“No hay cama pa’ tanta gente”

“No hay cama pa’ tanta gente” es una frase acuñada por El Gran Combo de Puerto Rico que refleja una situación de escasez de un recurso (cama) para un grupo que lo necesita (gente).

Esta situación se replica en un sinfín de contextos en nuestra vida cotidiana. Así, encontraremos restaurantes llenos donde no podemos comer, combis atiborradas que no pueden transportarnos y, también, mercados laborales colmados a los que no todos podemos acceder.

Actualmente, se escuchan ciertas voces, incluyendo algunas desde el seno del Congreso, que proponen que no haya “tanta gente” universitaria para una “cama” laboral reducida. Así, ha regresado a los titulares la iniciativa del Colegio de Abogados de Lima que propone la suspensión del ingreso de nuevos estudiantes a las Facultades de Derecho del país, proposición que incluso ha sido bien recibida por otras instituciones como el Consorcio Justicia Viva y personajes reconocidos del medio como Luis Pásara. Una propuesta incluso más extensa es la del Proyecto de Ley 2340/2007-CR presentada por el grupo parlamentario aprista que persigue suspender el otorgamiento de autorizaciones de funcionamiento a nuevas universidades privadas.

Detrás de estas propuestas existe una idea madre que las justificaría: “no hay trabajo para tanto universitario” (o lo que es lo mismo, “no hay cama pa’ tanta gente”).

Si bien es cierta la escasez que aparentemente motiva las propuestas legislativas, las soluciones que plantean no sólo atentan gravemente contra las libertades de las personas sino que también pueden resultar más perjudiciales que el problema del excesivo número de estudiantes o profesionales universitarios existentes.

Si se limita el acceso de nuevos estudiantes a determinadas carreras o el número de universidades disponibles, efectivamente, se reducirá el número de profesionales universitarios, con lo cual se evitaría un desequilibrio excesivo entre profesionales y ofertas de trabajo. Sin embargo, un menor número de profesionales para nada es sinónimo de una mayor calidad. Por el contrario, con esta decisión estatal se estaría evitando que los profesionales actuales o en ciernes (los universitarios) compitan con los profesionales potenciales del futuro (los que ya no podrán estudiar una determinada carrera o los que hubieran estudiado en una nueva universidad o facultad). Y ya es sabido que a menor competencia, menor calidad.

De otro lado, y como ya advertía un lector en sus comentarios a esta noticia que rebotó Luis Carlos en el blog, estas iniciativas desconocen el derecho que tienen las personas a elegir libremente su vocación y a desarrollarse en el ámbito profesional que mejor les parezca.

Es cierto que tal vez el deseo de Juan Pérez de seguir una vocación universitaria “x” choque contra la limitada oferta laboral para desarrollar profesionalmente esa vocación, y que tal vez 10, 20 ó 100 personas compitan con Juan para obtener un mismo puesto de trabajo, pero ¿esa realidad es suficiente para impedir la persecución de ese objetivo?, ¿no tiene Juan el derecho a competir y demostrar que puede ser mejor que 99?, o por último, ¿no puede Juan simplemente decidir “malgastar” su dinero y estudiar una carrera por vocación aun cuando luego desempeñe otra profesión u oficio? Si existe una oferta y una demanda privada de carreras universitarias, ¿puede el Estado, reemplazar las voluntades de empresarios y consumidores, y decidir qué carreras se deben estudiar?

Creo firmemente que el Estado debe tener un rol activo en lo que respecta a la educación (principalmente en la educación escolar) y propugnar mejorar la calidad de los estudiantes, y evidentemente, de la oferta educativa, pero limitar esta última no es la solución.

Una primera preocupación estatal debería ser mejorar la oferta educativa pública, y para ello es necesario que las universidades estatales realmente compitan, y sientan la necesidad de ser más eficientes en su gestión. Una alternativa para ello es otorgar a los consumidores el poder de decisión del financiamiento de las entidades públicas educativas a través de un sistema de vouchers como el adoptado en Chile, bajo el cual, las instituciones educativas reciben recursos dependiendo del número de alumnos atendidos, que son poseedores de un voucher o cupón. Si el alumno decide cambiar de centro educativo, este último pierde su voucher (y su financiamiento) y lo obtiene otra institución. Ello obliga a las instituciones educativas a competir y ofrecer una mejor enseñanza a los alumnos.

