Una propuesta de solución para Puno (y otros conflictos sociales): la propiedad privada de los recursos naturales

11 julio, 2011

La actual situación del departamento de Puno, con violentas manifestaciones y huelgas en contra del gobierno y de la actividad minera, enfrentamientos entre poblados vecinos, gran pobreza, enfermedades, abandono y muerte, es ciertamente compleja y sería pretencioso tratar de abordarla en todas sus dimensiones con una sola propuesta. La información que nos llega, por lo demás, no es de la mejor, confundiéndose frecuentemente actores, acciones y causas. Quizás las dos mejores explicaciones del “caso Puno” las han hecho Ricardo Uceda (“Puno: prueba de fuego”) y Paulo Vilca (“A propósito de Puno y la Minería”).

No obstante lo complejo del problema, y más allá de que una acción estatal oportuna pudo evitar que la sangre llegue al río, puede apreciarse que existe en la protesta de Puno (y en otros conflictos sociales similares como el del tristemente célebre “Baguazo”) un elemento central: la explotación de recursos naturales y los perjuicios que ésta causa (o supuestamente causa, en muchos casos) a los habitantes de la región en la que ésta se realiza: contaminación, desplazamientos, afectación de sus actividades… en “sus” tierras.

En ese sentido, creo que existe un cambio que podría dar solución a muchos de los problemas que actualmente agobian el referido departamento y otras localidades en el Perú: derechos de propiedad claramente definidos y adecuadamente protegidos. Tal como explica Paulo Vilca:

“La promoción de industrias extractivas, con el consiguiente otorgamiento de concesiones mineras y petroleras a lo largo y ancho del país, es entendido por los grupos empresariales y los defensores del establishment económico, como un indicador de las buenas perspectivas de crecimiento macro económico peruano y la posibilidad de captar miles de millones de dólares en inversión privada. Sin embargo, para los miles de peruanos y peruanas que habitan en las zonas rurales y que solamente cuentan con un pedazo de tierra como único medio para obtener lo necesario para su autoconsumo y contar con algún ingreso que les permita solventar sus necesidades mínimas, la noticia de que su tierra ha sido concesionada es recibida como una pérdida irremediable de sus derechos sobre ésta.

Aunque mucha tinta gastemos los abogados para explicar que la concesión no “afecta” la propiedad de la tierra ya que se trata de derechos distintos, lo cierto es que el derecho a la propiedad de los campesinos y campesinas del país no vale lo mismo que una concesión minera para quienes promueven la inversión. Muestra de ello es que la propiedad rural no se encuentra debidamente garantizada por el Estado peruano que no cumple con sanear las tierras comunales, y tampoco resuelve los obstáculos y barreras burocráticas que impiden a los pequeños propietarios obtener la ansiada formalización(las negritas son nuestras).

El establecer derechos de propiedad claramente definidos implica tanto el otorgar los títulos de propiedad a las comunidades campesinas o, en general, a todo ciudadano que sea propietario de tierras en las zonas en las que se explota recursos naturales, como el definir la regla más eficiente en relación a la titularidad de la tierra y los recursos naturales. Y la regla más eficiente, en mi opinión, es aquella que consagra la propiedad privada de los recursos naturales y  la “propiedad unitaria” de suelo y subsuelo. Bueno, sí, adivinaron: esa no es la que consagra nuestra Constitución.

En el Perú, como una reminiscencia del derecho colonial, la propiedad del suelo y subsuelo están separadas. El propietario de la superficie (el suelo) no es propietario del subsuelo ni de lo que en él se encuentra: minerales, petróleo, gas. En efecto, la Constitución establece en su Artículo 66 que “(l)os recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento”.

Pero este esquema resulta (como nuestra realidad nos demuestra frecuentemente) sumamente ineficiente: origina conflictos debido a la generación de externalidades y altos costos de transacción (en particular de “holdouts”, es decir, comportamiento estratégico de una de las partes, negándose a negociar). Dado que la explotación de un recurso natural ubicado en el subsuelo necesariamente afecta la propiedad del suelo, ya sea por hundimiento de este último o porque se requieren servidumbres de paso. Por eso, lo más eficiente sería consolidar la propiedad del suelo y sub-suelo (incluyendo los recursos naturales). Tal como ha señalado Epstein:

“La regla según la cual el sub-suelo pertenece al propietario de la superficie facilita las transacciones voluntarias que permiten la extracción de minerales y la creación de las servidumbres necesarias para que la minería pueda llevarse a cabo, incluso sí, como sucede a menudo, el propietario de la superficie no es la parte más capacitada para explotar los minerales debajo del suelo”[1].

