La libertad de pensar y opinar (incluso equivocadamente): a propósito de la (mal) llamada “Ordenanza Gay”

8 agosto, 2011

Se ha discutido bastante desde hace un par de semanas un artículo de Gonzalo Zegarra, director de Semana Económica, sobre la (mal) llamada “Ordenanza Gay” (me parece que suena un poco despectivo llamarla así y da la mala impresión, como han pretendido algunos grupos reaccionarios, que “promoviera determinadas conductas o estilos de vida”), en virtud de la cual se obligaría a los negocios que atienden al público a colocar en sus establecimiento un cartel con la siguiente leyenda:

“Esta ciudad y este local promueven la igualdad por identidad de género y orientación sexual”.

En el referido artículo, Zegarra señala que:

“El remedio planteado –obligar a los locales abiertos al público a declarar con un cartel que no discriminan a los gays– discrimina a su vez a quienes desaprueban la conducta homosexual. Ellos tienen derecho a esa opinión, mientras su juicio se mantenga en el plano moral y/o discursivo. Obligarlos a ocultar su ideología moral, o peor aun, mentir sobre ella, viola su libertad de expresión. La obligación del Estado con quienes sufren discriminación se limita a impedir ese abuso y/o sancionarlo, pero no comprende la conversión psicológica de quienes no les tienen simpatía. Y mucho menos por la fuerza (que es en última instancia como se impone cualquier ley)”.

Inmediatamente después de su publicación, el artículo y el autor fueron “bombardeados” en redes sociales (Facebook y Twitter) señalando que defendía la discriminación o un “derecho a discriminar”, e incluso tildando al autor de homofóbico y “nazi”. Yo creo que quienes critican al autor se equivocan. No han entendido su posición, y ciertamente exageran al calificarlo de homofóbico o “discriminador”. Es más, salvo algunas ligeras diferencias conceptuales, suscribiría el artículo en su integridad.

Zegarra señala claramente en su artículo que la discriminación debe ser combatida por la Ley:

“[E]s correcto que las leyes penales sancionen los crímenes de odio contra los homosexuales; y que las leyes laborales, de protección al consumidor y cualesquiera otras aplicables según el ámbito que corresponda, les aseguren el derecho a desenvolverse en la vía y la vida pública con la misma libertad que los heterosexuales –y eso incluye todas las muestras de afecto tolerables entre heteros–. Lo contrario sería incumplir su obligación de tutelar la integridad física y la libertad de los individuos, y tratar a los gays como si no tuvieran la misma dignidad y valía que el resto de ciudadanos; que por cierto la tienen”.

Lo que critica Zegarra en su artículo, en posición que comparto, es que de alguna manera la Municipalidad de Lima quiera convertir a los negocios de su jurisdicción en “activistas” a favor de los derechos de los homosexuales, obligándolos a expresar una opinión que no necesariamente comparten. Es cierto que el Estado (felizmente) no puede obligarnos a pensar de una manera determinada, pero tampoco debería poder obligarnos a declarar que pensamos de una manera determinada. Claro, hay quien pensará que “está bien cambiar la forma de pensar de un homofóbico”. Sí, probablemente, sí. Pero el tema es que el Estado es manejado por personas, que frecuentemente pueden estar equivocadas o tener opiniones muy subjetivas en su apreciación de innumerables temas y enfoques. Lo peor que podemos hacer es darle al Estado la capacidad de implementar un pensamiento único, al estilo del orwelliano “Ministerio de la Verdad”. No nos olvidemos que en plena campaña presidencial nuestro Presidente se reunió con autoridades de la Iglesia Católica para tranquilizarlas respecto a sus ideas respecto a ciertos temas (como el aborto o el matrimonio homosexual), declarándose “católico conservador”.

Alguna persona titular de un negocio podría pensar que los homosexuales no son iguales al resto de personas y que no deberían tener los mismos derechos. Estaría fundamentalmente equivocado, pero es libre de pensar así, e incluso de declarar que piensa así siempre y cuando no denigre a ninguna persona o grupo de personas en particular.

