Ejecutivo observó moratoria a transgénicos

7 julio, 2011

Tal como reportó LaMula.pe (el texto de la observación está disponible en el link) desde ayer mismo y hoy reportan varios diarios, el Poder Ejecutivo observó un Proyecto de Ley aprobado en el Congreso de la República, en virtud del cual se establecía una moratoria (prohibición temporal) de diez años para el ingreso de semillas de Organismos Genéticamente Modificados (“OGM’s”, también conocidos como “transgénicos”.

Pese a que en este blog hemos criticado más de una vez al presidente Alan García, creemos que observar la ley antes mencionada es una medida acertada. La moratoria, como ya hemos sostenido en anteriores posts acá en el blog y en un artículo para el Centro de Investigación Respeto por Respeto, no tenía ninguna justificación, ni legal ni económica y, por en contrario, era abiertamente violatoria de acuerdos con la OMC e incluso puede argumentarse que hubiera resultado inconstitucional al afectar de manera irrazonable las libertades de empresa y contratación.

El principal argumento sigue siendo el de la protección de la biodiversidad. No obstante, incluso cuando se considere que dichos riesgos existen y son materiales, existen diversos mecanismos para mitigarlos (contemplados en los reglamentos correspondientes), no justificándose una prohibición absoluta.

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Las prioridades del Estado: ¡El norte está al otro lado!

21 enero, 2011

El Estado tiene dos formas de intervenir en el mercado: antes de que ocurran las transacciones (creando límites u obligaciones) o después de éstas (haciendo cumplir las normas y administrando justicia). Lo esencial para el desarrollo de los mercados es su intervención “después de”… pero en Perú las prioridades están invertidas: recibimos un deficiente servicio de administración de justicia y cumplimiento de normas (Perú está puesto 110 de 184 países, Doing Business 2011), mientras los políticos se ocupan en crear nuevos límites u obligaciones a las libertades individuales.

Tomemos dos casos, el Libro de Reclamaciones de Alan García y el Plan Zanahoria de Susana Villarán, y apliquémosles tres preguntas sencillas que usan el Tribunal Constitucional (TC) (Exp. 048-2004-PI/TC) y el INDECOPI (Res. 182-97-TDC), para determinar la razonabilidad o arbitrariedad de los límites u obligaciones impuestos por el Estado a las libertades individuales.

Libro de Reclamaciones Plan Zanahoria
1. ¿Se busca solucionar un problema público  a través de una medida coherente? Obligación que recae en el proveedor para  registrar quejas y responderlas en menos de 30 días. El consumidor puede en paralelo presentar su denuncia al INDECOPI. Los malos tratos a los consumidores son un problema público. Pero no hay razón para pensar que el Libro de Reclamaciones pueda mejorar el servicio de aquellos proveedores que no se preocupan por fidelizar a sus clientes (los demás ya tienen un sistema de atención al consumidor). La herramienta de cambio más eficaz la tienen los consumidores: comprarle a la competencia. Límite a la venta de alcohol y funcionamiento de bares y discotecas después de las 3am, en busca de reducir la violencia callejera, los accidentes de tránsito y el consumo.Estos pueden considerarse problemas públicos. Pero no hay razón para creer que  mejorarán con estas limitaciones: los consumidores pueden fácilmente adquirir alcohol antes de las 3am; la prohibición a consumirlo en bares y discotecas sólo llevará el consumo a las casas; y las causas de la delincuencia van mucho más allá del alcohol.
2. ¿Los beneficios de limitar las libertades individuales son mayores que sus costos? No hay beneficios aparentes: el proveedor puede cumplir la obligación con tan solo responder “No estamos de acuerdo con su queja”, y el consumidor ya tiene mecanismos para dejar sentada sus quejas (en los establecimientos que se preocupan por su atención). Los beneficios son remotos: sólo dificultarían por algunas horas el acceso al producto por quienes delinquen como consecuencia del alcohol o manejan alcoholizados.Los costos son restringir la libertad individual de los consumidores, aumentar el consumo en casas (donde están los menores), disminuir las ventas de los locales que satisfacen esa demanda (o peor aún, promover las coimas).
3. ¿Hay una opción menos limitativa de la libertad individual para solucionar el mismo problema? No Aplica Sí, pueden establecerse zonas especiales para el funcionamiento de bares y discotecas. Lo cual permitiría  focalizar la fiscalización.

Si los políticos tan sólo hicieran este sencillo análisis… descartarían muchas medidas que -como éstas- generan costos arbitrarios a los proveedores (después trasladados a todos los consumidores).