Una regla que consolide la propiedad de suelo y subsuelo elimina los problemas de externalidades y costos de transacción en gran medida. Si las comunidades campesinas y, en general, todo ciudadano que posea tierras en las zonas en las que se explota recursos naturales fuera “propietario” (con todas las de la Ley) de suelo y subsuelo se “matan varios pájaros de un tiro”:

  1. Problemas económicos: privados que quieran explotar los recursos deben negociar y pagarles a ellos (ya no al Estado) para explotar sus tierras. Ellos obtendrían así un beneficio directo (que debería ser además significativo) de la explotación de los recursos naturales.
  2. Problemas sociales: Nos olvidamos de “consultas” y “conflictos sociales”. Eliminamos al Estado como intermediario y las empresas que quieran explotar recursos naturales deben “pedir permiso” a los directamente afectados, ya que son los propietarios de la tierra. Si las comunidades y otros propietarios no quieren explotación, no se realiza (aunque dado lo considerado en el punto i) anterior, dudo que ello pase).
  3. Contaminación: Con la regla propuesta, en principio, contaminado y contaminante serían la misma persona. Pero quien sea propietario de subsuelo y suelo tendrá incentivos para su conservación a largo plazo. En todo caso, incluso si el deseo por mayores ganancias de corto plazo llevase al propietario (ahora sí, empresario) y al explotador a explotar la tierra sin considerar los efectos ambientales, siempre el Estado deberá asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental en aras de proteger a todos los peruanos y no sólo a los dos actores mencionados.

Por cierto, al minimizarse los conflictos económicos y sociales derivados de la explotación de recursos naturales, el Estado podría dedicar más recursos a las labores de fiscalización y control ambiental. Por otro lado, los recursos que la dichas actividades significan para el Estado no deberían disminuir significativamente. Si bien se eliminarían las regalías, el Estado todavía cobraría significativos impuestos.

¿Y quién sería el titular inicial del derecho sobre y subsuelo? Pues quien sea dueño del suelo, ya sea por derechos de propiedad transferidos o por “adquisición originaria” a través de la posesión. Es decir, “el que llega primero” (esta es otra regla que favorece la eficiencia, pero podría ser materia de otro post).

La aplicación de la regla propuesta ciertamente no es sencilla. Para empezar, requiere un cambio constitucional. En segundo lugar, requiere de la realización de intensivos programas de formalización para otorgar títulos de propiedad seguros y bien definidos (lo cual implica en muchos casos limitar las tierras de las comunidades, que muchas veces consideran como “sus tierras” algunas que no necesariamente poseen ni explotan). En tercer lugar, su implementación implica desmontar todo un régimen legal de concesiones basado en la regla de la titularidad estatal de los recursos naturales, lo cual implica afectar derechos adquiridos.

Es complicado, sí. Pero sería bueno que por lo menos se discuta la idea. El modelo actual, como podemos apreciar, es una receta perfecta para el conflicto.


[1] EPSTEIN, Richard. Holdouts, Externalities, and the Single Owner: One More Salute to Ronald Coase. En: Journal of Law and Economics, Vol. 36, No. 1, Part 2. John M. Olin Centennial Conference in Law and Economics at the University of Chicago (Apr., 1993). p.563 (Traducción libre del texto original).

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Ejecutivo observó moratoria a transgénicos

7 julio, 2011

Tal como reportó LaMula.pe (el texto de la observación está disponible en el link) desde ayer mismo y hoy reportan varios diarios, el Poder Ejecutivo observó un Proyecto de Ley aprobado en el Congreso de la República, en virtud del cual se establecía una moratoria (prohibición temporal) de diez años para el ingreso de semillas de Organismos Genéticamente Modificados (“OGM’s”, también conocidos como “transgénicos”.

Pese a que en este blog hemos criticado más de una vez al presidente Alan García, creemos que observar la ley antes mencionada es una medida acertada. La moratoria, como ya hemos sostenido en anteriores posts acá en el blog y en un artículo para el Centro de Investigación Respeto por Respeto, no tenía ninguna justificación, ni legal ni económica y, por en contrario, era abiertamente violatoria de acuerdos con la OMC e incluso puede argumentarse que hubiera resultado inconstitucional al afectar de manera irrazonable las libertades de empresa y contratación.