Otro aspecto en el que podría tener una mejor participación el Estado, sería en la reducción de las asimetrías informativas de los consumidores de servicios educativos. Aunque puede ser cierto que haya una oferta educativa de pésima calidad, es importante que sean los consumidores los que puedan reconocer y distinguirla, para hacer una mejor elección. De igual forma, el Estado podría facilitar al público en general información sobre la relación entre una determinada carrera y las oportunidades de trabajo, para que de esta forma, las personas sepan bien cuáles son las probabilidades que tienen de conseguir un trabajo si escogen tal o cual profesión. Todo ello, sin dejar de lado que el Estado también podría cumplir un rol informativo respecto de otros oficios –no universitarios – que pueden ser muy necesarios para la sociedad, además de bien remunerados, y que posiblemente no estén siendo bien aprovechados.

En suma, antes que limitar la oferta privada educativa, el Estado debería apostar por mejorar la oferta pública, hacerla más competitiva, y optar por una política de “educación para la educación”, para que sean las mismas personas las que estén en mejor posición para escoger su futuro, profesional o no.

29 respuestas a “No hay cama pa’ tanta gente”

  1. Luis José Diez Canseco Núñez dice:

    A ver Andrés: Para comenzar estoy totalmentre de acuerdo. Iniciativas “caviares” o “mercantilistas” resultan inapropiadas. Imagínense que una ley de esta naturalza fuera aprobada por nuestro distinguidísimo e intelectulamente superior Congreso de la República: se generaría un precedente legislativo sumamente interesante.

    Unos ejemplos de sus consecuencias: como muchas casas en el Perú son arquitectónicamente feas (casas baño y casas closet), pues que se reduzcan las plazas de ingreso a las universidades que brindan dicha carrera. Debido a que la mayoría de bienes con valor agregado de que dispone el mercado peruano son importados (gozamos de una posición bajísima en el ránking de competitividad en materia de ciencia y tecnología)….. pues que cierren las facultades de ingeniería. Visto que contamos con Mario Vargas Llosa ¿para qué ofrecer estudios de literatura? Del mismo modo, fíjense que lo dicho por Porras Barrenechea, Vargas Ugarte y Basadre, amen de Riva Agüero, es lo “máximo” en cuanto a la historia del Perú. Entonces …. ¿para qué contar con facultades de historia?

    En sentido contrario, debido a que hay miles de taxis que inundan nuestras ciudades, mejor doctorar a sus conductores. ¿Qué les perece si brindamos incentivos tributarios para financiar facultades en temas que son de importancia nacional como es el caso de las “polladas”, los “pasacalles” y los “congresistas robaluces”, etc.

    Si eres bueno pues lo serás donde sea y como sea. El mercado será el que determinará qué es lo que se necesita y dónde debes de estudiar.

    Obviamente resulta penoso que hayan chicos y chicas que “gasten” su dinero en facultades de derecho tipo “sucursal” puesto que es muy probable que su educación no sea la más adecuada. Empero, en el mercado uno tiene el derecho y la obligación de equivocarse. La solución: reducir asimetrías informativas. La sociedad civil y la prensa podría hacer encuestas o informes sobre cómo les va a los que estudian en “sucursales”, así como tomar en cuenta las sugerencias de Andrés.

    Saludos,

    Lucho

    • Andrés Calderón dice:

      Maestro Lucho, muchas gracias por su comentario. Esperamos verlo continuamente por el blog.

      Estoy completamente de acuerdo con que la interacción entre la demanda de los consumidores y la respuesta de los oferentes es lo que debe dictar qué y dónde se estudia.

      Como sus creativos ejemplos lo muestran, no tiene mucho sentido limitar la oferta para dar respuesta a un problema de calidad. Si a alguien beneficio esto es a los que presentan una oferta educativa de baja calidad, pues no enfrentarán nueva competencia.

      Saludos,

      Andrés C.

  2. Su Wand dice:

    ¿No que “el mercado se puede regular solo”? Al parecer, las fallas en el mercado educativo -en este caso, abogadil, jejeje- son tan grandes que el Estado ya está tentado a extender sus tentáculos reguladores.

    A modo de acotación, la enseñanza de la carrera de derecho es una de las más baratas de la oferta educativa. A diferencia de otras profesiones, no necesita equipos sofisticados ni mayor desarrollo tecnológico. Basta una pizarra, carpetas y un “lego en la materia” para que las instituciones educativas ofrezcan a su público la enseñanza de esa carrera… así veo difícil que el Estado pueda arrancar tan preciado botín a las universidades.

    • Andrés Calderón dice:

      Hola Su, gracias por comentar.

      Sobre la existencia de fallas en este mercado, no estoy seguro si afirmas que éstas ameritan una intervención estatal o no. A mi parecer sí hay una muy importante (asimetría informativa) que motiva una actuación estatal, dirigida a reducirla; evidentemente, limitar la oferta no es una respuesta adecuada.

      Además, considerando la importancia que tiene la educación (sobre todo a niveles primarios) para el crecimiento de un país, me parece que si el Estado ignora este sector, está condenándose a un crecimiento limitado en magnitud y en el tiempo.