En el Perú sólo 4 de cada 10 emprendedores son formales (Loayza, Banco Mundial). En los 6 restantes los consumidores compran “bajo su propio riesgo”. ¡Es clave para el desarrollo de nuestros mercados ampliar la base de emprendedores formales! Y, para ello, necesitamos mucho menos Estado “antes de” y mucho más “después de”. Allí donde Usted se encuentre con una autoridad que proponga un nuevo límite u obligación a la libertad individual… ¡hágale las tres preguntas! Y si no pasa la prueba… díganle que el Norte está al otro lado: ¡haciendo cumplir las normas y solucionando conflictos!


El Estado debe saber reconocer que algunas batallas son perdidas

11 octubre, 2010

El pasado 7 de octubre, nuestros amigos de Enfoque Derecho tuvieron la cortesía de publicar un comentario que hice a raíz de unas recientes declaraciones del presidente Alan García, en las que se mostró en contra de cualquier iniciativa para la legalización de las drogas en el mundo, señalando que: “(e)l ser humano no puede ponerse de rodillas ante su propia impotencia, ni puede confesar que no es capaz de detener con sus millonarios sistemas de inteligencia y represión y tiene que someterse a ella (la droga)”.

Más allá del tema puntual de la despenalización del consumo y comercialización de drogas, en el comentario criticamos la incapacidad de muchos gobiernos para darse cuenta de que algunas batallas son imposibles (o demasiado costosas) de ganar, y que resulta honesto y eficiente dejar de invertir recursos en ellas para destinarlos a usos más valiosos.

Pueden leer el comentario aquí: http://www.enfoquederecho.com/?q=node/474


IGV tendría que subir a 23% para pagar a los fonavistas

27 agosto, 2010

El día de ayer, el Presidente Alan García señaló que si se determina que el Estado debe devolver a los “fonavistas” los aportes realizados, sería necesario subir los impuestos: “Yo no quisiera anticiparme a nada, pero habría que aumentar los impuestos para pagar. Entonces, le sacan de un bolsillo para ponérselo en otro, es un ‘engañamuchachos’. Se tiene que aumentar el IGV de 19% a 21% o 23%; entonces, paga en cuatro años. ¿Quién termina pagando eso? Usted, cuando compra algo”.

Debo reconocer que en el tema FONAVI tengo sentimientos encontrados. Soy consciente de que la devolución de fondos en efectivo es muy complicada y afectaría el presupuesto del Estado. Pero, por otro lado, ¿no es claro que fue esta gente estafada? El FONAVI (Fondo Nacional de Vivienda) fue una creación del Gobierno Militar. Una retención obligatoria (e inconsulta) de parte de la remuneración del trabajador que supuestamente se destinaría a financiar una vivienda, pero que Fujimori terminó usando de “caja chica” para hacer demagogia.

¿No les parece un abuso que el Estado nos diga “si te tengo que devolver lo que te robé, tu mismo lo financiarás”?


Por qué el “código de consumo” no hará la diferencia

20 agosto, 2010

El pasado jueves 12 de agosto, el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad el denominado “Código de Protección y Defensa del Consumidor”. Diversos políticos, partícipes de su redacción y promulgación, han salido a alabar la norma con frases altisonantes del tipo “es una norma en beneficio de todos los peruanos” o “mejorará la competitividad del país” (¡!). El Presidente de ASPEC habla de “un nuevo amanecer para el consumidor”. También puede apreciarse en la prensa escrita titulares como “Bancos ya no abusarán”, “Empresas ahora deberán informar a los consumidores” o  “empresas tendrán que cumplir ofertas que publican” (como si antes no hubieran estado obligadas a hacerlo).

 

Cuando hay competencia, el consumidor puede decidir por sí mismo.

 

Yo la verdad, no soy tan optimista con este nuevo “código”. Todo lo contrario, creo que no representará ningún beneficio significativo para los consumidores e incluso, en algunos aspectos, podría perjudicarlos. En las líneas siguientes detallo algunas de las razones:

1. Una nueva norma de protección al consumidor no era necesaria

Como ya he comentado respecto del proyecto de Ley que dio origen a la norma comentada, muchas de las “novedades” introducidas por el Código resultan redundantes teniendo en cuenta que existen ya diversas normas, básicamente recogidas en el Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema de Protección al Consumidor (en adelante, el “TUO de la Ley de Protección al Consumidor”) y diversos precedentes administrativos que regulaban los mismos temas o que, en todo caso, bien aplicadas podrían cubrir sin ningún problema los mismos supuestos de hecho.