El principal argumento sigue siendo el de la protección de la biodiversidad. No obstante, incluso cuando se considere que dichos riesgos existen y son materiales, existen diversos mecanismos para mitigarlos (contemplados en los reglamentos correspondientes), no justificándose una prohibición absoluta.


“¡Mi riñón por un iPad!”: sobre la ilegalidad de la venta de órganos

13 junio, 2011

Hace algunos días la prensa destacó la noticia de un joven chino que vendió uno de sus riñones a US$ 3,000, con la finalidad de comprarse un iPad y una laptop. El caso ha causado indignación, entre otras razones, porque el joven era menor de edad. Resulta además, que el hospital Chenzhou, donde fue operado, no estaba calificado para realizar trasplantes de órganos. Según se menciona en la nota, en China la venta de órganos es una práctica común, pese a que el gobierno la combate (es decir, es ilegal).

La noticia me dio la idea de hacer un post sobre la venta de órganos y su ilegalidad. En la gran mayoría de países existen normas que prohíben vender y comprar con órganos y tejidos humanos (en adelante me referiré sólo a órganos, para simplificar), pero sí permiten las donaciones. Asimismo, es lugar común afirmar que es “inmoral” lucrar con este tipo de bienes, razón por la cual pocos discuten la regla legal antes descrita. Lo ideal, se afirma, es que las transferencias de órganos y tejidos humanos sólo estén inspiradas en “fines altruistas”.

Lo cierto, sin embargo es que la oferta de órganos es mucho menor a la demanda, y por lo tanto miles de personas enfermas sufren para encontrar un órgano que les permita seguir con vida:

Una forma de mejorar esta situación, creo, sería el permitir la venta supervisada de órganos, permitiendo su venta ya sea de parte de personas que podrían vender en vida los órganos que pueden ser extirpados sin causar la muerte, o de personas que pueden autorizar a sus familiares a venderlos una vez que fallezcan. El Estado, en ese caso, no sólo permitiría la venta, sino que otorgaría enforcement a los acuerdos relativos a éstas transferencias. Ciertamente, no podemos asegurar que permitir la venta de órganos permitirá cubrir toda la demanda existente. Pero, como en todo mercado, el incrementar el precio que puede pagarse por un órgano —legalmente, preciso, porque es sabido que se pagan precios altos en mercados negros— incrementará la oferta, pues incentivará el ingreso al mercado de nuevos ofertantes.

En el presente post analizo los costos y beneficios de dicha posibilidad, no sin antes analizar brevemente la regla legal vigente en el Perú.

China, iPad 2

 

¿Cuál es la regla en el Perú?

El artículo 5 del Código Civil señala que “el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad, al honor y demás inherentes a la persona humana son irrenunciables y no pueden ser objeto de cesión. Su ejercicio no puede sufrir limitación voluntaria, salvo lo dispuesto en el artículo 6”.

Luego, el artículo 6 del mismo código, establece que:

“Los actos de disposición del propio cuerpo están prohibidos cuando ocasionen una disminución permanente de la integridad física o cuando de alguna manera sean contrarios al orden público o a las buenas costumbres. Empero, son válidos si su exigencia corresponde a un estado de necesidad, de orden médico o quirúrgico o si están inspirados por motivos humanitarios.

Los actos de disposición o de utilización de órganos y tejidos de seres humanos son regulados por la ley de la materia”.

El artículo 6 antes citado nos remite a la Ley No. 28189, Ley General de donación y transplante de órganos y/o tejidos humanos, según la cual las transferencias de órganos sólo pueden ser gratuitas:

“Artículo 7.- Gratuidad de la donación

7.1 Todo acto de disposición de órganos y/o tejidos, es gratuito. Se prohíbe cualquier tipo de publicidad referida a la necesidad o disponibilidad de un órgano o tejido, ofreciendo o buscando algún tipo de beneficio o compensación.

7.2 Los mecanismos de financiamiento para los procedimientos de extracción de órganos y/o tejidos serán establecidos en el reglamento de la presente Ley. En ningún caso, los costos serán exigidos al donante vivo ni a la familia del donante cadavérico”.

