Reconstrucción de iglesias financiada por el Estado ¿Por qué?

Aunque es un tema que para la mayoría pasaría desapercibido, o, en todo caso, no le parecería incorrecto, creo que vale la pena, llamar la atención y analizar si es correcto que el Estado, a través de los Gobiernos Regionales, y con fondos que provienen de los impuestos de todos los peruanos,  financie la reconstrucción de diversos templos católicos destruidos a raíz del sismo que azotó el sur peruano en 2007.

Se habla en particular de una partida de 8 millones de soles para financiar la reconstrucción del Templo del Señor de Luren.

Si bien según el artículo 50 de la Constitución Política del Perú “el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración”, me parece que hace algún tiempo dejamos de ser un Estado confesional y pasamos a ser un Estado laico, ¿no?

Además, el artículo 2 de la misma constitución establece la igualdad ante la Ley, incluyendo el factor religioso y consagra la libertad de conciencia y religión. ¿Por qué entonces debe el Estado subsidiar a una institución religiosa? ¿Por qué no a otras? ¿Por qué a cualquiera de ellas?

Llama la atención, por lo demás, que no se haya hecho a la iglesia responsable (como cualquier otro establecimiento) de la gran cantidad de víctimas que se produjeron al interior del mencionado templo, debido a su mal estado.

¿Ustedes qué opinan? ¿Debe el Estado financiar la reconstrucción de templos católicos?

“Yo sé lo que es mejor para ti”: injustificado paternalismo para con los ciudadanos amazónicos

Se está hablando mucho en los últimos tiempos de inclusión social y en especial de la inclusión de los “pueblos indígenas y amazónicos”; pueblos que, es cierto, históricamente han sido olvidados por el Estado y no han tenido por lo general acceso escaso o nulo a los principales servicios públicos que éste se supone debe brindar y, por ende, no han tenido posibilidad de integrarse a la economía de mercado.

Constituye un enfoque errado, sin embargo,  tratar de “incluir” a estos ciudadanos en la economía dándoles libertades y derechos disminuidos. Tal es la visión que comparte, aparentemente, el ex – presidente Alejandro Toledo, quien recientemente ha declarado que: “(hay riesgo en titular) Porque comienzas a vender y claro hay necesidad en la selva, existe la pobreza y si usted le dice, te voy a pagar tres millones por x número de hectáreas, y lo venden”.

Se asume, aparentemente, que los ciudadanos de ciertas zonas del país no tienen el suficiente conocimiento ni poder de negociación para poder decidir sobre su patrimonio o sobre su propio destino. Esta es, creemos, una premisa errada, en la medida que, si bien es cierto que determinados ciudadanos pueden presentar niveles menores de educación y sofisticación; siempre y cuando sean adultos en pleno uso de sus facultades no puede afirmarse que no estén en capacidad de realizar transacciones favorables para ellos en el mercado. El informarse, negociar y tomar decisiones racionales no es patrimonio de la civilización occidental.

Por lo demás, aun si la cuestionable premisa de este injustificable proteccionismo fuera cierta, no se puede dejar de tener en cuenta sus potenciales efectos nocivos: si no dejamos que el pobre venda sus tierras de manera formal, si necesita recursos lo venderá de todas maneras en el mercado informal, obteniendo un menor precio.

Pena de cárcel por falsas alarmas de bomba: ¿es en serio?

El presidente del Congreso de la República, Daniel Abugattás, ha señalado que presentará un proyecto de Ley para sancionar con pena de cárcel a los autores de falsas alarmas de bomba, algo que él denomina «terrorismo blanco».

Sin perjuicio de que se trata sin duda de una actividad perjudicial y que merece algún tipo de sanción -de hecho, existe el tipo penal de «delitos contra la tranquilidad pública», aunque no contempla pena de cárcel-, ¿vale la pena realmente que este tipo de peligros se persiga y sancione con tanta intensidad e invirtiendo recursos adicionales cuando tenemos un gran problema de seguridad ciudadana?

Salvo que se trate de alarmas que tengan el objetivo de facilitar otros delitos mayores, me inclino por pensar que no. ¿Ustedes qué opinan?

Intervención injustificada en el mercado universitario.

