“¡Mi riñón por un iPad!”: sobre la ilegalidad de la venta de órganos

13 junio, 2011

Hace algunos días la prensa destacó la noticia de un joven chino que vendió uno de sus riñones a US$ 3,000, con la finalidad de comprarse un iPad y una laptop. El caso ha causado indignación, entre otras razones, porque el joven era menor de edad. Resulta además, que el hospital Chenzhou, donde fue operado, no estaba calificado para realizar trasplantes de órganos. Según se menciona en la nota, en China la venta de órganos es una práctica común, pese a que el gobierno la combate (es decir, es ilegal).

La noticia me dio la idea de hacer un post sobre la venta de órganos y su ilegalidad. En la gran mayoría de países existen normas que prohíben vender y comprar con órganos y tejidos humanos (en adelante me referiré sólo a órganos, para simplificar), pero sí permiten las donaciones. Asimismo, es lugar común afirmar que es “inmoral” lucrar con este tipo de bienes, razón por la cual pocos discuten la regla legal antes descrita. Lo ideal, se afirma, es que las transferencias de órganos y tejidos humanos sólo estén inspiradas en “fines altruistas”.

Lo cierto, sin embargo es que la oferta de órganos es mucho menor a la demanda, y por lo tanto miles de personas enfermas sufren para encontrar un órgano que les permita seguir con vida:

Una forma de mejorar esta situación, creo, sería el permitir la venta supervisada de órganos, permitiendo su venta ya sea de parte de personas que podrían vender en vida los órganos que pueden ser extirpados sin causar la muerte, o de personas que pueden autorizar a sus familiares a venderlos una vez que fallezcan. El Estado, en ese caso, no sólo permitiría la venta, sino que otorgaría enforcement a los acuerdos relativos a éstas transferencias. Ciertamente, no podemos asegurar que permitir la venta de órganos permitirá cubrir toda la demanda existente. Pero, como en todo mercado, el incrementar el precio que puede pagarse por un órgano —legalmente, preciso, porque es sabido que se pagan precios altos en mercados negros— incrementará la oferta, pues incentivará el ingreso al mercado de nuevos ofertantes.

En el presente post analizo los costos y beneficios de dicha posibilidad, no sin antes analizar brevemente la regla legal vigente en el Perú.

China, iPad 2

 

¿Cuál es la regla en el Perú?

El artículo 5 del Código Civil señala que “el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad, al honor y demás inherentes a la persona humana son irrenunciables y no pueden ser objeto de cesión. Su ejercicio no puede sufrir limitación voluntaria, salvo lo dispuesto en el artículo 6”.

Luego, el artículo 6 del mismo código, establece que:

“Los actos de disposición del propio cuerpo están prohibidos cuando ocasionen una disminución permanente de la integridad física o cuando de alguna manera sean contrarios al orden público o a las buenas costumbres. Empero, son válidos si su exigencia corresponde a un estado de necesidad, de orden médico o quirúrgico o si están inspirados por motivos humanitarios.

Los actos de disposición o de utilización de órganos y tejidos de seres humanos son regulados por la ley de la materia”.

El artículo 6 antes citado nos remite a la Ley No. 28189, Ley General de donación y transplante de órganos y/o tejidos humanos, según la cual las transferencias de órganos sólo pueden ser gratuitas:

“Artículo 7.- Gratuidad de la donación

7.1 Todo acto de disposición de órganos y/o tejidos, es gratuito. Se prohíbe cualquier tipo de publicidad referida a la necesidad o disponibilidad de un órgano o tejido, ofreciendo o buscando algún tipo de beneficio o compensación.

7.2 Los mecanismos de financiamiento para los procedimientos de extracción de órganos y/o tejidos serán establecidos en el reglamento de la presente Ley. En ningún caso, los costos serán exigidos al donante vivo ni a la familia del donante cadavérico”.

De la normativa expuesta se puede concluir que, efectivamente, la persona humana tiene capacidad para disponer de sus órganos y tejidos pero con dos limitaciones: por un lado, no puede hacerlo al punto de afectar su integridad y, por el otro, no puede lucrar con dichas disposiciones. Cabe precisar que la Ley No. 28189 establece sanciones administrativas y penales para los “profesionales sanitarios” que incumplan sus disposiciones, mas no así para las personas que vendan y compren órganos. En realidad, lo que hace la norma es consagrar como ilícito cualquier acuerdo relativo a la transferencia a título oneroso de órganos, con lo cual si alguna de las partes incumple el trato, no tendrá el apoyo del Estado para hacerlo cumplir o recibir una indemnización. Obviamente, en esas condiciones, muy pocos estarán dispuestos a celebrar este tipo de contratos.