De la normativa expuesta se puede concluir que, efectivamente, la persona humana tiene capacidad para disponer de sus órganos y tejidos pero con dos limitaciones: por un lado, no puede hacerlo al punto de afectar su integridad y, por el otro, no puede lucrar con dichas disposiciones. Cabe precisar que la Ley No. 28189 establece sanciones administrativas y penales para los “profesionales sanitarios” que incumplan sus disposiciones, mas no así para las personas que vendan y compren órganos. En realidad, lo que hace la norma es consagrar como ilícito cualquier acuerdo relativo a la transferencia a título oneroso de órganos, con lo cual si alguna de las partes incumple el trato, no tendrá el apoyo del Estado para hacerlo cumplir o recibir una indemnización. Obviamente, en esas condiciones, muy pocos estarán dispuestos a celebrar este tipo de contratos.

¿Es esto lo más beneficioso de cara a solucionar el problema de la escasez de órganos planteado líneas arriba?

Los costos y beneficios de legalizar la compra y venta de órganos y tejidos humanos

Desde mi punto de visto creo que un análisis costo-beneficio nos indica claramente lo positivo que resultaría el legalizar compra y venta de órganos. En primer lugar, incrementaría la oferta de órganos disponibles. Tal como señala Cohen definitivamente el dinero es un buen incentivo. Así, con el establecimiento de la compra y venta de órganos personas que en principio son reacias a la cesión de órganos probablemente no dudarían en cederlos al recibir una importante suma a cambio.

Por otro lado, no podemos ignorar el hecho de que hay en la actualidad un mercado negro de órganos, órganos que la mayoría de las veces se obtienen de manera ilícita (léase: secuestros, asesinatos, etc.). Incluso en el caso de transacciones voluntarias en el mercado negro, las intervenciones no tienen ningún control de salubridad, médico, ni legal. La legalización permitiría que estas transacciones se realicen abiertamente y con una adecuada supervisión.

Asimismo, un argumento que no puede ser ignorado a favor del libre mercado de órganos, es que este beneficiaría económicamente a la sociedad al proveer ingresos adicionales —nada despreciables por cierto— a los vendedores de órganos.

Finalmente, otra ventaja de la legalización de la venta de órganos que puede predecirse, es el hecho de que, al permitirse la libre venta de dichos “bienes”, éstos podrían ofertarse libremente (incluso publicitarse), lo cual reduciría enormemente los costos de información de los “consumidores”. Piénsese en todo el proceso de búsqueda que actualmente tiene que realizar actualmente una persona en búsqueda de un órgano. En el supuesto de que recurra a un banco (lo que es totalmente lícito) tendrá que esperar hasta que haya órganos disponibles, luego esperar que entre ésos haya uno compatible a su organismo. En el caso en que esta persona acuda al mercado negro, tendrá que buscar a quienes oferten en este mercado, algo que definitivamente no se encuentra a la vuelta de la esquina; esto sin considerar los precios altamente elevados que (debido a los riesgos de la actividad) suelen encontrarse en este mercado.

En lo que se refiere a los costos, se esgrime principalmente el “costo moral” de permitir la enajenación de órganos.  Este es ciertamente un costo difícil de cuantificar, aunque no por ello debe ignorarse. No obstante, consideramos que resulta más inmoral que “poner un precio a la vida” el dejar de morir a miles de personas anualmente cuando la ciencia médica permitiría salvarlas sin afectar gravemente la vida de posibles donantes vivos. ¿Por qué es inmoral que un donante cobre una suma de dinero y no que lo haga el doctor que realiza la cirugía?

Se hace referencia, asimismo al riesgo de que, una vez instaurado un libre mercado de órganos, incrementen los actos delictivos destinados a obtener órganos (asesinatos o secuestros). Yo creo que esta preocupación es infundada: al legalizarse la venta de órganos es muy probable que hombres de negocios y no delincuentes se dediquen a dicha actividad. Estos hombres de negocios preferirán asumir los costos legales de la actividad (pagar el precio a los vendedores, aceptar la supervisión estatal) que los ilegales (riesgo de sanciones penales y contra su propia integridad).