A propósito del proyecto de Ley presentado por Gana Perú a fin de prohibir que las universidades condicionen la asistencia a clases o la rendición de evaluaciones al pago de pensiones del ciclo que se esté cursando, les paso el artículo que preparé para el Centro de Investigación en Políticas Públicas Respeto por Respeto. El link a la publicación original es el siguiente: http://www.respetoxrespeto.com/pdf/b11.pdf

Garantizando (una menor calidad en) la educación universitaria

El Grupo Parlamentario de Gana Perú ha presentado hace algunos días un proyecto de Ley (Proyecto de Ley No. 142-2011-CR) que “garantiza el derecho fundamental prioritario a la educación sin condicionamiento”.  Con este proyecto, se busca prohibir que las universidades públicas y privadas condicionen la asistencia a clases o la rendición de evaluaciones al pago de pensiones del ciclo que se esté cursando. Este proyecto se basa, cabe precisar, en una decisión del Tribunal Constitucional  (John Lojas v. Universidad Inca Garcilaso de la Vega, sentencia del 15 de marzo de 2010) que ya había declarado que la educación es un “servicio público” que “atiende a la prestación de un específico derecho social fundamental como el derecho a la educación”.

Más allá del nombre rimbombante y confuso (¿qué es un “derecho fundamental prioritario”?), creemos que el proyecto implica una intervención injustificada en un mercado razonablemente competitivo como lo es el de la educación, intervención que introducirá distorsiones en la competencia que no harán sino atentar contra la calidad de la educación universitaria, precisamente uno de los aspectos en los que nuestro país requiere mejorar significativamente para poder transitar el camino hacia el desarrollo.

Según la lógica del proyecto, prestada de la resolución del Tribunal Constitucional antes citada, la posibilidad de evitar que el alumno se matricule el siguiente ciclo es “protección suficiente” para garantizar el pago de las pensiones. Más allá de que esto puede ser razonable o no —de hecho, recuerdo que la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde tuve la suerte de estudiar, adoptaba esta política, dejando a los alumnos terminar el ciclo pese a no estar al día en las pensiones y solamente impidiendo la matrícula al ciclo siguiente— esta es una decisión de negocio que involucra información y know how que probablemente no maneja nadie que no haya dirigido un negocio similar y que ciertamente no manejan el Congreso de la República —basta leer el pobrísimo análisis costo-beneficio del proyecto para darse cuenta— ni el Tribunal Constitucional. Es probable, por ejemplo, que algunas universidades con poco capital y respaldo financiero dependan del flujo permanente de sus pensiones para seguir operando y que, por ende, necesiten de un mecanismo de presión significativo para mantener a sus alumnos “al día”. Es probable, también, que decisiones como esta en el largo plazo atenten contra la sostenibilidad financiera de las universidades y éstas se vean obligadas a reducir costos y, por ende, reducir la calidad del servicio que prestan (y esto perjudicaría a las universidades que actualmente brindan mayor calidad en beneficio de los que prestan un servicio de menor calidad).

A fin de garantizar el “derecho social a la educación”, el Estado cuenta ya con universidades públicas, razón adicional para rechazar el proyecto de ley aquí comentado. Lo ideal sería, más bien, que el propio Congreso comience a educarse con la finalidad de mejorar la calidad de las leyes y políticas públicas que promueve.

¿Más control de armas, menos violencia?

Como podrán escuchar en este audio, el congresista Renzo Reggiardo estaría preparando un proyecto de ley para regular las armas en el país.

“No es posible que siga habiendo la cantidad de armas que existe para los civiles. (…) Ese hecho, el de portar el arma, ya le genera mucha agresividad al acto delincuencial. Hay que ser muy drásticos en presentar una ley muy drástica y muy dura”.

 

Aunque a primera vista esta parezca una buena idea, y creo que sin duda debe ser bienintencionada, habría que contarle al congresista Reggiardo que los delincuentes no registran sus armas en la DICSCAMEC.  Por ende, poner mayores trabas legales al uso y tenencia de armas va a “desarmar a los buenos”.

Aunque no aconsejo a nadie tener un arma (yo no la usaría), diversos estudios sugieren que el derecho (regulado) a portar armas por parte de civiles constituye un desincentivo para los criminales, pues deberán tener en cuenta que sus potenciales víctimas están en la capacidad de defenderse; y, por ende, puede contribuir a reducir el crimen. Esto claro está, debería combinarse con el establecimiento de sanciones agravadas para delitos cometidos con el uso de armas (que hasta donde sé sí contempla nuestro ordenamiento).

¿Ustedes qué opinan?