Más mentiras sobre los autos usados

25 octubre, 2010

Los talleres que reparan y reacondicionan vehículos usados tendrán que garantizar el funcionamiento óptimo de estas unidades por un período de seis meses o por cada 10.000 kilómetros, para que estas puedan circular libremente en el país, ha anunciado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), con la finalidad de “eliminar las irregularidades en la importación de vehículos y piezas usadas”. ¿Tendrá sentido una medida como ésta? ¿No estamos acaso duplicando controles dado que existe ya la figura de la revisión técnica?

Ya expresé en algún momento en el blog mis dudas acerca de que la prohibición de importar autos usados (con una antiguedad mayor a los cinco años) sea socialmente beneficiosa. Las misma dudas me surgen con este nuevo control que se quiere instaurar (garantía obligatoria), que entendemos se aplicaría a cualquier auto usado.

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En primer lugar, me resulta difícil creer que la garantía (que implica un costo que será trasladado al usuario) resulte necesaria en la medida que existe ya un control por parte del Estado para los automóviles: la revisión técnica. ¿No se está, entonces, duplicando controles?

En segundo lugar. ¿Por qué se obliga al comprador a tomar una garantía? ¿Por qué no es posible que el consumidor compre su auto sin esta garantía especial y acceda a un mejor precio? ¿No existen acaso ya garantías legales que respaldan al consumidor al comprar productos usados? Miente en ese sentido el Ministro de Transportes y Comunicaciones cuando señala que “se va a facultar a la Comisión de Protección al Consumidor de Indecopi a tramitar las denuncias que formulen los consumidores sobre este tema”. ¿Se va a facultar? ¿Qué acaso no tiene competencia ahora? A repasar su Ley de Protección al Consumidor, señor Ministro.

Pero, ¿cuál es la justificación que se esgrime para imponer esta garantía obligatoria a todos los autos usados? Pues la misma que se utiliza para prohibir la importación de autos usados de más de cinco años de antigüedad. Bueno, en realidad son dos los principales argumentos que se esgrime:

1) Los autos usados son la principal causa de los accidentes: Falso. Como ha demostrado Oscar Súmar en un post sobre el tema en el blog El Cristal Roto, las estadísticas utilizadas para argumentar la existencia de una supuesta relación de causalidad entre los accidentes de tránsito y los autos usados, mayores de 10 años son totalmente tendenciosas.

Se cita, por ejemplo al estudio Casos de Accidentes Fatales en Lima Metropolitana: Causas y Alternativas de Solución en el cual se señala que:

  1. De los vehículos de transporte público de pasajeros involucrados en accidentes de tránsito, el 79% registran una antigüedad mayor a 10 años.
  2. Tratándose de vehículos privados, el 62% registra una antigüedad mayor de 10 años.
  3. Tratándose de vehículos de transporte de carga, el 79% registra una antigüedad mayor a 10 años.

Pero, ¿qué pasa si el 70% de los automóviles de nuestro parque automotor tienen una antigüedad mayor a 10 años (lo cual no me sorprendería, el promedio de hecho es de 17 años según el informe mencionado)? No debería sorprendernos entonces que el 79% de los que participan en accidentes de tránsitos pertenezcan a este grupo. Por otro lado, la estadística disponible en relación a las causas de los accidentes nos muestra que las “fallas mecánicas” nunca han representado más del 3% de las causas de accidentes; frente al “exceso de velocidad” o “imprudencia del conductor”, que han bordeado el 30% en el mismo periodo.

2) Los autos usados contaminan más que los autos nuevos: parcialmente cierto. Es cierto que un auto usado contamina más que un auto nuevo, asumiendo que utilizan el mismo combustible. ¿Por qué no se prohíbe entonces el diesel? ¿Acaso no contamina más que la gasolina? En cualquier caso, ¿la revisión técnica no contempla acaso controles de emisión? Si un auto excede los niveles máximos de emisión, pues sencillamente que se le retire de circulación.

Tener menos autos usados para disminuir la contaminación es una buena idea para muchos. El tema es que, incluso si aceptamos que se trata de una buena idea, no sé si podamos asumir el costo. Los autos usados, creo que es difícil negarlo, constituyen una fuente de trabajo para una gran cantidad de transportistas que no podrían pagar por autos nuevos, además de beneficiar a los usuarios de taxis y buses con menores precios. Sería bueno, claro, ver por nuestras calles grandes, seguros y elegantes Mercedes Benz haciendo taxi, tal como uno puede ver afuera del aeropuerto de Ámsterdam o en el centro de Madrid. Pero esa es una de las principales razones (otra sería la escasez producida por las barreras legales de ingreso al mercado) por las que uno puede pagar hasta 40 euros en dichas ciudades por un taxi que en Lima nos costaría 10 soles (¡aproximadamente 16 veces!).