¿Es esto lo más beneficioso de cara a solucionar el problema de la escasez de órganos planteado líneas arriba?

Los costos y beneficios de legalizar la compra y venta de órganos y tejidos humanos

Desde mi punto de visto creo que un análisis costo-beneficio nos indica claramente lo positivo que resultaría el legalizar compra y venta de órganos. En primer lugar, incrementaría la oferta de órganos disponibles. Tal como señala Cohen definitivamente el dinero es un buen incentivo. Así, con el establecimiento de la compra y venta de órganos personas que en principio son reacias a la cesión de órganos probablemente no dudarían en cederlos al recibir una importante suma a cambio.

Por otro lado, no podemos ignorar el hecho de que hay en la actualidad un mercado negro de órganos, órganos que la mayoría de las veces se obtienen de manera ilícita (léase: secuestros, asesinatos, etc.). Incluso en el caso de transacciones voluntarias en el mercado negro, las intervenciones no tienen ningún control de salubridad, médico, ni legal. La legalización permitiría que estas transacciones se realicen abiertamente y con una adecuada supervisión.

Asimismo, un argumento que no puede ser ignorado a favor del libre mercado de órganos, es que este beneficiaría económicamente a la sociedad al proveer ingresos adicionales —nada despreciables por cierto— a los vendedores de órganos.

Finalmente, otra ventaja de la legalización de la venta de órganos que puede predecirse, es el hecho de que, al permitirse la libre venta de dichos “bienes”, éstos podrían ofertarse libremente (incluso publicitarse), lo cual reduciría enormemente los costos de información de los “consumidores”. Piénsese en todo el proceso de búsqueda que actualmente tiene que realizar actualmente una persona en búsqueda de un órgano. En el supuesto de que recurra a un banco (lo que es totalmente lícito) tendrá que esperar hasta que haya órganos disponibles, luego esperar que entre ésos haya uno compatible a su organismo. En el caso en que esta persona acuda al mercado negro, tendrá que buscar a quienes oferten en este mercado, algo que definitivamente no se encuentra a la vuelta de la esquina; esto sin considerar los precios altamente elevados que (debido a los riesgos de la actividad) suelen encontrarse en este mercado.

En lo que se refiere a los costos, se esgrime principalmente el “costo moral” de permitir la enajenación de órganos.  Este es ciertamente un costo difícil de cuantificar, aunque no por ello debe ignorarse. No obstante, consideramos que resulta más inmoral que “poner un precio a la vida” el dejar de morir a miles de personas anualmente cuando la ciencia médica permitiría salvarlas sin afectar gravemente la vida de posibles donantes vivos. ¿Por qué es inmoral que un donante cobre una suma de dinero y no que lo haga el doctor que realiza la cirugía?

Se hace referencia, asimismo al riesgo de que, una vez instaurado un libre mercado de órganos, incrementen los actos delictivos destinados a obtener órganos (asesinatos o secuestros). Yo creo que esta preocupación es infundada: al legalizarse la venta de órganos es muy probable que hombres de negocios y no delincuentes se dediquen a dicha actividad. Estos hombres de negocios preferirán asumir los costos legales de la actividad (pagar el precio a los vendedores, aceptar la supervisión estatal) que los ilegales (riesgo de sanciones penales y contra su propia integridad).

Se menciona, finalmente, un argumento según el cual las personas pobres serán las más perjudicadas con la legalización con la venta de órganos: ellas nunca podrán comprar un órgano para salvar su vida y la de sus familiares y verán afectada su salud al vender los suyos.  Este argumento no deja de ser cierto. Como en todo mercado, las personas de menores ingresos tendrán menor poder de negociación y se verán “forzadas” a vender, y no podrán siempre comprar. No obstante, al analizar los costos y beneficios de la propuesta, no se debe comparar la situación a la que se llegaría con un escenario ideal (aquél en el que los pobres puede comprar lo que desean y vender sólo lo que quieren), sino con un escenario real. Ese escenario real nos indica que una persona pobre de hecho podría mejorar su condición actual vendiendo un órgano y utilizando el dinero obtenido para satisfacer necesidades que ciertamente resultan vitales.

¿Cómo se implementaría la compra-venta de órganos para evitar algunos de sus riesgos?

