Un post «politicón»: ¿por qué no debería indultarse a Fujimori?

Este blog no se ha caracterizado por tratar frecuentemente temas políticos, pero sí por analizar el diseño y los efectos potenciales de normas legales y políticas públicas. En ese sentido, resulta interesante analizar algunas de las razones por las que no debería indultarse al ex-presidente Alberto Fujimori, incluso si el supuesto cáncer terminal que padece fuera cierto. Ojo, estoy diciendo que «no debería»; no discutiendo si, dado el marco constitucional y legal actual, se puede o sería legal otorgarlo. Este post está, ergo, en clave de «deber ser», no de «lo que es».

 

 

El indulto no debería ser concedido, ni a Fujimori ni a nadie, para empezar, porque es una institución que no tiene razón de ser. Es, como nos recuerda un editorial de El Comercio de hace algunos días, un rezago de las épocas del monarquismo (igual que la inmunidad parlamentaria), en las que la mera voluntad del rey bastaba para dejar sin efecto una decisión de la justicia (allí donde había por lo menos un remedo de justicia independiente). Una primera razón, entonces, es el limitar los poderes de la presidencia, cargo de por sí bastante empoderado en nuestra Constitución.

 

En segundo lugar, el indulto no debería proceder porque la finalidad misma del sistema de justicia y del Derecho Penal es desincentivar la realización de conductas que consideramos socialmente perjudiciales. Si “perdonamos” la sanción (el indulto no borra la condena, solo condona la pena) a un ex-Presidente que abusó de sus funciones atendiendo al respaldo político con el que cuenta (porque si Fujimori no tendría un gran respaldo de muchos sectores, no se estaría ni discutiendo el indulto) sería un pésimo mensaje a próximos presidentes: “pórtate mal nomás, pero haz obra”.

Atendiendo a razones humanitarias y asumiendo que Alberto Fujimori (o cualquier otro potencial indultado), claro está, puede afirmarse que no corresponde, que es demasiado cruel o indigno que una persona muera en la cárcel. Pues bien, en ese caso, debería aplicarse o establecerse (si es que las existentes normas penitenciarias no lo permiten ya) un protocolo para que el preso tenga adecuada atención médica, mayores visitas de sus familiares o cualesquiera otras condiciones que le faciliten una convalecencia digna o adecuada.

Las razones, como recuerda mi amigo @enrique_pasquel en una nota para El Comercio («Malas Razones», Jueves 4 de octubre de 2011) que esgrimen los que están a favor del indulto son falaces o simplemente muy malas:

i) «Hizo más cosas buenas que malas»: Ojo, yo soy de los que valoro mucho de lo que hizo Fujimori como presidente. En especial, pese a que no era “fan” de la economía de mercado, gracias a los consejos de asesores como Carlos Rodríguez-Pastor, Hernando de Soto y otros, supo tomar las medidas que permitieron recuperar la economía nacional y la inversión privada. Pero por ello se merece nuestro reconocimiento, no una tarjeta que, cual monopolio, le permita salir libre de la cárcel pese a haber cometido un delito.

ii) «Sus excesos eran necesarios para combatir el terrorismo»: Falso. Los hechos nos demostraron que la derrota (no total, ojo con los rebrotes) de Sendero Luminoso tuvo más que ver con la inteligencia que con duras acciones policiales o militares. Pero además, así se admitiera este falaz argumento, no puede ignorarse que Fujimori cometió una larga lista de delitos que no tuvieron nada que ver con la lucha contra el terrorismo: peculado, apropiación de fondos, abuso de autoridad, corrupción.

iii) «Tener un presidente preso es malo para la institución de la presidencia»: este argumento es el peor de todos, la verdad. Si alguien denostó la institución fue el propio Fujimori, con los delitos y “excesos” (¿que feo eufemismo no?) Yo creo que tener a un ex-presidente preso es más bien materia de orgullo. Algo que no hicieron otras democracias lo hizo el Perú, una demostración de que la Ley aplica para todos.