      Aprovecho y respondo a otro comentario que dejaste en relación a la abundancia de abogados en persecución del “sueño americano” de trabajar en un estudio de abogados. Coincido, efectivamente, que todos tienen el derecho de perseguir el sueño que prefieran (¿cómo uno se siente realizado profesionalmente? depende de su crianza y valores), de ahí que limitaciones como las que propone el CAL me parece que atentan fuertemente contra la libertad individual. Sí puede ser interesante, empero, que los “soñadores” conozcan un poco más de datos sobre el nivel de desempleo que enfrenta una determinada carrera, para ver si mantienen ese sueño.

      Saludos,

      Andrés C.

      • Su Wand dice:

        Si bien me inclino en favor de la línea liberal; no obstante, considero que mientras nuestra sociedad (familia, mensajes en medios de comunicación, amigos, nosotros mismos, etc), generación tras generación, continúe transmitiendo los decimonómicos prejuicios respecto a las profesiones liberales, artes manuales, estudios técnicos, etc.; difícilmente servirá de algo que el Estado intente superar las asimetrías informativas en cuanto a este tema se refiere.

        Por ejemplo, de vez en cuando escucho a familiares míos decirme, “muy bonitos tus cuadros, pero ¿cuándo vuelves a trabajar? (ejercer derecho, pes!!!)”.

        Esta situación de oscuridad puede revertirse y no necesariamente con intervención del Estado. Ya vemos el caso del auge de las escuelas de cocina o de turismo (me parece que lo has citado). Sin embargo, a diferencia de lo que has señalado, no creo que la sociedad civil “también” podría aportar. Mas bien, el cambio debe ocurrir PRIMERO en la sociedad civil y para ello, la difusión de información sobre las cifras de desempleo no es suficiente (dado que este país es el reino del subempleo).

        Sobre tu respuesta al asunto del “sueño americano”, no me refería a trabajar en un estudio, sino al hecho de ser abogados (me parece que en tu respuesta ha aflorado algo de tu subconsciente ;P).

      • Su Wand dice:

        Quiero aclarar que al decir que me adscribo a la “línea liberal”, me refiero -en resumidas cuentas- a que me aúno a los planteamientos de tu artículo (salvo en el tema del rol del Estado como principal reductor de las asimetrías informativas).

        Esa es la razón por la que en mi comentario inicial no senté posición alguna. Finalmente, te felicito (también a los demás chicos) por la iniciativa del blog, está super interesante y ya veo que lo voy a disfrutar mucho.

        Saludos y gracias

  3. María Antonieta Merino dice:

    Coincido en que el problema no se soluciona restringiendo el acceso a las facultades. Es cierto que somos un montón (creo que el Perú podría dedicarse a exportar abogados) pero la salida no es esa. Sin embargo, sí creo que el principal problema, no es que la oferta educativa estatal es mala (que no lo discuto) sino la increíble asimetría informativa que existe sobre lo que el mercado quiere y una gran dosis de “cultura” por parte de la sociedad que cree que sólo siendo portador de un cartón universitario tiene el futuro asegurado. El problema es tan grande que no radica sólo en los abogados, sino también en otras profesiones (¿no se han dado cuenta de la cantidad de administradores que existen?) Ahora hay un interesante giro en la educación en el Perú, ya no habrán tantos abogados como chefs y ya no proliferarán tantas facultades de derecho como escuelas de cocina. No creo que la apertura de esas nuevas escuelas sea porque la oferta educativa para las carreras de derecho esté peor (y sobre esto, me reservo mis comentarios), sino porque existe un “boom” culinario y los “consumidores” de estas ofertas educativas están migrando a propuestas más interesantes. En resumen, creo que basta que se sepa que existen más ofertas educativas que pueden ser igualmente rentables o mucho mejores para revertir la proliferación de abogados, administradores, ingenieros, etc. Y eso sí es una tarea pendiente del Estado en materia de política educativa.

    • Andrés Calderón dice:

      Hola María Antonieta, gracias por tu comentario.

      Coincido en que no se trata de un problema que involucre únicamente a abogados, sino a otras carreras u oficios.

      Sí creo que el Estado puede aportar mucho si es que ayuda a que los potenciales estudiantes y padres tomen conocimiento de otras carreras u oficios interesantes, con una demanda laboral creciente. Aun así, y en referencia al “boom” por las escuelas de cocina, considero que la sociedad civil puede aportar mucho también, creo que ha sido la prensa la que ha mostrado o descubierto nuevos nichos laborales.