Post data: Algo que debemos tomar en cuenta sobre el tema de los autos usados, es el hecho de que, cada vez que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones declara algo sobre el particular a los medios, se recoge acto seguido la opinión favorable del gremio de importadores de autos nuevos. En la noticia arriba linkeada se cita las declaraciones del vicepresidente de la Asociación Automotriz del Perú (AAP): “Alguien tiene que asegurar la buena operación de las unidades usadas y de sus piezas y partes. Hoy este mercado opera en la informalidad y el vendedor no se hace responsable de nada, por lo que felicito esta iniciativa del MTC”. ¿Realmente hablamos de informalidad (incumplimiento de normas y/o formalidades legales) o simplemente de un mercado de menores calidades y precios? Si bien la opinión del citado gremio no resulta inválida por el mero hecho de tener un interés directo en el tema (los autos usados son en cierta medida un sustituto de los autos nuevos), y el totalmente válido que se pronuncien sobre el tema, hay que tener en cuenta que se trata de una opinión “de parte”.

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Por qué el “código de consumo” no hará la diferencia

20 agosto, 2010

El pasado jueves 12 de agosto, el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad el denominado “Código de Protección y Defensa del Consumidor”. Diversos políticos, partícipes de su redacción y promulgación, han salido a alabar la norma con frases altisonantes del tipo “es una norma en beneficio de todos los peruanos” o “mejorará la competitividad del país” (¡!). El Presidente de ASPEC habla de “un nuevo amanecer para el consumidor”. También puede apreciarse en la prensa escrita titulares como “Bancos ya no abusarán”, “Empresas ahora deberán informar a los consumidores” o  “empresas tendrán que cumplir ofertas que publican” (como si antes no hubieran estado obligadas a hacerlo).

 

Cuando hay competencia, el consumidor puede decidir por sí mismo.

 

Yo la verdad, no soy tan optimista con este nuevo “código”. Todo lo contrario, creo que no representará ningún beneficio significativo para los consumidores e incluso, en algunos aspectos, podría perjudicarlos. En las líneas siguientes detallo algunas de las razones:

1. Una nueva norma de protección al consumidor no era necesaria

Como ya he comentado respecto del proyecto de Ley que dio origen a la norma comentada, muchas de las “novedades” introducidas por el Código resultan redundantes teniendo en cuenta que existen ya diversas normas, básicamente recogidas en el Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema de Protección al Consumidor (en adelante, el “TUO de la Ley de Protección al Consumidor”) y diversos precedentes administrativos que regulaban los mismos temas o que, en todo caso, bien aplicadas podrían cubrir sin ningún problema los mismos supuestos de hecho.

Las normas contenidas en el TUO de la Ley de Protección al Consumidor, bien interpretadas y aplicadas, resultaban lo suficientemente amplias como para proteger al consumidor ante la gran cantidad de situaciones en las que podría verse desprotegido en función a su situación de información asimétrica (normalmente, tiene menos información que el proveedor) en las relaciones de consumo. El TUO de la Ley de Protección al Consumidor ya consagraba el deber de información, el deber de idoneidad, la obligación de adoptar medidas de seguridad en casos de productos riesgosos, las garantías que aplican en caso de productos defectuosos, entre otras obligaciones de los proveedores, así como las sanciones aplicables en caso de incumplimiento.

Pese a ello, lo que se ha pretendido con el nuevo código es abarcar todos los posibles casos de “abuso” u ocultamiento de información. Pero ello resulta innecesario si una norma general y simple establece los deberes de informar (completa, veraz y oportunamente) y de idoneidad (que la calidad recibida por el consumidor corresponda a la informada o la que razonablemente se pueda esperar).

2. El “código” no ataca las deficiencias del sistema de protección al consumidor que era necesario atacar

Cuando digo que una nueva norma de protección al consumidor no era necesaria no pretendo afirmar, por cierto, que el sistema de protección al consumidor sea perfecto. Definitivamente son necesarias algunas reformas en el ámbito institucional –mayores recursos, mejores herramientas, más oficinas, más capacitación– a efectos de ampliar y descentralizar la presencia del INDECOPI a efectos de hacer más efectiva su labor (que, más allá de algunas opiniones con las que discrepo, en términos generales resulta correcta). Más aun, con la creación del “Consejo Nacional de Protección al Consumidor” se corre el riesgo de que se debilite la posición del INDECOPI y de que politice el sistema de protección al consumidor (y ya sabemos lo que eso conlleva: decisiones demagógicas sin un adecuado sustento técnico).

