¿Una barrera burocrática para denunciar barreras burocráticas? La “imposición directa” de las barreras

Luego de casi tres meses de abandono (¡sorry a los pocos que lo extrañaron!), retomo el blog, y felizmente ha llegado a mis manos un tema bien interesante como para regresar con un post bacán. Me pasaron hace poco una resolución emitida por la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI (CEB) —respecto de la que, dicho sea de paso, suscribo la opinión de Alfredo Bullard en el sentido de que debería tener más importancia dentro de dicha agencia, dado que en nuestro país el marco legal es el principal “cuello de botella” para los negocios, antes que otros negocios compitiendo “indebidamente”—,  en la que se declara improcedente la denuncia interpuesta por un grupo de empresas comercializadoras de oxígeno medicinal contra una Resolución del Ministerio de Salud (MINSA), según la cual se establece un estándar de calidad mínimo para el oxígeno medicinal. En virtud de dicho estándar, los establecimientos de salud del sector público y privado sólo podrán adquirir oxígeno medicinal con una concentración igual o mayor al 99%.  Contrario sensu, quedan prohibidos de adquirir un oxígeno de menor concentración. Sucede, sin embargo, que en el Perú sólo unas cuantas empresas producen oxígeno de esa calidad, dado que llegar a esos niveles de concentración requiere de procesos industriales adicionales. El resto produce oxígeno que —estando dentro de estándares aceptables a nivel internacional— “sólo” llega a tener una concentración de entre el 93% a 98%. De hecho, el estándar vigente antes de la promulgación de la resolución en cuestión establecía una concentración mínima del 93%.

Según los denunciantes, el imponer un estándar tan elevado constituye una barrera burocrática ilegal e irracional que condiciona el desarrollo de sus actividades económicas. Aparentemente, la norma “los saca” del mercado, ya que no están en la posibilidad de producir (a un costo razonable) un oxígeno de dicha calidad.

Normalmente he criticado la imposición de estándares de calidad, dado que en mercados competitivos los propios oferentes en el mercado tienen los incentivos para ofrecer la mejor calidad posible. Los hospitales tienen incentivos para dar la mejor combinación posible de precio y calidad (más en el sector privado, aunque también es posible introducir incentivos adecuados en el sector público). En ese sentido, usarán el “mejor” oxígeno disponible en el mercado. O mejor dicho, el oxígeno que al menor costo cumpla adecuadamente la función que está llamado a cumplir.  Por ejemplo, si se tratase de agua (necesaria para hidratar a los pacientes), se tiene que usar un agua de calidad suficiente para que cumpla dicha función, y además sea de una limpieza y pureza tal que se eviten otras posibles enfermedades. Pero no se necesita que los pacientes tomen agua Evian, ¿no?

Ahora bien, dado que estamos ante un mercado “sensible” como lo el de los servicios médicos (donde el costo de error es alto y, en muchos casos, irreparable), podemos aceptar la premisa de que se impongan algunos estándares de calidad. Lo que tenía que discutir la CEB, en ese sentido, es: ¿es razonable imponer un estándar de concentración del 99% para el oxígeno medicinal? ¿No cumple acaso el oxígeno medicinal concentrado al 93% la misma función (o tiene efectos muy similares a un menor costo)? ¿No debía acaso el MINSA acreditar la necesidad del estándar?

Sorprendentemente, la CEB no entra a discutir la razonabilidad del estándar materia de comentario. No. Lo que hace dicho órgano es declarar improcedente alegando que los denunciantes no cuentan con “legitimidad para obrar” (en castellano para los que no son abogados: no tienen derecho a denunciar) porque la barrera denunciada no les ha sido impuesta directamente a ellos. En efecto, según la CEB, como la resolución ministerial en cuestión contiene una exigencia aplicable a los establecimientos de salud, sólo éstos podrían denunciarla.

El argumento, sobre todo para quienes no son abogados, sonará a “leguleyada”. Y la verdad es que eso parece. Aun cuando los proveedores de oxígeno no sean sujetos directos de aplicación de la norma, es claro que les causa un perjuicio económico, bastante directo además.