  4. Joc Bellota dice:

    Hola Andrés, de acuerdo en la mayoría de lo mencionado, pero como dices si lo que tiene que hacer el Estado es mejorar la oferta educativa pública y para ello se necesita que las univ. estatales compitan, como conjugamos esto con el rol del Estado en el mercado….ya que probablemente tendremos mejores universidades públicas pero con claras ventajas “desleales” (ciertos beneficios, subsidios, etc) sobre los privados.

    Por otro lado, si bien creo que va ser el consumidor el que al final distinga las buenas de la malas universidades….. un tema importante son los requisitos para formar una universidad los cuales deberían incluir algunos requisitos mínimos (no sé, se me ocurre infraestructura p.e.). También creo que podrían implementarse algunos sistemas de gestión de calidad que incentive a las universidades a una mejora continua (esto funciona en algunas instituciones) …saludos.

    Jose Carlos

    • Andrés Calderón dice:

      Hola Joc, gracias por comentar el blog.

      Me imaginaba que podrían haber cuestionamientos a la propuesta de hacer competir a las universidades públicas, porque ello entraría en conflicto con el rol subsidiario del Estado.

      Como regla general, creo que el Estado no debería competir con los privados, no sólo porque cuenta con ventajas inmerecidas (subsidios, no enfrenta un control por parte de sus accionistas, tiene menores riesgos o protección frente a la quiebra), sino principalmente porque tiene muchos incentivos para actuar anticompetitivamente. Recomiendo revisar los trabajos Geddes, y de Sappington y Lipsky en “Competing with the government” http://www.hooverpress.org/productdetails.cfm?PC=1032

      Ahora, yo no sé si la oferta privada sea realmente suficiente en el sector educación. Creo que no, razón por la cual la intervención estatal aún sería subsidiaria. Sin embargo, no quiero ocultar que tengo una posición especial respecto del sector educación, que motivaría una intervención estatal promotora y hasta incluso” empresarial”, por sus características particulares (asimetría informativa, las externalidades positivas que genera y a las que hacía referencia César en su comentario, y la cautividad relativa que puede tener respecto a alguien que ya eligió una escuela, instituto o universidad).

      Respecto de las condiciones de calidad mínimas, creo que un sistema de acreditación más eficiente ayudaría. No le doy mucho énfasis a este tema porque creo que es difícil de gestionar y considero que la información puede ayudar más en el largo plazo, e incluso hacer menos necesarias las regulaciones de calidad.

      Saludos,

      Andrés C.

  5. Wilson dice:

    “El mercado será el que determinará qué es lo que se necesita y dónde debes estudiar” (recogido del primer comentario). Con esa lógica seguimos creando a los infelices que pueblan el mundo.

    • Andrés Calderón dice:

      Hola Wilson, gracias por participar en el blog.

      No entiendo bien tu referencia a “los infelices que pueblan en el mundo”.

      Respecto del primer comentario, creo que la frase que cuestionas (entiendo) trata de reflejar -y bien, en mi opinión – que con mejor información son las propias personas las que pueden definir mejor su futuro educativo y laboral, antes que una decisión estatal que prohiba una carrera o nuevas ofertas (universidades, institutos, etc.), como es el caso de los proyectos que se comentan.

      Saludos,

      Andrés C.

  6. Andrés Calderón dice:

    Raúl Alosilla comentaba que un amigo le había dicho: “Si los chibolos se meten a estudiar Derecho sabiendo que la calle está dura… su roche ps”

    Aunque no sea buena publicidad para los liberales, como dijo César, no creo que la frase deje ser muy cierta: uno tiene el derecho de equivocarse o tomar altos riesgos, si quiere. A ese que se arriesgó no se le puede culpar por estar desempleado (es su decisión) ni mucho menos por competir, ganar y quitarle un puesto de trabajo a otro.

    Saludos,

    Andrés C.

  7. cesar dice:

    Andrés:
    coíncido en parte contigo. Creo que quizás la prohibición de crear más escuelas de Derecho no sea la mejor medida, pero creo que la sobreabundancia de abogados refleja un problema, que de alguna manera se debería solucionar, y no me parece evidente que cualquier intervención estatal sea mala o perjudicial.
    Tampoco me parece evidente que la única medida sea atacando la asimetría informativa. Tengo la impresión que la educación tiene muchas características de los bienes confianza y experiencia, los cuales no se solucionan sólo con la diseminación de información. Hay abundante bibliografía al respecto. Para que te percates que tu educación no sirve pueden pasar varios años, pero la inversión ya la hiciste.

    De otro lado, la educación produce externalidades positivas y negativas en el bienestar de la población. Esta puede tener un efecto multiplicador en el bienestar de las familias y en su productividad de los trabajadores y de las empresas, lo cual podría justificar la intervención pública. Aquí habría que hacer un análisis costo beneficio sobre las fallas de mercado y de gobierno para ver si vale la pena intervenir.