Se menciona, finalmente, un argumento según el cual las personas pobres serán las más perjudicadas con la legalización con la venta de órganos: ellas nunca podrán comprar un órgano para salvar su vida y la de sus familiares y verán afectada su salud al vender los suyos.  Este argumento no deja de ser cierto. Como en todo mercado, las personas de menores ingresos tendrán menor poder de negociación y se verán “forzadas” a vender, y no podrán siempre comprar. No obstante, al analizar los costos y beneficios de la propuesta, no se debe comparar la situación a la que se llegaría con un escenario ideal (aquél en el que los pobres puede comprar lo que desean y vender sólo lo que quieren), sino con un escenario real. Ese escenario real nos indica que una persona pobre de hecho podría mejorar su condición actual vendiendo un órgano y utilizando el dinero obtenido para satisfacer necesidades que ciertamente resultan vitales.

¿Cómo se implementaría la compra-venta de órganos para evitar algunos de sus riesgos?

En la introducción del post hacemos referencia a la venta supervisada de órganos, por lo que nuestra propuesta de legalización no debería entenderse como una total liberalización. Creemos que, en cualquier caso, y a diferencia del caso del joven chino que nos inspiró a escribir el presente texto, no debería permitirse que menores de edad comercien con sus órganos. Asimismo, se podría implementar un registro de este tipo de transferencias (para asegurar que existan los debidos consentimientos y no se ha perjudicado gravemente la salud de los donantes) y establecer una regulación básica de estándares sanitarios.

En resumen, creo que si se comparan los costos y beneficios antes expuestos, así como las medidas que podrían tomarse para minimizar riesgos, resulta claro que lo ideal sería legalizar la transferencia onerosa de órganos. El trasplante de órganos es un recurso relativamente escaso para cientos de miles de personas que, pese a tener un legítimo interés en comprar órganos para sobrevivir, han sido privadas de esta posibilidad. Por lo tanto, impedir que con el comercio de órganos se incrementen las posibilidades de sobrevivencia de dichas personas no sólo resulta económicamente ineficiente, sino incluso humanamente injusto.

ACTUALIZACIÓN AL 15/06/2011: Leyendo un post de Freakonomics del día de hoy acerca de cómo incentivar las donaciones de órganos, llego a otro más antiguo y me entero que sí hay un país que de alguna manera ha legalizado la venta de órganos: Irán. Según el sistema aplicado en Irán (un país que no se caracteriza precisamente por la liberalización de sus mercados), los vendedores de órganos son compensados a través de dos mecanismos: i) el gobierno Iraní les paga una compensación de aproximadamente US$ 1,200 más un seguro de salud de un año que cubre condiciones derivadas de la cirugía de extracción del órgano; y, ii) el vendedor recibe un pago del recipiente del órgano o de una serie de organizaciones de caridad previamente designadas, de entre US$ 2,300 y US$ 4,500. El modelo Iraní no contempla un libre mercado de órganos, como puede apreciarse, pero sin duda debería aumentar los incentivos para transferirlos.


Transgénicos: una prohibición no se justifica

12 mayo, 2011

En estos mismos momentos se discute en el Congreso de la República la posibilidad de imponer una “moratoria” (prohibición temporal) de 15 años al cultivo de transgénicos en el Perú. Asimismo, hace aproxidamente un mes se aprobó el reglamento que haría viable su utilización en el país. A raíz de esto, hace algunos meses ya que se viene discutiendo el tema, y existe un grupo significativo de personas que se oponen enardecidamente a este tipo de cultivos.

Las razones que esgriman, sin embargo, no son del todo valederas. Explico mi posición sobre el tema en este artículo que ha tenido la gentileza de publicar el blog “El Cristal Roto” de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico:

http://blogcristalroto.wordpress.com/2011/05/12/histeria-transgenica/


Anti-propuesta No. 2: menos impuestos, y que todos paguen

4 mayo, 2011

Sí, sé que he dejado un poco abandona la “anti-campaña”, pero ¿felizmente? tendremos un mes y medio de “fiesta electoral” gracias a la segunda vuelta, así que creo que tendré tiempo para hacer mis diez “anti-propuestas”.

La segunda de mis anti-propuestas consiste en racionalizar el sistema tributario, y está íntimamente relacionada con la primera, relativa a la reducción del aparato estatal y su ámbito de actuación. Racionalizar el sistema tributario ciertamente es una propuesta compleja, aunque podríamos resumirla en la frase: “menos impuestos, pero que todos paguen”.