Aunque la diferencia pueda ser sutil para algunos, debe precisarse que la norma no se limita a recordar una determinada norma legal (“está prohibido discriminar”), sino que implica promover una determinada forma de pensar (“promuevo —por ende, “creo en”—la igualdad de género y orientación sexual”). Ello constituye una violación a la libertad de expresión de las personas que no opinan de ese modo, pues se les está obligando a transmitir un discurso en el que no creen. Es en este punto en el que discrepo con Zegarra, pues no creo que haya una “discriminación” contra quienes están siendo obligados a colocar el referido cartel. Pero sí una coacción a su libre expresión.

Luego de un debate “twittero” con @elmorsa (quien por cierto tiene un buen post sobre el tema, aquí. A mi me pueden seguir como @MZunigaP) el día que el artículo se publicó reconocí que tampoco era “big deal”. Es “sólo un cartelito”. Puede ser. Pero el tema es que si abrimos esa puerta podemos llegar a casos donde las libertades sí se restrinjan demasiado, de forma tal que nos quedemos sin oportunidad de investigación o debate. Se me viene a la mente el caso del profesor Herman-Hoppe en la Universidad de Las Vegas. Dijo en su clase que “los homosexuales son menos aversos al riesgo porque tienden a pensar menos en el largo plazo”. Y fue amonestado por “homofóbico”. De hecho haciendo una búsqueda sobre este profesor encuentro que sí tiene algunas afirmaciones bastante polémicas sobre los homosexuales y otros grupos, pero que ciertamente se encuentran en el plano de lo académico y no deben motivar ningún tipo de censura.

Se me viene a la cabeza también el delito de “negación del holocausto” que hemos tratado en el blog. Si una persona emite una opinión negando el holocausto o defendiendo la superioridad de la raza aria, sin duda nos provocará que se calle. Diremos que es un necio, que está equivocado, pero no defendería una regla legal que lo sancione o lo obligue a callarse.

¿Cómo combatimos ese tipo de afirmaciones, absurdas, retrógradas? Me quedo con las excelentes palabras de Timoty Garton Ash, columnista de The Guardian, en relación las normas que sancionan la negación del holocausto:

“¿Cómo, por ejemplo, refutamos las absurdas teorías conspirativas, que aparentemente tienen alguna vigencia en partes del mundo árabe, según las cuales ‘los Judíos’ estuvieron detrás de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2011 en Nueva York?  ¿Prohibiendo que cualquiera la repita? ¿Sancionándolo con prisión? No. Las refutas refutándolas. Recopilando toda la evidencia disponible, en un debate libre y abierto. Esta no es sólo la mejor forma de dilucidar los hechos, sino, que, en último término, es la mejor forma de combatir la xenofobia y el racismo. Así que por favor, unásenos, combatámos a “papá Estado” y su policía de la memoria”. (Traducción libre del último párrafo del texto disponible aquí).

¿Significa lo aquí expresado que no debemos hacer nada para combatir la discriminación? No. El Estado debe empezar por casa combatiendo la discriminación y desregular el matrimonio civil y la herencia, para que las personas del mismo sexo tengan la libertad de regular sus relaciones patrimoniales como mejor les parezca y protegerse mutuamente. Se debe asegurar asimismo que ninguna persona tenga un acceso restringido a sus derechos ni a servicios públicos en función a su orientación sexual. ¿Y qué hay con las normas anti-discriminación en el consumo, el trabajo o en el acceso a servicios privados? Mejor lo dejo para otro post.

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Las falacias del denominado “Plan Zanahoria”

1 febrero, 2011

Se ha venido discutiendo bastante en las últimas semanas acerca del denominado “Plan Zanahoria”, propuesto por la Municipalidad de Lima como una forma de atacar los problemas de seguridad  que actualmente aquejan a nuestra ciudad (ojo a la supuesta finalidad de la medida, pues resulta esencial para la posición que defendemos respecto a ella).