    Otro punto, el problema de la educación universitaria no se ubica sólo en las universidades públicas, sino también en las privadas. Hay que ver los rankings de universidades para dar una mejor apreciación sobre si las universidades privadas son, en general, mejores que las públicas. Por ejemplo, la San Marcos, la UNI y la Agraria son buenas universidades. Creo que salen bien ubicadas en los rankings de la ANR. Habría que revisar si hay info en GRADE.
    En mi experiencia profesional, he conocido muchos buenos profesionales abogados de la San Marcos y que muchos de ustedes conocen.
    Con relación a la elección de las carreras, no es evidente que el Estado no pueda afectar de algún modo la decisión de los adolescentes, por las externalidades que puede tener dicha elección en el bienestar global de la sociedad.
    Si lo ves sólo desde un punto de eficiencia no me parece evidente que el Estado no pueda influenciar en la elección de la carrera. De lo poco que he leído sobre la materia, China y Singapur son países que influyen o incluso obligan – en el caso de China – qué carreras deben estudiar sus jovenes. China establece cuántos científicos, ingenieros, matemáticos, economistas, etc., necesitan y los obligan a estudiar. En caso contrario, no tendrán un trabajo o acceso al aparato estatal. Y si comparas el nivel de incremento en el PBI y de perspectiva logrado por China parece que no es una mala política medida en términos del incremento del PBI. Ciertamente, habría que evaluarlo con la falta de libertades, etc., para ver si nosotros como sociedad estaríamos dispuesto a aceptar eso.

    Yo no creo que debemos obligar a los adolescentes peruanos a estudiar determinadas carreras. Ahí si creo que el argumento de la libertad es importante y es un argumento fuerte frente al argumento del bienestar social.

    Si mal no recuerdo, en clases, Alfredo Bullard decía que los países que tenían o producían mayor cantidad de ingenieros incrementaban su PBI, mientras que los países con mayor cantidad de abogados lo disminuían. Y ello se debe a que las ciencias aumentan la productividad, mientras que las letras no necesariamente. Con esto no quiero decir que no sean importantes y, menos aun, que se prohiba estudiar letras. Sólo que hay carreras que tienen un efecto multiplicador en la sociedad que otras no tienen.
    Ahora bien, ¿cómo hacer para orientar a la población para que elijan las carreras más productivas frente a la no productivas? Yo no lo sé, habría que estudiar las experiencias de China, Japón, Singapur, la India, EEUU, Europa y los países nórdicos. A ver si te animas.
    bueno lo dejo ahí, salió un poco largo,
    un abrazo,
    César

    • Andrés Calderón dice:

      Hola César, gracias por tu acusioso comentario; creo que tenemos más coincidencias que discrepancias.

      Aun cuando podría haber un nivel óptimo de cada profesión atendiendo a las necesidades y ventajas de cada país, noto que tú también te muestras reacio a que el Estado pueda imponer/prohibir a las personas el estudiar una u otra carrera u oficio.

      Con cargo a -con un poco más de tiempo- revisar y compartir más información al respecto, comento por lo pronto que el Estado debe tener un rol promotor antes que definidor de las ocupaciones de las personas. Ello parte también de una concepción liberal del Estado, en el que éste es un medio para facilitar la realización individual de las personas, pero no para imponer un determinado proyecto en procura del “bien común” (que será definido con mayor o menor acierto dependiendo de las personas y los incentivos de quienes conforman el Estado).

      Saludos,

      Andrés C.

  8. Mili Alcalde dice:

    Hola Andrés, antes que nada quiero felicitarte por el artículo, a todos los editores por la iniciativa del blog y también a la mayoría de los que han hecho comentarios interesantes, y no comentarios vacíos o poco informados como los de otros blogs en los que se ha comentado este proyecto de ley, y las personas se han limitado a expresar sus prejuicios y odio sobre los abogados y parece que desahogaran toda la ira acumulada en la semana al referirse a ellos.

    La propuesta comentada es a mi parecer sospechosa, desde el momento en que quienes la plantean son los señores del CAL. Los colegios profesionales desde siempre han actuado como reales barreras de entrada a los mercados profesionales y no es raro que en ese afán por limitar la competencia, den propuestas como éstas desconociendo olímpicamente las libertades de aquellos jóvenes amantes del riesgo que sienten tanta vocación hacia ésta carrera, que están dispuestos a hacer frente al obstáculo de la escacez de puestos de trabajo (y también a los prejuicios que estigmatizan a todos los abogados) con optimismo y empeño.

    Pero para aquellos adolescentes que entran a Derecho, porque simplemente no les gusta los números, y que no tienen claro qué quieren hacer con su vida, creo que serviría de mucho la reducción de la asimetría informativa sobre el estado del mercado laboral en cada carrera, para que con esa información opten tal vez por carreras en las que haya más oportunidades.