Siguiendo el razonamiento de la Comisión, cualquier autoridad podría utilizar “regulaciones indirectas” para establecer barreras burocráticas que de otro modo serían denunciadas. Así, por ejemplo, si una Municipalidad hubiera tenido que inaplicar una ordenanza que restringía el horario de funcionamiento de discotecas porque fue declarada “irrazonable” por la CEB ante la denuncia de dichos establecimientos, ésta podría luego emitir una segunda ordenanza dirigida a los propietarios de inmuebles, con el siguiente tenor: “queda prohibido a los propietarios de inmuebles el arrendarlos para actividades de entretenimiento y venta de alcohol”. Dicha norma, de hecho, constituiría una barrera irracional de ingreso al mercado para las discotecas, en la medida que les impediría contar con locales para desarrollar su actividad. Pero, si leo correctamente la resolución que aquí comento, según la CEB las discotecas no podrían denunciar la segunda ordenanza. Sólo los dueños de inmuebles. ¿Les parece que tiene sentido esto?

Las prioridades del Estado: ¡El norte está al otro lado!

El Estado tiene dos formas de intervenir en el mercado: antes de que ocurran las transacciones (creando límites u obligaciones) o después de éstas (haciendo cumplir las normas y administrando justicia). Lo esencial para el desarrollo de los mercados es su intervención “después de”… pero en Perú las prioridades están invertidas: recibimos un deficiente servicio de administración de justicia y cumplimiento de normas (Perú está puesto 110 de 184 países, Doing Business 2011), mientras los políticos se ocupan en crear nuevos límites u obligaciones a las libertades individuales.

Tomemos dos casos, el Libro de Reclamaciones de Alan García y el Plan Zanahoria de Susana Villarán, y apliquémosles tres preguntas sencillas que usan el Tribunal Constitucional (TC) (Exp. 048-2004-PI/TC) y el INDECOPI (Res. 182-97-TDC), para determinar la razonabilidad o arbitrariedad de los límites u obligaciones impuestos por el Estado a las libertades individuales.

	Libro de Reclamaciones	Plan Zanahoria
1. ¿Se busca solucionar un problema público  a través de una medida coherente?	Obligación que recae en el proveedor para  registrar quejas y responderlas en menos de 30 días. El consumidor puede en paralelo presentar su denuncia al INDECOPI. Los malos tratos a los consumidores son un problema público. Pero no hay razón para pensar que el Libro de Reclamaciones pueda mejorar el servicio de aquellos proveedores que no se preocupan por fidelizar a sus clientes (los demás ya tienen un sistema de atención al consumidor). La herramienta de cambio más eficaz la tienen los consumidores: comprarle a la competencia.	Límite a la venta de alcohol y funcionamiento de bares y discotecas después de las 3am, en busca de reducir la violencia callejera, los accidentes de tránsito y el consumo.Estos pueden considerarse problemas públicos. Pero no hay razón para creer que  mejorarán con estas limitaciones: los consumidores pueden fácilmente adquirir alcohol antes de las 3am; la prohibición a consumirlo en bares y discotecas sólo llevará el consumo a las casas; y las causas de la delincuencia van mucho más allá del alcohol.
2. ¿Los beneficios de limitar las libertades individuales son mayores que sus costos?	No hay beneficios aparentes: el proveedor puede cumplir la obligación con tan solo responder “No estamos de acuerdo con su queja”, y el consumidor ya tiene mecanismos para dejar sentada sus quejas (en los establecimientos que se preocupan por su atención).	Los beneficios son remotos: sólo dificultarían por algunas horas el acceso al producto por quienes delinquen como consecuencia del alcohol o manejan alcoholizados.Los costos son restringir la libertad individual de los consumidores, aumentar el consumo en casas (donde están los menores), disminuir las ventas de los locales que satisfacen esa demanda (o peor aún, promover las coimas).
3. ¿Hay una opción menos limitativa de la libertad individual para solucionar el mismo problema?	No Aplica	Sí, pueden establecerse zonas especiales para el funcionamiento de bares y discotecas. Lo cual permitiría  focalizar la fiscalización.

Si los políticos tan sólo hicieran este sencillo análisis… descartarían muchas medidas que -como éstas- generan costos arbitrarios a los proveedores (después trasladados a todos los consumidores).

En el Perú sólo 4 de cada 10 emprendedores son formales (Loayza, Banco Mundial). En los 6 restantes los consumidores compran “bajo su propio riesgo”. ¡Es clave para el desarrollo de nuestros mercados ampliar la base de emprendedores formales! Y, para ello, necesitamos mucho menos Estado “antes de” y mucho más “después de”. Allí donde Usted se encuentre con una autoridad que proponga un nuevo límite u obligación a la libertad individual… ¡hágale las tres preguntas! Y si no pasa la prueba… díganle que el Norte está al otro lado: ¡haciendo cumplir las normas y solucionando conflictos!