La mayoría de opiniones que he podido recoger critican el plan por ser innecesaria y excesivamente restrictivo, al mismo tiempo que poco eficaz en lo que a mejorar los niveles de seguridad se refiere (ver por ejemplo, aquí, aquí, aquí y aquí). Otros sin embargo, lo ven como una medida razonable.

Yo, como expliqué hace unos días en CPN Radio, me pliego al primer grupo de opiniones. Básicamente lo hago porque creo que el plan es innecesariamente restrictivo, además de ineficaz. Es decir, creo que el plan prohíbe mucho, para lograr muy poco.

¿En qué consiste el plan Zanahoria?

Aunque la Municipalidad de Lima no ha publicado un documento oficial con el detalle de la propuesta, de lo explicado por la propia Alcaldesa, Susana Villarán, se desprende que  el plan consiste en la fijación de una hora límite para el expendio de bebidas alcohólicas, así como el funcionamiento de locales nocturnos. Al anunciar el plan por primera vez se afirmó que “se aplicará de forma similar a como funciona en La Victoria. Es decir, sólo se podrá vender licor hasta las 23:00 horas y las discotecas cerrarán a las 03:00 horas”. Posteriormente se ha precisado que tanto la venta de licor como la operación de locales nocturnos se permitirían hasta las 03:00 horas.

No se ha hecho mención expresa a ello, pero imaginamos que la imposición del límite horario vendría acompañada de una intensa fiscalización por parte de la policía y el serenazgo en las zonas con mayor actividad “juerguera”.

Las falacias: cifras mal interpretadas

Según funcionarios de la Municipalidad de Lima, “la cantidad de muertes por consecuencia del alcohol que ocurren los fines de semana, por accidentes de tránsito y ahogos en playas, justifican [la imposición del plan]”.

Asimismo, según el alcalde de La Victoria, el plan Zanahoria se viene aplicando “con éxito”, registrándose “una reducción del 30% en el índice de homicidios y agresiones producto de la ingesta de alcohol”.

Es aquí donde comienzan los problemas con la propuesta. ¿Es acaso cierto que las muertes a las que se hace referencia ocurren “por el alcohol”? En realidad, en lo que se refiere a los accidentes de tránsito, no es necesario evitar que la gente consuma alcohol, sino simplemente que consuma alcohol y luego maneje bajo su influencia. Para ello, sin embargo, existen los controles de alcoholemia a los choferes (acompañados de un sistema de multas e incluso pena de cárcel en los casos en los que se producen daños a terceros), controles que no criticamos y que incluso sugeriríamos que se incrementen y apliquen con más rigor. Por lo demás, uno puede manejar ebrio aun cuando no salga de una discoteca o bar.

El caso de los ahogos en las playas es más complicado de fiscalizar, es cierto. Sin embargo, al igual que en el caso anterior, hay personas que pueden entrar al mar ebrias sin salir de un bar o discoteca, o incluso hacerlo de día. ¿En qué medida ayudará, entonces, el Plan Zanahoria a disminuir dicho tipo de muertes?

Finalmente, en lo que se refiere a la violencia, cabe preguntarse: ¿exactamente qué tipo de acciones violentas están relacionadas al consumo de alcohol? ¿Peleas en las discotecas? Es probable, aunque este tipo de acciones raramente tiene consecuencias graves. Y además, para eso está la seguridad privada de los centros de entretenimiento y el cuidado de la policía y serenazgo. ¿Violencia familiar? También es probable, aunque en este caso otros factores suelen ser más determinantes, y este tipo de agresores puede embriagarse en otros lugares (en el mismo hogar, incluso). Y si hablamos de los tipos de violencia más graves, la relación entre éstos y el alcohol nos parece incluso más remota: asaltantes y secuestradores ¿hacen “previos” antes de salir a cometer sus crímenes? Para combatir a estos último se necesita simplemente mayor actividad policial, operativa y de inteligencia.