    Saludos

    Mili

  9. Andrés Calderón dice:

    Coincido contigo Su. Hay demasiados prejuicios respecto de las carreras, y el cambiarlos va a depender de la misma sociedad antes que del Estado.

    Por cierto, mi “sueño” (americano o no) se acerca más a una carrera más artística como la tuya y no a la del abogado jaja. Ojalá se me contagie tu valentía.

    Qué bueno que te guste el blog y esperamos verte seguido por aquí.

    Andrés C.

  10. Mario Zúñiga dice:

    Andrés,

    Totalmente de acuerd. Su Wand, bienvenida al blog!! Visítanos seguido!

    Aparte del tema de fondo, hay algo a lo que creo vale la pena tomarle atención a propósito de este proyecto: lo poderoso que el lobby del CAL en el Congreso. A pesar de ser un gremio con una gran cantidad de profesionales, el número de gente que lo integra no es mayor al de otros grupos de interés. Sin embargo, dado que muchos congresistas y casi todos los asesores son abogados, el CAL tiene bastante llegada. Así, por ejemplo, se logró influir que en los gobiernos de Paniagua y Toledo se retrocediera en las reformas de simplificación administrativa relativas a la propiedad… los notarios hubieran perdido demanda cautiva y mucho dinero con esas leyes. Miren también la llegada que tuvo el nefasto código de consumo de Gutiérrez Camacho (claro, también porque había sido pedido por Alan).

    Me da miedo, en ese sentido, que cerrar el ingreso al mercado de nuevos abogados sea el primer paso de una estrategia… que contemple luego la fijación de honorarios mínimos, prohibición de publicidad, prohibición de ofertar a clientes de otros abogados y esas perlas gremiales… difícil porque el mercado es muy competitivo, pero, qué les puedo decir… me da miedo.

    Saludos,

    Mario

  11. Sandra dice:

    Hola Andrés,

    Coincido contigo en lo que planteas, pero creo que el problema de la no correspondencia entre la oferta y la demanda no solo se restringe a la carrera de Derecho, sino que se refiere en general a toda (o casi toda) la educacion superior del país.

    En el segundo gobierno de A. Fujimori, la CONAFU (1995), así como el DL de Promoción de la Inversión Privada en la Educación (1996) propiciaron la proliferación de universidades y facultades más allá de si había trabajo o no para sus egresados. El criterio rector fue el lucro, no el de la educación.

    El problema entonces es más complejo y no deberíamos perder un doble punto de vista, ya que se trata sólo de un tema cuantitativo (cantidad de universidades y egresados) sino también de calidad (mediocrizacion de la formacion).

    Creo que el debate no está poniendo sobre la mesa un tema urgente y muy importante: el diseño y puesta en marcha (de una vez) del sistema de acreditación y evaluacion de la educación superior en el país. ¿Que opina la ANR frente a todo esto? ¿están realmente interesados en controlar la calidad o siguen lucrando con la educación superior? ¿y el MED, se da abasto para esto? La acreditación de facultades y carreras es una política urgente que no debería postergarse más, ni esconderse detrás de debates circunstanciales. Ello garantizaría la libertad para los que quieren realmente estudiar, la libertad de elegir donde estudiar (aunque depende en muchos casos de los recursos), mejoraríaa el mercado laboral, y quizás hasta tendríamos menos “fugas de talento”…

    No sé, son ideas que me vienen a la mente, porque creo se piereden de vista cuestiones fundamentales que están detrás, y que más temprano que tarde deberían abordarse.

    Saludos,

    Sandra

  12. Jesús Espinoza dice:

    Andrés felicitaciones por tu primer trabajo en el blog. Me parece que gran parte de los postulantes a la carrera del derecho o sus padres están informados de que hay una oferta excesiva de abogados en el mercado laboral. Este es un tema que es conocido por toda la sociedad (basta caminar por la calle Azángaro y los alrededores del PJ para ver una señal del problema) y, con la sobrepoblación de abogados, creo que en el grupo de amigos o la familia siempre encontrarás a uno que te advertirá de ello.

    Si pese a la información disponible deciden estudiar derecho, probablemente las razones se encuentren en que a) el mercado sigue remunerando en promedio de manera distinta a quienes estudian una carrera universitaria de aquellos que solo completaron la educación secundaria o siguieron una carrera técnica; b)el producto estrella de las universidades “low cost” es la carrera de derecho; c) si bien los postulantes y sus padres conocen del problema de la sobreoferta de abogados no logran ponderar adecuadamente el riesgo individual de desempleo.