La gran mayoría de propuestas actualmente en discusión en la campaña electoral peruana contemplan el incremento del gasto público y el “gasto social” y, en relación a ello, consideran necesario el aumento de la “presión tributaria” (a excepción del plan de Alianza por el Gran Cambio, que si bien tiene varias propuestas que implican la realización de gasto público propone bajar los impuestos y simplificar el sistema tributario, con la finalidad de combatir la informalidad).

No obstante, me parece que es innecesario (aunque vendedor, por cierto) hablar de cobrar más impuestos cuando actualmente el Estado no tiene capacidad de realizar un gasto público eficiente. Es decir, no gastamos todo lo que tenemos, y lo que gastamos, lo gastamos mal. Así, por ejemplo, en el año 2010 el Estado peruano solamente pudo ejecutar el 72.2% del presupuesto en los tres niveles de Gobierno (aunque se mejora respecto al año 2009, en el que solamente se ejecutó el 62.1%). Asimismo, no todo lo que se gasta se gasta bien. Según el informe “Eficiencia del Gasto Público en el Perú” el gasto social realizado no determina una real mejora para sus supuestos beneficiarios. Se cita el caso emblemático de los programas de alimentación estatales (Vaso de Leche, Desayunos Escolares, PACFO, PANFAR, PANTBC, y los Comedores Populares), en los que se gastó más de US$ 2 mil millones entre 1997 y 2005 , pese a lo cual la tasa de desnutrición crónica infantil se mantuvo estancada.

Una primera reforma, en ese sentido sería, incrementar la eficiencia del gasto público antes de pensar en recaudar más. ¿Cómo? Eso es algo complicado de explicar en un post, pero se me ocurren algunas ideas:

  1. Mejorar la capacidad de los funcionarios y empleados públicos (capacitaciones, mejores salarios para captar y/o retener a lo mejor del mercado, etc.), así como el esquema de incentivos bajo el que trabajan (p.e., bonos por resultados y también sanciones por bajo rendimiento, incluyendo el despido).
  2. Dado que el sector privado normalmente es más eficiente para el gasto que el sector público, fomentar la inversión privada en la provisión de algunos bienes públicos (por ejemplo, Asociaciones Público Privadas o el interesante mecanismo de “Obras por Impuestos”).
  3. Enfocar adecuadamente el gasto social en programas que realmente beneficien a los más pobres, preferentemente a través de entregas de dinero en efectivo o vouchers condicionados a la inversión en educación o salud.
  4. Simplificar los procedimientos administrativos para que el gasto social no se pierda en burocracias o consultorías, sino que se maximice el gasto efectivo en los beneficiarios.

La recaudación tributaria, en línea con lo anterior, no puede ser vista como un objetivo en sí, de modo tal que el Estado siempre esté buscando aumentar la recaudación. La recaudación, los impuestos, deben ser vistos como un mecanismo para financiar los servicios básicos que debe proporcionar un gobierno: seguridad, justicia (enforcement de los contratos), protección a la propiedad privada. Sólo si necesitamos más fondos para cumplir dichos fines, y se está gastando bien lo que se recauda, deberíamos hablar acerca de “recaudar más”.

Ahora bien, recordemos que nuestra primera anti-propuesta consiste en la reducción del aparato estatal y su ámbito de actuación, lo que implica una revisión de las actividades que el Estado realiza y, al menos de acuerdo a nuestra perspectiva, una significativa reducción del gasto público.

Una segunda propuesta, en ese sentido, iría en sentido contrario: hay que reducir sustancialmente los impuestos y/o sus tasas y simplificar el sistema tributario. Eso permitirá que más individuos y empresas que actualmente no pagan impuestos actúen dentro de la formalidad (con todos los beneficios que ello acarrea) pero además paguen impuestos.

¿Alguien piensa que las empresas informales no pagan impuestos no lo hacen sólo porque “no les da la gana”? Sin descartar algunos “vivos” que realmente no quieren pagar impuestos, lo cierto es que la gran complejidad del sistema tributario y el monto de los impuestos a pagar determinan que sea muy difícil para una gran cantidad de empresas el pagar impuestos. Muchas empresas pequeñas y medianas se ven agobiadas por la cantidad de impuestos a pagar (cuando los márgenes son bajos, el pago de impuestos puede afectar una parte sustancial de su margen de ganancia) y los costos monetarios y en términos de tiempo y esfuerzo que determina calcular y declarar impuestos. Pero no sólo eso. El Estado no sólo nos cobra impuestos y nos hace difícil pagarlos, sino que entrega poco o nada en devolución. Hechas sumas y restas, quedan pocos incentivos para pagar impuestos.