En la introducción del post hacemos referencia a la venta supervisada de órganos, por lo que nuestra propuesta de legalización no debería entenderse como una total liberalización. Creemos que, en cualquier caso, y a diferencia del caso del joven chino que nos inspiró a escribir el presente texto, no debería permitirse que menores de edad comercien con sus órganos. Asimismo, se podría implementar un registro de este tipo de transferencias (para asegurar que existan los debidos consentimientos y no se ha perjudicado gravemente la salud de los donantes) y establecer una regulación básica de estándares sanitarios.

En resumen, creo que si se comparan los costos y beneficios antes expuestos, así como las medidas que podrían tomarse para minimizar riesgos, resulta claro que lo ideal sería legalizar la transferencia onerosa de órganos. El trasplante de órganos es un recurso relativamente escaso para cientos de miles de personas que, pese a tener un legítimo interés en comprar órganos para sobrevivir, han sido privadas de esta posibilidad. Por lo tanto, impedir que con el comercio de órganos se incrementen las posibilidades de sobrevivencia de dichas personas no sólo resulta económicamente ineficiente, sino incluso humanamente injusto.

ACTUALIZACIÓN AL 15/06/2011: Leyendo un post de Freakonomics del día de hoy acerca de cómo incentivar las donaciones de órganos, llego a otro más antiguo y me entero que sí hay un país que de alguna manera ha legalizado la venta de órganos: Irán. Según el sistema aplicado en Irán (un país que no se caracteriza precisamente por la liberalización de sus mercados), los vendedores de órganos son compensados a través de dos mecanismos: i) el gobierno Iraní les paga una compensación de aproximadamente US$ 1,200 más un seguro de salud de un año que cubre condiciones derivadas de la cirugía de extracción del órgano; y, ii) el vendedor recibe un pago del recipiente del órgano o de una serie de organizaciones de caridad previamente designadas, de entre US$ 2,300 y US$ 4,500. El modelo Iraní no contempla un libre mercado de órganos, como puede apreciarse, pero sin duda debería aumentar los incentivos para transferirlos.

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Te haces el “angelito”… ¡y me quieres censurar!

6 mayo, 2010

Hace algunas semanas Ricardo Belmont Cassinelli ―miembro del Congreso peruano y a la vez dueño de un canal de televisión, también conocido cariñosamente como el “hermanón”― presentó un proyecto de Ley para modificar la Ley de Radio y Televisión, con la finalidad de “precisar” o “reforzar” las prohibiciones contenidas en dicha norma respecto del contenido “violento u obsceno que pudiera afectar los valores inherentes a la familia, los niños y adolescentes” y del “contenido pornográfico”. Belmont, entonces, se hace el “angelito” y nos quiere vender la idea que el contenido violento u “obsceno” es peligroso y debe ser prohibido.

angelito.jpg

El proyecto resulta criticable, en primer lugar, porque el texto propuesto para los artículos que se pretende modificar resulta tan similar a los artículos originales que, en la práctica, el proyecto no representa cambio alguno. El proyecto reconoce que los artículos actuales de la Ley de Radio y Televisión son “letra muerta”, pero se piensa que para que tengan efectiva vigencia se requiere solamente de “precisiones” al texto. No se cuida de indagar, por el contrario, cuáles son las razones para que la Ley no se respete: ¿existe una autoridad competente para aplicar la Ley o sancionar a quien la incumpla? ¿Cómo se determina qué tipo de contenido afecta los “valores inherentes a la familia”? ¿Es posible fiscalizar la gran cantidad de contenidos emitidos? Esta carencia no nos debe sorprender, pues nuestro ordenamiento está plagado de normas con “textos ideales” que no se preocupan por su implementación ni efectos.

Pero, más allá de los defectos de coherencia o redacción del proyecto materia de comentario, lo que más nos importa, como siempre en este blog, es el tema de fondo: ¿tiene sentido que el Estado prohíba el material “obsceno” y/o la pornografía”?

Creo que no. No existe justificación alguna para establecer una prohibición total de la pornografía. Uno de los argumentos que se ha manejado tradicionalmente al defender la prohibición de la pornografía es que supuestamente incentivaría la comisión de violaciones. No obstante, como ha demostrado Posner en su libro “Sex and Reason”, la pornografía no incentiva la comisión de violaciones ni ninguna clase de relaciones sexuales indebidas. Por el contrario, se trata de un producto que podría contribuir a su disminución al incentivar la masturbación que es un sustituto de la demanda de relaciones sexuales (consensuadas o no consensuadas).