 

 

¿Se debe sancionar penalmente la “negación de delitos terroristas”? No a la «policía de la memoria»

El Poder Ejecutivo peruano, a través del Ministerio de Justicia propondrá incorporar al Código Penal el delito de “negacionismo” para sancionar a quienes “desconozcan los crímenes cometidos por los grupos terroristas” en el Perú. Según el propio ministro de Justicia:

 “Es un tipo penal (negacionismo) que existe en Alemania y en España (…) en el caso peruano, vamos a plantearlo para determinar penalmente este delito a aquellas personas que nieguen la masacre efectuada por los movimientos terroristas”.

Aparentemente el proyecto de Ley cuenta con el respaldo de conocedores en la materia. Es el caso, por ejemplo, de Marcos Ibazeta, expresidente de la Sala Penal Antiterrorista del Poder Judicial. Según Ibazeta, la“lucha política” contra la organización terrorista Sendero Luminoso nunca debió abandonarse. Precisó que la mencionada tipificación sería un “gesto político muy importante”, con el cual el Estado aclarará que se cometieron crímenes y actos terroristas y que sostener lo contrario “es una mentira monumental que atenta contra la conciencia nacional”.

Y estoy seguro de que sí ahora mismo se hace una encuesta nacional, la gran mayoría aprobaría una norma así. Especialmente luego de todo el rollo que se armó con el “caso MOVADEF”, sería un “golazo” para la popularidad del presidente.

Si se aprobara el proyecto antes referido, tendríamos que, por ejemplo, meter a la cárcel al escritor Osvaldo Reynoso, quién declaró recientemente que en el Perú no hubo terrorismo sino “una guerra popular” y que Abimael Guzmán fue un “luchador social”.

No obstante  el apoyo popular y de algunos expertos a la propuesta, estoy en contra de la tipificación de los denominados “delitos de opinión”. Esto por varios motivos:

1) Es una restricción absoluta a las libertades de expresión y opinión, consagradas en la Constitución Política del Perú como un derecho fundamental. Es por esta misma razón que el Tribunal Constitucional español declaró inconstitucional el “delito de negación o justificación del genocidio”, aunque aparentemente el Ministro Jiménez no se ha enterado o, convenientemente, se ha olvidado de eso cuando afirma que en España también rige el delito de “negacionismo”. Ahora bien, este es un argumento “de derecho”, de esos de los que normalmente no me gusta usar en el blog, porque lo que trato de hacer aquí es analizar el sentido de las normas, si funcionan en la realidad, si afectaran positivamente el comportamiento de las personas. Así que, incluso si una norma es inconstitucional, podríamos defenderla si tiene sentido.

2) Más importante, creo, que la incoherencia lógica entre el proyecto y una norma de rango constitucional, es la necesidad real de contar con una norma como la propuesta. Aquí la pregunta a contestar sería: ¿Qué daño hacen a la sociedad las personas que emiten discursos “negacionistas”? Ciertamente, escuchar que alguien niega las atrocidades cometidas por Sendero Luminoso o afirma que psicópata de Abimael Guzmán fue un “luchador social” afecta nuestra sensibilidad, nos choca. Pero, ojo, allí donde una persona tiene libertad de expresión, los medios tienen la libertad de recoger sus opiniones o no, y el público en general la libertad de escucharlos o no. Por eso, creo que estos discursos no hacen daño en sí mismos. Hacen daño si hay quien los transmita y, más aún, un “caldo de cultivo” para que sean recibidos y acogidos.

3) En línea con lo anterior, creo que la mejor respuesta a discursos como los que se pretende evitar con el proyecto materia de comentario es más información. Hay que trabajar en los colegios y en los hogares para que la realidad sea conocida por todos. Y hay que combatir las ideas con ideas. Como ya hemos señalado en un post anterior, referido a una norma que sancionaba con pena de cárcel la negación del holocausto:

“Si una persona emite una opinión negando el holocausto o defendiendo la superioridad de la raza aria, sin duda nos provocará que se calle. Diremos que es un necio, que está equivocado, pero no defendería una regla legal que lo sancione o lo obligue a callarse”.