Por otro lado, y como ya hemos señalado, se ha dicho que este plan ha sido aplicado “con éxito” en otros distritos. Que ha disminuido la violencia. Lo que debemos preguntarnos es si la violencia ha disminuido debido a que no se expende licor o más bien debido a la presencia de la policía o serenazgo en las zonas en las que se concentran bares y discotecas. Nos inclinamos por pensar que ha sido en realidad este último factor el que ha contribuido a reducir la violencia. No es necesario, entonces, cerrar los locales o dejar de vender licor temprano. Sí más fiscalización y presencia de las fuerzas del orden.

Hay quienes defienden el Plan Zanahoria, en argumento un poco distinto al de la Municipalidad de Lima, como una forma de “promover hábitos de consumo”:

el plan zanahoria no es una prohibición inválida puesto que tiene como finalidad promover hábitos de consumo y de diversión acordes con la tranquilidad y el orden que la ciudad se merece. Los críticos preguntan cínicamente: ¿pero si quiero emborracharme hasta morir por qué el estado me lo prohíbe? pues, por la misma razón por la que se prohíbe tirar papelitos en las calles de Londres o  tomar un taxi informal en Buenos Aires (evitando así el costoso taxímetro), porque de esta forma tenemos una ciudad más ordenada y generamos una cultura de respeto hacia ella, que potencie nuestra libertad y no que la acorte, como, irremediablemente, sucedería si dejáramos al libre albedrío de cada uno lo que, aunque no queramos, nos afecta a todos: la seguridad y la tranquilidad de la ciudad”.

El argumento y los ejemplos esgrimidos, sin embargo, no resisten un análisis serio. En primer lugar, no parece que sea tarea de la Municipalidad (o de cualquier otra entidad estatal) el “promover hábitos de consumo”. Quizás esto responde a una cuestión ideológica en la que no podremos ponernos de acuerdo, pero aquellos que creemos en una libertad responsable (por no decir, aquellos que creemos en el libre mercado y no en el socialismo, en el que el Estado nos dice qué es lo mejor para nosotros) no podemos aceptar que el Estado determine qué y cuánto consumimos. Siempre y cuando no afectemos a terceros, lo ideal es que cada persona decida qué y cuánto consume, pues es ella quien mejor conoce sus necesidades y preferencias. Y es que ese detalle, el de los efectos de las conductas sobre terceros (“externalidades”), es el que determina la diferencia entre “emborracharme hasta morir” y “tirar papelitos en las calles de Londres”. Si me “emborracho hasta morir” en mi sofá no hago daño a nadie más que a mí mismo. Si tiro papeles en las calles sí genero daños, tanto a las autoridades locales (que tendrán que incurrir en mayores costos de limpieza y a mis conciudadanos, que no podrán gozar de una ciudad limpia). Y ojo, no es que creemos que el alcoholismo sea una conducta positiva o deseable. Ciertamente se trata de una conducta indeseable. Pero ya la economía, la lógica y la historia nos han enseñado que las prohibiciones tienen poco efecto (o que incluso pueden tener un efecto negativo) sobre este tipo de conductas. En cualquier caso, si algún rol atañe al Estado en este problema, es el de informar y educar.

Efectos perjudiciales sobre los negocios ya establecidos

Pero no sólo se trata de que el Plan Zanahoria sea innecesario. Además de no generar beneficios sociales significativos, el plan en cuestión va a causar daños a los negocios y a los consumidores. En primer lugar, se afectará a los negocios en términos de menores ingresos. Debe tomarse en cuenta, sobre el particular, que las ventas de alcohol constituyen los principales ingresos de bares y discotecas. Y si tomamos en cuenta que los clientes suelen llegar a dichos establecimientos no antes de las 12 de la medianoche, si se cierran los negocios a las 03:00 es posible que éstos no recuperen las inversiones realizadas.

Un tema importantísimo que no puede dejar de tomarse en cuenta, y que de hecho la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas y el Tribunal del Indecopi han analizado en pronunciamientos previos sobre el tema, es el hecho de la falta de predictibilidad y el desincentivo a realizar inversiones de largo plazo que constituyen medidas como ésta. Hay negocios que solicitaron licencias cumpliendo todos los requisitos de ley y en zonas en las que la zonificación permitía música y expendio de licor hasta las 06:00 o 07:00 horas. En consecuencia, si a raíz del Plan Zanahoria se cambian las reglas de juego se pueden afectar las inversiones efectuadas.