Las normas contenidas en el TUO de la Ley de Protección al Consumidor, bien interpretadas y aplicadas, resultaban lo suficientemente amplias como para proteger al consumidor ante la gran cantidad de situaciones en las que podría verse desprotegido en función a su situación de información asimétrica (normalmente, tiene menos información que el proveedor) en las relaciones de consumo. El TUO de la Ley de Protección al Consumidor ya consagraba el deber de información, el deber de idoneidad, la obligación de adoptar medidas de seguridad en casos de productos riesgosos, las garantías que aplican en caso de productos defectuosos, entre otras obligaciones de los proveedores, así como las sanciones aplicables en caso de incumplimiento.

Pese a ello, lo que se ha pretendido con el nuevo código es abarcar todos los posibles casos de “abuso” u ocultamiento de información. Pero ello resulta innecesario si una norma general y simple establece los deberes de informar (completa, veraz y oportunamente) y de idoneidad (que la calidad recibida por el consumidor corresponda a la informada o la que razonablemente se pueda esperar).

2. El “código” no ataca las deficiencias del sistema de protección al consumidor que era necesario atacar

Cuando digo que una nueva norma de protección al consumidor no era necesaria no pretendo afirmar, por cierto, que el sistema de protección al consumidor sea perfecto. Definitivamente son necesarias algunas reformas en el ámbito institucional –mayores recursos, mejores herramientas, más oficinas, más capacitación– a efectos de ampliar y descentralizar la presencia del INDECOPI a efectos de hacer más efectiva su labor (que, más allá de algunas opiniones con las que discrepo, en términos generales resulta correcta). Más aun, con la creación del “Consejo Nacional de Protección al Consumidor” se corre el riesgo de que se debilite la posición del INDECOPI y de que politice el sistema de protección al consumidor (y ya sabemos lo que eso conlleva: decisiones demagógicas sin un adecuado sustento técnico).

3. El código parte de falsas premisas

Pese a lo expuesto, hay quienes reclaman “más protección para el consumidor”. Quienes asumen dicha posición lo hacen luego de comprobar que existen en el mercado ciertas condiciones de comercialización que consideran “abusivas” o “irrazonables”. Lo cuestionable de tal punto de vista, sin embargo, es que se parte de la premisa de que las empresas que transan sus productos y servicios en el mercado –poderosas, sofisticadas y solventes– pueden imponer sus condiciones de comercialización a los consumidores, que a su vez presuponen débiles, ignorantes, pobres e incapaces de ser diligentes.

Esta premisa, sin embargo, resulta equivocada en la gran mayoría de los mercados, en los que puede encontrarse condiciones razonablemente competitivas.  En ese contexto, si un productor o vendedor ofrece condiciones poco atractivas a los consumidores, otro competidor en busca de clientes debería ofrecer términos más atractivos. Eso sin contar la posibilidad de que nuevos agentes entren al mercado atraídos por la posibilidad de obtener ganancias.

El código, por lo demás, pareciera estar redactado asumiendo que todas las empresas pueden abusar del consumidor porque tienen más poder y solvencia que el consumidor. Se desconoce, en ese sentido, que una gran cantidad de proveedores en una relación de consumo pueden ser micro y pequeñas empresas (pensemos en la bodeguita de la esquina o el menú cerca de la oficina), para las que la gran cantidad de obligaciones incluidas en el Código (obligaciones adicionales de rotulado, libros de reclamos, entre otros) podrían representar costos inmanejables. El resultado no será otro que reducir la competencia y favorecer a las grandes empresas que sí tienen la posibilidad de asumir los costos impuestos por el código.

 

Los grandes promotores del código. Jaime Delgado (ASPEC), Walter Gutiérrez (CAL) y Jorge del Castillo.

 

4. El código no se limita a combatir la asimetría de información

Ya diversas modificaciones realizadas a la Ley de Protección al Consumidor habían determinado que esta norma dejara de ser exclusivamente un mecanismo orientado a combatir la asimetría de información –como debería de ser–, incluyendo diversas condiciones destinadas a fijar condiciones de comercialización a favor del consumidor, como aquellas que prohíben la discriminación o proscriben ciertas cláusulas que se considera “abusivas”.

