin el impuesto tendrían lugar. Ello representa una pérdida de eficiencia que dañaría no sólo a banqueros y grandes inversionistas, sino a la sociedad en su conjunto.

Algunos puntos que hay que aclarar/desmentir acerca de la iniciativa, son los siguientes:

  1. ¿Los banqueros causaron la crisis? Creo que esta afirmación es, por lo menos, incompleta, (sino falsa). Si bien es cierto que algunos banqueros de inversión tomaron decisiones demasiado riesgosas, y que otros cometieron fraudes (caso Madoff), no debe subestimarse el rol del sistema regulatorio en la crisis financiera. En este paper de Lawrence White puede apreciarse como el marco regulatorio y la actuación de la FED y el Departamento de Vivienda de los Estados Unidos de América en el mercado de vivienda creó el contexto perfecto para la “burbuja inmobiliaria”. Recomiendo también sobre el tema este artículo de Peter Schiff.
  2. ¿Se trata de un impuesto “a los banqueros”? No, en realidad es un impuesto a las transacciones financieras, lo cual quiere decir que no lo pagarán los bancos sino los usuarios del sistema, cada vez que realicen transacciones de valores u otras transacciones financieras. Estos impuesto afectarán las operaciones en función a su valor nominal, sin importar su valor real o si en efecto están o no generando riqueza. Muchas operaciones de intercambio de valores, pese a su gran valor nominal, pueden contar con un margen de ganancia bastante marginal (incluso por debajo del 0.5%). En esos casos, un impuesto como el propuesto podría desincentivar la operación o causar pérdidas a los sujetos involucrados. Hay que tomar en cuenta, además, que el impuesto será asumido por las empresas que realicen transacciones, pero éstas, como toda empresa, trasladarán el impuesto a su estructura de costos y finalmente a los consumidores.
  3. ¿Se trata de un impuesto “pequeñito”? Depende, en la medida que el impuesto es calculado en función a un porcentaje del valor nominal de la operación, el impuesto puede llegar a ser elevado en el caso de operaciones de gran envergadura. Es curioso que la propia web de la iniciativa afirme, por un lado, que “la industria Bancaria es la más rentable en el mundo, con ingresos de US$ 788 billones en 2006” y, por el otro que “el Impuesto Robin Hood recaudaría US$ 400 billones”. ¿Me pueden explicar como un impuesto que recaude más del 50% de los ingresos de una industria no la afectaría? ¿Y no se trasladará al consumidor?
  4. ¿Cómo el impuesto combate la pobreza? La iniciativa no explica cómo es que los fondos recaudados servirán para combatir la pobreza, ni justifica por qué se requiere un impuesto más sobre los diversos ya existentes. Más bien, lo que despierta suspicacias es la lista de instituciones detrás de la iniciativa: la gran mayoría recibe fondos estatales (en ocasiones de hasta el 20% de su presupuesto) para realizar sus actividades.
  5. La falaz leyenda de Robin Hood: finalmente, aunque no por eso de menor importancia, creo que es justo aclarar que, contra lo que suele ser una idea generalmente aceptada, el personaje que da su imagen a la iniciativa, Robin Hood, no “robaba a los ricos para dar a los pobres”. Lo que hacía este personaje (que tiene de real y de ficticio) era defender a los ciudadanos de los excesos del Estado, personificado en el abusivo Sheriff de Nothingham. Robin Hood asaltaba las encomiendas del Sheriff para recuperar los excesivos impuestos cobrados, muchas veces por la fuerza, a comerciantes y campesinos, ricos y pobres, para luego devolverlos a los contribuyentes. Tal como refiere Ed West, llamar al impuesto propuesto con el nombre del legendario disidente, “es como ponerle a una ametralladora el nombre de Gandhi”.

Como podrán apreciar, la iniciativa materia de comentario no resiste el menor análisis. Robando “a los a los ricos” para entregar a los pobres sólo lograremos más pobres. Lo que tiene que hacer el Estado es eliminar las trabas para que todos, ricos y pobres, generen mayor riqueza.

Espero que en el Reino Unido sigan el ejemplo de Robin Hood (de la genuina leyenda de Robin Hood) y no se dejen robar por el Estado. No vaya a ser que la iniciativa prospere y alguno de nuestros “originales” legisladores vea conveniente importarla.