Veamos, sólo para mencionar los más importantes, personas y empresas deben pagar en el Perú los siguientes impuestos del gobierno central: Impuesto a la Renta, Impuesto a la General a las Ventas, Impuestos Selectivos al Consumo (aplicable, por ejemplo, a la gasolina, al alcohol, a los cigarros) e Impuesto a las Transacciones Financieras. Además, a nivel local se paga Alcabala, Impuesto Predial, Impuesto Vehicular e Impuesto a los Juegos. Todos ellos con distintas tasas (que además varían según los valores y sujetos involucrados), exoneraciones y formas de cálculo.  Demasiados (y muy complicados de pagar) impuestos para recibir tan poco del Estado.

Nuestra segunda propuesta, entonces, se traduciría en eliminar todos los impuestos cobrados por el Gobierno Central, a excepción del Impuesto a la Renta, que pasaría a ser “plano” (es decir, la tasa sería fija independientemente del monto de los ingresos del sujeto gravado. Esto a diferencia de los impuestos “progresivos”, como es el caso de nuestro actual impuesto a la Renta, que  tiene tasas diferenciadas, que van aumentando según niveles de ingreso). Eliminaría, también, todas las exoneraciones, deducciones, y regímenes diferenciados que también complican los procedimientos y generan distorsiones competitivas. Quizás, podrían mantenerse algunos impuestos selectivos al consumo, siempre y cuando no representen distorsiones a la competencia y sirvan efectivamente para reducir externalidades y no simplemente como un mecanismo para engrosar las arcas fiscales.

Un impuesto a la renta “plano” tiene muchas ventajas:

1)             Su simplicidad y bajo costo. El impuesto se calcularía simplemente en función a los ingresos anuales brutos, sin complicarse con deducciones (hay que demostrar el gasto), exoneraciones o regímenes diferenciados. La simplicidad también evita dudas legales y, por ende la necesidad de contratar contadores y abogados para revisar las declaraciones. La simplicidad, finalmente, facilita la fiscalización por parte del Estado, reduciendo sus costos.

2)             Provee incentivos para un mayor crecimiento económico y empleo. Dado que la menor cantidad de impuestos cobrados (a quienes bajo el actual sistema llevan toda la presión tributaria) libera recursos para ser utilizados en transacciones eficientes, en transacciones que crean riqueza en vez de distribuirla.  Asimismo, se reducen las distorsiones competitivas generadas por un sistema que grava más a los más eficientes o grava de distinta manera a individuos o empresas que compiten en un mismo mercado.

3)             Ingresos fiscales más estables. Un impuesto a la renta plano es que es menos inestable que otros impuestos, lo cual permite un mejor manejo del presupuesto estatal a mediano y largo plazo.  Cuando los impuestos son progresivos, por el contrario, los ingresos discales suelen aumentar mucho en “buenos tiempos” y suelen bajar significativamente en tiempos de crisis. Hay que recordar además que un impuesto a la renta es mejor que los impuestos al consumo para redistribuir la riqueza (mediante la provisión de bienes públicos), ya que las personas de mayores ingresos pagan más y reciben lo mismo (o incluso menos) del Estado.

¿Cuál debería ser el monto de la tasa? No me “mando” a soltar un número, pero intuyo que podría reducirse significativamente respecto de las tasas actuales, debido no sólo a que tanto bajar el monto de los impuestos como la simplificación del procedimiento (al facilitarse el cálculo) incentivaría a que más personas paguen impuestos. ¿Quizás 10%? (ojo que aplica sobre ingreso brutos, no netos).

Pueden encontrar un gran sustento del impuesto plano a la renta en este paper de Robert Murphy: http://bit.ly/kVK3yQ

En lo que se refiere a impuestos locales, deberían seguir cobrándose el Impuesto Predial, además de los arbitrios, a fin de financiar los servicios prestados por las municipalidades. La alcabala a mi juicio no debería cobrarse pues puede gravar transacciones que no generan riqueza (por ende, empobreciendo al contribuyente) y además contribuye a la informalidad de las transferencias inmobiliarias. En el caso del Impuesto Vehicular, creo que no tiene sentido “sancionar” a quienes compran vehículos nuevos, cuando se supone que es política de Estado renovar el parque automotor.