En esa línea, el nuevo código trae varias de estas “perlitas”, como por ejemplo, el retorno al sistema de “normas técnicas” para regular la calidad de diversos productos, sin consideración alguna de los niveles de competencia en cada mercado (Artículo 160); o la prohibición de la discriminación entre consumidores bajo cualquier parámetro (Artículo 38). Tengo mis dudas de que sea eficiente perseguir la discriminación por sexo o raza a través de un código de consumo (ojo, no digo que esté bien), pero el hecho de prohibir la discriminación por condición económica en las relaciones de consumo no tiene ningún sentido. ¿Quiere decir esto que, por ejemplo, a un cliente con menores ingresos (por ende, más riesgoso) no se le puede cobrar una tasa más alta de interés? ¿O que al cliente que compra más no se le puede dar un mejor precio?

En suma, lo que está haciendo el nuevo código es regular (estableciendo ex ante ciertas obligaciones de conducta) antes que dejar que el mercado funcione y sancionar (ex post) a quien no cumpla con brindar información adecuada. Este enfoque resulta inadecuado e innecesario en la gran mayoría de mercados, en los que una norma de protección al consumidor que se oriente a minimizar las asimetrías de información estableciendo en los proveedores obligaciones de transparencia debería ser suficiente para que los consumidores puedan adoptar decisiones de consumo razonables. Por el contrario, normas que pretenden “defender” al consumidor mediante la regulación de condiciones de comercialización lo que van a hacer es incrementar los costos de los proveedores y desincentivar la innovación y la expansión de la oferta, lo que a su vez representa mayores precios y menos competencia en perjuicio del consumidor.

Todavía cabe la posibilidad de que el Poder Ejecutivo haga algunas observaciones a la norma… aunque con tantas reglas redundantes, innecesarias y mal enfocadas, creo que ningún filtro será suficiente.

 

ACTUALIZACIÓN AL 7 DE OCTUBRE DE 2010: Luego de publicado el Código de Consumo la gente de Gaceta Jurídica tuvo la gentileza de pedirme un comentario sobre el tema, el cual realicé basándome en este post. Pueden revisarlo haciendo click aquí.


Alan y la pena de muerte

17 agosto, 2010

El presidente del Perú, Alan García Pérez, declaró ayer lunes estar a favor de la aplicación de la pena de muerte a delitos graves, “como se hace en China y en muchos países”, invocando además “que se tome en cuenta el sentimiento del 80% de la población” (a favor de la pena capital). Añadió además que él “le cortaría la cabeza” a los violadores de niños.

Mas allá de que esta sea otra de las típicas declaraciones “para la tribuna” de nuestro máximo dignatario, ¿tiene realmente sentido que la pena de muerte se aplique, de manera general, a los “delitos graves”?

Debo confesar que no tengo una posición definida en torno a la pena de muerte, pero en todo caso, sí me queda claro que, de aplicarse, debería restringirse a casos de homicidio doloso y no a otros delitos (por más horribles que nos parezcan) como la violación.

¿Por qué? Porque si se iguala la sanción por violar a la sanción por matar, lo único que lograremos es incentivar a los violadores a convertirse en asesinos. En efecto, el violador está en mejor posición si además de violar a la víctima la mata: desaparece la “evidencia” sin incurrir en un costo adicional (su costo es el riesgo de que se le imponga la pena de muerte, y ya habría incurrido en ese costo al perpetrar la violación).

Este razonamiento fue utilizado por la Corte Suprema de los Estados Unidos de América para evitar la aplicacion de la pena de muerte en 6 estados. Acá les paso un link a la sentencia: http://www.supremecourtus.gov/opinions/07pdf/07-343.pdf


Entidades del Estado con atención al público deben abrir fines de semana, pero…

31 marzo, 2010

Según una norma publicada el año pasado (Decreto de Urgencia No. 099-2009),  los organismos del Estado que tienen oficinas de atención al público están obligados a trabajar sábados, domingos y feriados, salvo en Navidad, Fiestas Patrias, Año Nuevo y 1 de mayo. Con ello, según anunció el Presidente Alan García, se buscaba acortar los trámites administrativos en las entidades a cargo del Poder Ejecutivo, las municipalidades y los gobiernos regionales.

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Pues bien, según reporta El Comercio, en la práctica muchas instituciones no están cumpliendo con la norma. ¿Por qué? Pues porque estamos ante un claro ejemplo de lo que pasa cuando se aprueban normas demagógicamente (“estamos trabajando más”) y sin  hacer un adecuado análisis costo-beneficio. No se estudió adecuadamente el presupuesto y disponibilidad de cada organismo y, peor aún, no se estudió que organismos tendrían demanda de atención los fines de semana. ¿En esto consiste la reforma del Estado?