3. El código parte de falsas premisas

Pese a lo expuesto, hay quienes reclaman “más protección para el consumidor”. Quienes asumen dicha posición lo hacen luego de comprobar que existen en el mercado ciertas condiciones de comercialización que consideran “abusivas” o “irrazonables”. Lo cuestionable de tal punto de vista, sin embargo, es que se parte de la premisa de que las empresas que transan sus productos y servicios en el mercado –poderosas, sofisticadas y solventes– pueden imponer sus condiciones de comercialización a los consumidores, que a su vez presuponen débiles, ignorantes, pobres e incapaces de ser diligentes.

Esta premisa, sin embargo, resulta equivocada en la gran mayoría de los mercados, en los que puede encontrarse condiciones razonablemente competitivas.  En ese contexto, si un productor o vendedor ofrece condiciones poco atractivas a los consumidores, otro competidor en busca de clientes debería ofrecer términos más atractivos. Eso sin contar la posibilidad de que nuevos agentes entren al mercado atraídos por la posibilidad de obtener ganancias.

El código, por lo demás, pareciera estar redactado asumiendo que todas las empresas pueden abusar del consumidor porque tienen más poder y solvencia que el consumidor. Se desconoce, en ese sentido, que una gran cantidad de proveedores en una relación de consumo pueden ser micro y pequeñas empresas (pensemos en la bodeguita de la esquina o el menú cerca de la oficina), para las que la gran cantidad de obligaciones incluidas en el Código (obligaciones adicionales de rotulado, libros de reclamos, entre otros) podrían representar costos inmanejables. El resultado no será otro que reducir la competencia y favorecer a las grandes empresas que sí tienen la posibilidad de asumir los costos impuestos por el código.

 

Los grandes promotores del código. Jaime Delgado (ASPEC), Walter Gutiérrez (CAL) y Jorge del Castillo.

 

4. El código no se limita a combatir la asimetría de información

Ya diversas modificaciones realizadas a la Ley de Protección al Consumidor habían determinado que esta norma dejara de ser exclusivamente un mecanismo orientado a combatir la asimetría de información –como debería de ser–, incluyendo diversas condiciones destinadas a fijar condiciones de comercialización a favor del consumidor, como aquellas que prohíben la discriminación o proscriben ciertas cláusulas que se considera “abusivas”.

En esa línea, el nuevo código trae varias de estas “perlitas”, como por ejemplo, el retorno al sistema de “normas técnicas” para regular la calidad de diversos productos, sin consideración alguna de los niveles de competencia en cada mercado (Artículo 160); o la prohibición de la discriminación entre consumidores bajo cualquier parámetro (Artículo 38). Tengo mis dudas de que sea eficiente perseguir la discriminación por sexo o raza a través de un código de consumo (ojo, no digo que esté bien), pero el hecho de prohibir la discriminación por condición económica en las relaciones de consumo no tiene ningún sentido. ¿Quiere decir esto que, por ejemplo, a un cliente con menores ingresos (por ende, más riesgoso) no se le puede cobrar una tasa más alta de interés? ¿O que al cliente que compra más no se le puede dar un mejor precio?

En suma, lo que está haciendo el nuevo código es regular (estableciendo ex ante ciertas obligaciones de conducta) antes que dejar que el mercado funcione y sancionar (ex post) a quien no cumpla con brindar información adecuada. Este enfoque resulta inadecuado e innecesario en la gran mayoría de mercados, en los que una norma de protección al consumidor que se oriente a minimizar las asimetrías de información estableciendo en los proveedores obligaciones de transparencia debería ser suficiente para que los consumidores puedan adoptar decisiones de consumo razonables. Por el contrario, normas que pretenden “defender” al consumidor mediante la regulación de condiciones de comercialización lo que van a hacer es incrementar los costos de los proveedores y desincentivar la innovación y la expansión de la oferta, lo que a su vez representa mayores precios y menos competencia en perjuicio del consumidor.

Todavía cabe la posibilidad de que el Poder Ejecutivo haga algunas observaciones a la norma… aunque con tantas reglas redundantes, innecesarias y mal enfocadas, creo que ningún filtro será suficiente.

 

ACTUALIZACIÓN AL 7 DE OCTUBRE DE 2010: Luego de publicado el Código de Consumo la gente de Gaceta Jurídica tuvo la gentileza de pedirme un comentario sobre el tema, el cual realicé basándome en este post. Pueden revisarlo haciendo click aquí.