Desde el punto de vista del consumidor, resulta evidente que se afecta la posibilidad de contar con más horas de esparcimiento. Es cierto que, como menciona nuestra alcaldesa, uno puede “divertirse sin emborracharse”; pero también es cierto que uno puede tomar licor sin emborracharse o “emborracharse responsablemente” si quieren (por ejemplo, no manejando ni realizando otras actividades que puedan afectar a terceros luego de haber consumido licor).

Por otro lado, no debe ignorarse que, así como otras prohibiciones, la prohibición de vender alcohol pasadas las 03:00 horas podría generar mercados negros y mayor informalidad, afectando a los negocios formales en términos de competitividad y a los consumidores en términos de baja calidad y falta de garantías.

Restricción innecesaria e irrazonable

Como puede apreciarse, el denominado “Plan Zanahoria” constituye una restricción irrazonable a las libertades civiles y económicas de los ciudadanos, sin representar a la vez un beneficio considerable para la sociedad en su conjunto.

Ojo que el adjetivo “irrazonablemente” es muy importante. No se trata de oponerse a la medida simplemente porque afecta la libertad (como han señalado algunos defensores de la medida), ya que toda regulación, toda norma de convivencia, afecta en alguna medida la libertad. Ese sería un argumento, por decir lo menos, incompleto. El tema es que el plan en cuestión afecta la libertad innecesaria e irrazonablemente.

En efecto, si aplicáramos al “Plan Zanahoria” el “test de razonabilidad” que han utilizado en diversos casos el Tribunal Constitucional y el Indecopi (necesariedad, razonabilidad y proporcionalidad), es fácil darse cuenta de que el referido plan no tiene ningún asidero lógico ni legal.

Propuesta alternativa: zonificación y control directo. Control de choferes ebrios.

Si el “Plan Zanahoria” no es una opción viable, entonces, ¿qué tipo de políticas públicas pueden ser empleadas para evitar las externalidades derivadas de la venta y consumo de alcohol y de la operación de bares y discotecas?

Bueno, en primer lugar habría que determinar cuáles son realmente las externalidades derivadas de la venta y consumo de alcohol y de la operación de bares y discotecas. El consumo de alcohol, asumiendo claro que es realizado voluntariamente por un adulto en plenas facultades no produce externalidades, pues el sujeto que realiza la actividad (consumir licor) es el que sufre los daños derivados de ésta (desde una simple resaca hasta daños permanentes). Alguien podría argumentar que se producen daños morales a la familia o amigos cuando una persona consume licor indiscriminadamente. Esos no son, sin embargo, daños que deban internalizarse a través de la acción estatal, sino más bien mediante arreglos privados entre las partes involucradas.

Luego, en lo que se refiere a los daños que pueden producirse como consecuencia de manejar bajo la influencia del alcohol, éstos son consecuencia precisamente de manejar en dicho estado, y no del consumo en sí. Lo que corresponde, entonces, es prohibir y fiscalizar manejar en estado de ebriedad. Como señalamos al inicio del presente texto, estamos a favor de dichos controles e incluso sugeriríamos que se incrementen y apliquen con más rigor.

Finalmente, en cuanto al ruido y otras externalidades producidas a los vecinos por la operación de discotecas de bares (tráfico, por ejemplo), la respuesta es relativamente sencilla, y de hecho ya se aplica en algunos distritos, ya sea por el orden impuesto por las autoridades o porque espontáneamente se han producido “clusters” de actividad: zonificación. Se debe establecer zonas en las que este tipo de negocios puedan ubicarse sin perjudicar a terceros e incluso facilitando la fiscalización. Si la actividad “juerguera” está focalizada en determinadas zonas, como la “zona rosa” en Bogotá o el “barrio rojo” en Ámsterdam, por ejemplo, será menos costoso para las autoridades controlar el orden y la seguridad, sin que sea necesario restringir la libertad de consumir licor y divertirse hasta el día siguiente.