Vale la pena, sobre el particular, volver a citar las excelentes palabras de Timoty Garton Ash, columnista de The Guardian, en relación a este tipo de normas:

“¿Cómo, por ejemplo, refutamos las absurdas teorías conspirativas, que aparentemente tienen alguna vigencia en partes del mundo árabe, según las cuales ‘los Judíos’ estuvieron detrás de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2011 en Nueva York?  ¿Prohibiendo que cualquiera la repita? ¿Sancionándolo con prisión? No. Las refutas refutándolas. Recopilando toda la evidencia disponible, en un debate libre y abierto. Esta no es sólo la mejor forma de dilucidar los hechos, sino, que, en último término, es la mejor forma de combatir la xenofobia y el racismo. Así que por favor, únasenos, combatamos a “papá Estado” y su policía de la memoria”. (Traducción libre del último párrafo del texto disponible aquí).

Además, claro está, debemos seguir en la lucha por eliminar que las condiciones de nuestra realidad (pobreza, abandono, etc.) que permitieron que el discurso senderista sea acogido por cierto sector de la sociedad.

4) En línea con lo anterior, así como con cualquier norma legal, debemos preguntarnos: ¿Cuál sería el efecto de promulgar esta norma? Lo que va a pasar, si se hace efectivo enforcement de ella, es que sí, probablemente no escuchemos este tipo de opiniones más… en los medios. Entonces estaremos felices, porque nada afectará la “memoria colectiva”. Pero no estaremos eliminando el mensaje. Lo estaremos marginalizando. Una norma como la propuesta no impedirá que profesores infiltrados impartan el mensaje en salones de clase. No impedirá que se hagan campañas o distribuyan panfletos en pueblos alejados o incluso en reuniones sociales en nuestra propia capital. Y así es precisamente como se propagó inicialmente el mensaje senderista. Yo no recuerdo, por lo menos, que en los 80’s Sendero publicara columnas en los medios. Me parece preferible, en todo caso, que un discurso que consideramos lamentable pueda ser expuesto libremente. Así tenemos la oportunidad de combatirlo, refutarlo con la fuerza de la lógica y la evidencia e incluso ridiculizarlo.

5) Finalmente, creo que sancionar, en general, los delitos de opinión puede ser peligroso porque puede ser utilizado por el Estado para censurar discursos incómodos y puede inhibir el debate científico, indispensable para el desarrollo de nuestra Sociedad. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un experto en estadística publica un paper refutando las cifras de la Comisión de la Verdad y llega a la conclusión de que el terrorismos no dejó un saldo de aproximadamente 60,000 muertos sino “sólo” de 10,000? ¿Estaría siendo un “negacionista”?

Una precisión importante: la defensa de la libertad de opinión que hago no implica que no se sancione la instigación a la violencia, que es algo distinto y que sí está sancionada en el Código Penal.  Para poner un ejemplo bien clarito: no es lo mismo decir “creo que Abimael Guzmán fue un luchador social” en un medio o en una reunión, que decir en una plaza “la lucha armada es la única solución posible… vamos a poner un coche bomba”.

Mario Zúñiga

Piden reponer el delito de apología al terrorismo

El primer vicepresidente, Luis Giampietri, ha planteado restituir el delito de apología del terrorismo y que se declare su imprescriptibilidad, como un mecanismo de defensa ante la posible liberación de subversivos que cumplieron sus condenas.

Más allá del pánico colectivo que ha generado la liberación de Lori Berenson, creo que antes de pensar «restituir» el delito de apología del terrorismo debe analizarse con calma si es que existen ya normas que regulan ese fenómeno y, sobre todo, si tiene sentido regularlo.  Si no, caeremos en el típico error de «regular por anécdota».

Ya en un rebote anterior criticamos leyes que consagraban otro delito de opinión, como la negación del holocausto. ¿Ves alguna diferencia en el presente caso? ¿En este caso crees que sí se justifica una prohibición? ¿Estamos ante una restricción justificada a la libertad de expresión?