Tampoco puede argumentarse que la programación violenta induzca a comportamientos igualmente violentos. Según un estudio realizado sobre la relación entre la televisión y la violencia en Canadá, sólo los niños que ya presentan tendencias a comportarse violentamente son aquellos en los que el contenido violenta puede influir negativamente. Esas tendencias, obviamente, responden a otros factores que dependen más de la familia y educación.

En el caso particular de la pornografía, si esta conduce a la “degradación moral” (lo que sea que eso signifique) de la sociedad, como se sostiene en el Proyecto, resulta también sumamente discutible. ¿Cuál es el estándar de moral que queremos en nuestra sociedad? ¿Debe siquiera el Estado preocuparse de imponer o perseguir un estándar moral? ¿Es más inmoral consumir pornografía que consumir licor, tabaco o automóviles deportivos? Soy de la opinión de que el Estado no debe inmiscuirse en temas morales, debido a que éstos resultan muy subjetivos y resulta muy complicado establecer estándares que permitan una adecuada regulación. Por lo demás, me resulta complicado creer que un niño o adolescente adecuadamente criado y educado vaya a “pervertirse” por ver una película pornográfica o una película violenta. ¡Cuidemos a nuestros hijos y no le pidamos a la televisión que sea la niñera!, como bien dijo Stan en algún capítulo de la no pocas veces censurada South Park.

Existen otros factores a los que se debe poner atención si se quiere disminuir la cantidad de conductas antisociales: pobreza, abandono infantil, explosión demográfica, ausencia de educación, etc. Censurar los contenidos televisivos (o de cualquier otro medio) no es la respuesta. Quizás el establecimiento de ciertas restricciones de horarios sea admisible (y digo “quizás” porque podrían existir mecanismos privados más eficientes, como el “control parental”), pero una prohibición absoluta resulta poco razonable.

La pregunta, en ese contexto, es si no hay algún otro interés subyacente al Proyecto presentado. ¿No será que el poco éxito comercial del canal del congresista Belmont,  que en parte puede atribuirse a los contenidos violentos u obscenos de otros canales, hace que le seduzca el imponer un estándar moral que “nivele la competencia”? La lógica es simple: si Magaly TV me quita rating a las nueve de la noche, prohibámosla.

En todo caso, no parece de lo más transparente que un congresista que a la vez es dueño de un canal de televisión proponga una regulación que sin duda afectará específicamente a dicha industria. Esto se llama simplemente “conflicto de intereses”. El mismo conflicto que existía cuando el mismo congresista promovía un proyecto de ley para regular a las empresas que miden el rating televisivo.

Todo parece indicar que no estamos aunque una verdadera cruzada moral (que sería equivocada, pero por lo menos honesta), sino que más bien que el Proyecto esconde un interés propio.

Así que ¡no te hagas el “angelito”, pues “hermanón”!

Nota: la imagen superior es una caricatura de Andrés Edery para la columna de Marco Sifuentes en Perú 2.1, en la que precisamente se da cuenta de cómo RBC ha solicitado que se censure material alegando incorrectamente la violación de derechos de autor.


Condones para niños…

4 marzo, 2010

https://decomunsentido.files.wordpress.com/2010/03/condones-ninos.jpg

Y ustedes qué piensan? deberían prohibirse en el Perú los condones para niños para no “fomentar” el sexo entre menores? hay en este caso una razón ética válida para la prohibición? es posible evitar conductas mediante las leyes prohibicionistas?


Polémico comercial de Pamela Anderson fue vetado en Australia

2 marzo, 2010

Pam Anderson 2009.jpg Un “atrevido” comercial de televisión, protagonizado por Pamela Anderson, fue retirado del aire por la Oficina Reguladora de Publicidad Australiana (Australia’s Advertising Standards Bureau) luego de que recibiera cientos de quejas.

No he visto el comercial y es muy probable que para algunos sea de mal gusto, discriminatorio en perjuicio de las mujeres y hasta machista. Pero ese es el tema con el mal gusto: es demasiado subejtivo, de modo tal que lo que para uno puede ser censurable, para otros es agradable o incluso hasta de calidad. Es probable que contra los cientos de quejas recibidos, miles de consumidores hayan apreciado la publicidad. Insisto, no he visto el comercial. Si contuviera alguna afirmación engañosa o denigratoria, podría tener sentido retirarlo del aire… pero si el “atrevimiento” era la excusa…

Precisamente un post de hoy de Alfredo Bullard en su blog “Prohibido Prohibir” nos explica por qué la “moral” y las “buenas costumbres” no son buenas consejeras de la Ley, tal como ya había hecho Fernando con su post del viernes último.