Esta reducción de impuestos y simplificación de procedimientos, obviamente, debería venir acompañada de más y mejor fiscalización. Al facilitarse tanto las cosas a los contribuyentes no deberían tener excusa para dejar de pagar.

Actualización al 06/05/2011: Hice una corrección al artículo, gracias al comentario de Luis Valle que comparto más abajo, para precisar que no sugiero eliminar todos los impuestos locales. 


Paradojas de la regulación: no al tabaco… ¿y los otros riesgos?

7 abril, 2011

Esta caricatura representa genialmente la incoherencia del Estado respecto del tratamiento del tabaco frente a otras sustancias/conductas riesgosas:

No estamos proponiendo, por cierto, que las nefastas etiquetas de advertencia se trasladen a otras industrias, sino todo lo contrario. Deben eliminarse porque no funcionan, elevan el costo de producción de los cigarrillos y son muy, muy desagradables.

Fuente: http://d3uwin5q170wpc.cloudfront.net/photo/100950_460s.jpg


Re: Lescano al congreso

25 marzo, 2011

Vie, Mar 25, 2011  7:55 PM
 

To: ylescano@lescanoalcongreso.com

From: mzunigap@gmail.com

Estimado señor Lescano,

Le escribo en respuesta al correo no solicitado que me envió el día miércoles 23 de marzo. En dicho correo, usted se autodenomina el “congresista de los consumidores”, pese a lo cual no duda en utilizar mi información personal (dirección de correo electrónico) para hacer campaña, sin mi autorización. El correo no solicitado al que me refiero no incluía mecanismo alguno para solicitar mi remoción de sus listas de envío, por lo que tranquilamente podría considerársele como SPAM, de acuerdo, a la Ley Anti-Spam vigente en el Perú.  Sé que no es así, sin embargo, porque Usted y sus colegas congresistas se aseguraron, en lo que constituye una diferencia injustificada, de que la referida Ley sólo aplique a la propaganda comercial y no a la propaganda política. En cualquier caso, le ruego por favor abstenerse de enviarme en el futuro cualquier tipo de propaganda.

Sin perjuicio de lo anterior, aprovecho la ocasión para hacer algunos comentarios respecto de las reivindicaciones y propuestas contenidas en su correo que podrían considerarse “engañosas” y por ende lesivas a los consumidores-votantes:

– Presenta usted como logro un código de consumo que no hará la diferencia y que incluso perjudicará a los consumidores antes que beneficiarlos.

– Habla de “precios justos”, cuando ya la experiencia nos ha enseñado que los precios no se pueden controlar y que el tratar de hacerlo causa más daños que beneficios.

– Promete eliminar la “renta básica” cuando sabe que no puede hacerlo. Pero incluso si pudiera, con dicha promesa demuestra que no conoce como puede funcionar una empresa ni los costos fijos y variables en los que debe incurrirse para prestar un servicio.

Habla de las comisiones excesivas de las AFP, pero está de acuerdo con que los trabajadores nos veamos forzados a entregarles parte de nuestro sueldo para que ellos “hagan plata con nuestra plata”, como si nosotros no supiéramos qué hacer con nuestro dinero.

-No quiere que se privatice el agua, cuando la empresa estatal que ahora la administra ha fallado clamorosamente en su obligación de hacerla llegar a los más necesitados.

Por éstas y otras de sus propuestas, le ruego no sólo que deje de enviarme correo SPAM, sino también, encarecidamente, que deje de “defenderme” en el Congreso. Gracias.

Saludos cordiales,

Mario

ACTUALIZACIÓN AL 29/03/2011: He eliminado la referencia a las comisiones de las AFP (tachada líneas arriba) ya que el congresista Lescano de hecho ha defendido la libre desafiliación de las AFP (bajo responsabilidad del empleado), lo cual me parece una medida positiva (a medio camino, el ideal para mí sería eliminar el ahorro forzado, pero algo es algo). A pedido de uno de nuestros lectores, debo precisar además que el congresista Lescano no ha sido el único enviando correo SPAM (yo he recibido mails similares de al menos cuatro otros candidatos), aunque yo escogí este correo por la especial inconsistencia que demuestra un congresista que se considera defensor de los consumidores. Además de los correos SPAM, resulta sobremanera criticable el hecho de que el equipo de campaña de Alianza por el Gran Cambio haya efectuado llamadas no solicitadas a teléfonos fijos.