    Si bien la creación de un mayor número de facultades de derecho ha favorecido al grupo de consumidores de las “low cost”, coincido contigo en que el Estado debe tener un rol más activo en la mejora de la calidad del servicio educativo impartido, en tanto que las graves deficiencias en la calidad de la enseñanza legal aumentan los costos en el sistema de administración de justicia y, por tanto, pasan factura a toda la sociedad. Parte de la solución pueden ser requisitos de acceso al mercado más estrictos, mayor rigurosidad en los procesos de admisión y un sistema de acreditación o evaluación de las universidades como en otros países.

    También coincido contigo en que el Estado debe mejorar la calidad de la oferta educativa pública, de manera que aquellas personas de escasos recursos – que no pueden pagar los precios de una universidad privada – accedan competitivamente al mercado laboral.

  13. cesar dice:

    Andrés:
    (i) si una persona quiere construir una casa a un metro del Rio Rimac, ¿se lo permitirías? O tú crees que una norma que prohiba que se construya casas a un metro de los Rios es violatoría de la libertad de las personas.
    Si es así, por ejemplo, una norma que establezca que no se construya en zonas tierras arenosas en Ica sería inconstitucional, porque estaríamos vulnerando su derecho a elegir dónde vivir, pese a que sabríamos que si ocurre en un terremoto es casi seguro que se caiga.

    (ii) ¿tu análisis variaría si vive con sus hijos? la idea es que la decisión del papá tendría efectos sobre terceros. Algo parecido se dice con los adolescentes. Los efectos de la decisión en el 2000, lo veremos en el 2007, y no sólo lo sufrirán el adolescente, sino también su futura familia. ¿dejamos que todos sufran? La respuesta sería para que se casaron con esa persona. Ese argumento es, quizás, aceptable en el caso del decisor y su pareja (a mi no me parecen indolentes en términos generales, pero puedo concederlos), pero ¿y en los niños? ¿dejarías que las personas tomen decisiones que pueden afectar a sus futuras familias?

    (iii) tú crees que un adolescente de 15 o 16 años está en la capacidad de analizar adecuadamente una decisión que lo puede afectar, por lo menos, los próximos 6 o 7 años, si estudia Derecho. Si no mal recuerdo, la gente de Magis Pucp dice que la personalidad y tu cerebro se terminan de formar a los 20 años. Y yo creo que un nivel adecuado de madurez lo adquieres a los 25 o 30 años.

    Yo creo que, como ya dije, la prohibición de crear escuelas de Derecho no es la mejor solución, pero tampoco creo que el problema de la educación no se arregla sólo con información, sino que realmente tiene que existir un mix de políticas que permitan (i) que las personas tomen decisiones adecuadas; (ii) que en caso tomen una decisión inadecuada, esta decisión no los persiga toda su vida; (iii) que la decisión individual, por lo menos, no perjudique a terceros, entre otros aspectos. Quizás, un modelo de análisis de problemas complejos podría ayudar.
    saludos,

  14. cesar dice:

    como escribí el texto a la primera, se me pasaron algunos errores, por ejemplo, donde dice: “a mi no me parecen indolentes en términos generales”, debe decir “a mí, me parecen indolentes en términos generales”.
    saludos,

  15. Hugo Gómez A. dice:

    Andres y amigos.

    Todos tienen derecho a estudiar derecho. Un periodista puede querer hacerlo para estar más preparado en sus entrevistas. Un historiador porque está investigando la evolución de nuestras constituciones y códigos. Una mujer de 60 años para cumplir una meta personal frustrada o dar un buen ejemplo a sus nietos. Un comerciante para ampliar su cultura. Un jubilado que quiere conocer sus derechos. Otro buscando una satisfacción personal. Y en todos estos casos ninguno está buscando un puesto de trabajo en el Poder Judicial o en un estudio de abogados.

    Pensar en que todo aquel que estudia derecho lo que busca es un salario es subestimar a las personas.

    Coincido con ustedes, la propuesta de suspender el ingreso de estudiantes a las facultades de derecho
    es un despropósito. Evidencia la estrechez de mente de los proponentes.

    Saludos

  16. Jesús Espinoza dice:

    Andrés:

    Felicitaciones por tu primer trabajo en blog. Creo que los postulantes o sus padres tienen en general información sobre la oferta excesiva de abogados en el mercado laboral. Con la “sobrepoblación” de abogados ahora en toda familia o en el grupo de amigos siempre existirá uno que te advertirá de la situación del mercado laboral y, además, la calle Azángaro y los alrededores del PJ son una muestra del problema.

    Si pese a la información disponible deciden postular puede deberse a (i) un asunto de preferencias o vocación; (ii) el mercado sigue remunerando en promedio de manera distinta a aquellos que siguen una carrera universitaria de aquellos que se inclinaron por una carrera técnica o solo culminaron la educación superior (hay estadísticas al respecto y para muchos la educación puede ser vista como cualquier proyecto de negocios en el que se espera una tasa de retorno de la inversión); (iii) el producto estrella de las universidades “low cost” – que han atendido una demanda insatisfecha – es la carrera de derecho.

    Coincido contigo y con los comentaristas de que la propuesta del proyecto de ley no soluciona el problema ni las externalidades que pueda generar una oferta excesiva de abogados sobretodo de baja calidad (aumento en la tasa de litigio y en los costos de la administración de justicia). El Estado debe poner más atención en la mejora de la calidad del servicio educativo. Debe reforzarse los requisitos para la creación de nuevas facultades de derecho, los procesos de admisión a las universidades e implementarse sistemas de acreditación y evaluación de los programas como en otros países. Reforzar la oferta pública educativa también es una tarea pendiente del Estado, de manera que los estudiantes de escasos recursos y de capacidad académica acreditada puedan acceder competitivamente al mercado laboral.

    Saludos,

    Jesús

  17. Gustavo Rodríguez García dice:

    Totalmente de acuerdo con el comentario. Me parece interesante que se haya tocado el tema en el blog. El mercado libre de forma espontánea genera, a mi juicio, espacios para todos. Si es que la premisa base de la propuesta es que existen demasiados abogados al punto que una gran porción de ellos quedará desempleado, lo cierto es que el mercado se encarga de generar espacios para las personas con ciertas capacidades y para aquellos que tiene otras (incluso menores). Es una aplicación más del principio de ventaja comparativa. Me parece, en suma, que la propuesta parte del convencimiento que una regulación gubernamental puede asignar mejor a los profesionales a los puestos de trabajo que el propio mercado.

  18. cesar dice:

    Aquí pueden encontrar algo de data sobre la educación en general y su rentabilidad para que el tema se analice sobre HECHOS y no sólo sobre ideología.
    El autor es Gustavo Yamada, PHD en economía por la Universidad de Columbia.
    http://cies.org.pe/investigaciones/educacion/mercado-laboral
    Es interesante ver los cuadros para ver la remuneración de las profesiones, las horas trabajadas, etc.

  19. Estan muy buenos los comentarios. Aqui algunas ideas complementarias:
    – El valor y los sueños son subjetivos y personales. Por eso todos tenemos derecho a elegir (asi nos equivoquemos…).
    – Nunca le dimos a los politicos el derecho a que nos impongan una opcion a traves de las leyes, al menos que yo recuerde. Eso es totalitarismo… y a los que les gusta deberiamos aconsejarles fijar residencia en Venezuela!!
    – Los que no creen en el poder de la demanda para conducir la economia -y quieren ganarse sus puntitos politicos- suelen proponer “soluciones” basadas en limitar la oferta. ¿Cuando aprenderan que la demanda manda? Y que con restricciones a la oferta -que tiene demanda- solo se genera informalidad y corrupcion pero en ningun caso se cambian las preferencias.
    – El Estado debe comenzar a apostar por empoderar al individuo con informacion, educacion, y libertades… en vez de ofrecernos prohibiciones arbitrarias.
    – El problema en la sobre-oferta de algunos profesionales, creo que se basa esencialmente en falta de informacion y en prejuicios que vienen de nuestros padres y abuelos. Por eso concuerdo en que la respuesta debiera ser campañas informativas publicas o privadas (como me gustaria ver a una ONG haciendo esta chamba!!)… y no solo destinadas a informar acerca de oportunidades en otras areas sino tambien a romper esos prejuicios colectivos que tanto daño hacen a los individuos.
    – Para muestra un boton: hace poco fui testigo de una conversacion entre dos tias que rajaban a sus anchas de como su sobrina habia elegido casarse con un contador… y agregaban, muy lucidas ellas, “es que aun cuando se este yendo a hacer su maestria a españa, siempre sera un simple contador”….. eeeeeeeeeeeeeeeeeen fin

  20. cesar dice:

    Una pregunta:
    ¿ustedes creen que una universidad pública debería enseñar ingeniería, medicina y derecho? O sólo debería concentrarse en ciencias y medicina.
    Si tenemos un sol,¿debemos repartirlo de igual manera en las ingenierías, biología, medicina y Derecho? ¿O incluso deberías invertir, con nuestros impuestos, en Derecho? ¿se justificaría que las universidades privadas tengan los mismos beneficios tributarios por enseñar Derecho que ciencias?

  21. […] compartir con ustedes un importante artículo publicado en el blog De común sentido. El texto titulado “No hay cama pa’ tanta gente” escrito por Andrés Calderón […]

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