Se habla en particular de una partida de 8 millones de soles para financiar la reconstrucción del Templo del Señor de Luren.

Si bien según el artículo 50 de la Constitución Política del Perú “el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración”, me parece que hace algún tiempo dejamos de ser un Estado confesional y pasamos a ser un Estado laico, ¿no?

Además, el artículo 2 de la misma constitución establece la igualdad ante la Ley, incluyendo el factor religioso y consagra la libertad de conciencia y religión. ¿Por qué entonces debe el Estado subsidiar a una institución religiosa? ¿Por qué no a otras? ¿Por qué a cualquiera de ellas?

Llama la atención, por lo demás, que no se haya hecho a la iglesia responsable (como cualquier otro establecimiento) de la gran cantidad de víctimas que se produjeron al interior del mencionado templo, debido a su mal estado.

¿Ustedes qué opinan? ¿Debe el Estado financiar la reconstrucción de templos católicos?

Pero la “Ley de costos y precios justos” (la “Ley”), vigente desde el pasado martes es sin duda un paso decisivo hacia una economía centralizada; es uno de los últimos tramos del “espiral regulatorio” del que hablamos en un post anterior. Según la Ley, la recientemente creada “Superintendencia de Precios y Costos” tendrá la facultad de revisar los procesos productivos de empresas en todos los sectores de la economía, analizar los costos que “realmente estén vinculados al proceso productivo” y, de ser el caso, reajustar los precios que éstas cobran, con la finalidad de lograr “criterios justos de intercambio” y “propiciar la implementación de precios y costos justos a través de mecanismos que permitan sincerar costos y gastos”.  Paradójicamente, la Ley también menciona entre sus objetivos el “incrementar la eficiencia económica como factor determinante en la producción de bienes y servicios”.  Curiosa forma de lograr eficiencia esto de controlar los precios.

Según la exposición de motivos de la Ley “el poder monopólico o monopsónico y la cartelización, se han constituido en la política aplicada, por los empresarios, para dominar el mercado, siendo ellos quienes fijan los precios y condiciones comerciales, que no se corresponde a referentes internacionales ni obedecen a una estructura de costos justificable”.  Además, se señala que “La generalización de prácticas especulativas produce niveles de inflación exacerbados, que terminan erosionando no solo el poder adquisitivo de la población, sino el potencial de las pequeñas y medianas empresas y con el comercio minorista, impidiendo el desarrollo económico de alternativas productivas y de mayor número de iniciativas empresariales”.

Una Ley que pretenda controlar los precios de industrias en las que existe competencia no resiste el menor análisis. La historia y la economía nos han enseñado repetidamente que este tipo de controles son absurdos y no sólo no consiguen su cometido, sino que tienen otros efectos perniciosos. Vale la pena, de todos modos, explicar por qué esta Ley no tiene sentido, no funcionará e, incluso empeorará la situación de la gran mayoría de venezolanos.

No hay tal cosa como un “precio justo”

Aunque hay algunos intentos vagos de definición, nadie puede decir con total certeza cuando un precio es “justo” o cuando es “excesivo”. Si dos partes entran voluntariamente en una transacción es porque creen que esta les reporta un beneficio. Y, salvo que estamos ante un caso de fraude (caso en el que sí estaríamos de acuerdo con una intervención estatal para proteger a la parte afectada) probablemente en realidad les reporte tal beneficio. Ambas partes valoran más lo que reciben que lo que dan a cambio. Si dicha transacción beneficia a vendedor y comprador, no hay razón alguna para que el Estado intervenga en ella. Claro, alguien dirá que a veces la gente compra a un precio “alto” porque “no le queda otra”. La necesidad de las personas es frecuentemente utilizada como un argumento para intervenir en el mercado. Pero en la gran mayoría de casos dicha necesidad no es tal, ya que los productos tienen sustitutos razonables en el mercado, lo cual nos permite cambiar de producto si encontramos que un precio excede nuestro “precio de reserva”.

En mercados razonablemente competitivos (que son la gran mayoría) los productores sufren una efectiva presión competitiva de otros productores que producen  el mismo bien u ofrecen el mismo servicios, de otros productores que producen u ofrecen bienes similares, e incluso de personas que no están en el mercado, pero pueden verse motivados a entrar si las ganancias son “atractivas”. Esta presión competitiva hace que los productores, que sí, obvio, quieren cobrar lo más posible, deban fijar precios competitivos para sus productos (más baratos o similares al equilibrio de mercado) de lo contrario, perderían clientes y ventas.

Entonces, si en un mercado competitivo, no es que los productores fijen precios “exorbitantes” para “explotar” al consumidor. Los productores fijan el precio que el mercado, que la gran masa de consumidores y otros productores, en conjunto, fija a través de sus decisiones de producción y consumo. Esto es lo mejor que podemos conseguir para productores y consumidores, por lo que no hay precio más justo que aquel que fue libremente acordado.

Debe tomarse en cuenta, además, que los precios no son sino señales que permiten a los productores tomar decisiones en beneficio de los consumidores. Un precio “muy alto” por ejemplo, es una señal para el productor de que hay demanda por un determinado bien y debe producirlo en mayor cantidad, satisfaciendo así las necesidades de un mayor grupo de consumidores o atendiendo un mercado que antes no se atendía.

El poner un precio “fijo” en ese sentido, destruirá el sistema de información e incentivos constituido por la fijación libre de precios. Aniquilará la competencia, en virtud de la cual recibe mayores ingresos quien da un mejor servicio y ofrece mejores productos.  En un sistema de control estatal de precios, ganará más quien haga mejor lobby o tenga más conexiones con el poder o el burócrata de turno.

Los alegados monopolios no son tales

Como reseñábamos líneas arriba, según la Ley “el poder monopólico o monopsónico y la cartelización, se han constituido en la política aplicada, por los empresarios, para dominar el mercado, siendo ellos quienes fijan los precios y condiciones comerciales”. No obstante, no se explica como la Ley se aplica, sin filtro alguno a todos los sectores de la economía. La Ley no contempla un análisis técnico de mercados relevantes o de la posición de dominio de una empresa antes de intervenirla para analizar sus costos y fijar sus precios (no es que en ese caso la fijación del precio fuera deseable, pero por lo menos el argumento del poder monopólico no sería una farsa).

Estoy seguro que al leer el término “monopolio”, incluso si no es un economista o abogado experto en temas de competencia y regulación, pensó en una compañía de teléfonos, agua o electricidad. Quizás, en una aerolínea . Pero no. De hecho, y aunque parezca una broma, en el primer paquete de productos cuyos precios fueron congelados figuran productos tan “monopólicos” como el agua natural, el jugo de fruta, el cloro, el jabón, el lavaplatos líquidos, los limpiadores, el champú, los desodorantes y…, sí, el papel higiénico y los pañales desechables.

El gobierno no tiene los recursos ni el expertise para controlar todos los precios

Incluso funcionarios del propio gobierno venezolano han reconocido que el Estado es incapaz de controlar todos los precios de la economía. El presidente del Banco Central Venezolano ha señalado que una economía “no puede funcionar toda sujeta a un mecanismo de ley de precios”, y que solo “van a haber algunos sectores que van a estar monitoreados de manera permanente”. “Son más o menos unos 500 mil precios que funcionan”.

Pero, asumamos, por un momento, que el gobierno venezolano lograra reunir personal capacitado para vigilar costos de las miles de empresas operando en el mercado. ¿Qué haría para fijar un “precio adecuado”? ¿No nos encontraríamos acaso ante el “problema del cálculo” que, como nos enseñó Mises, hace el socialismo inviable? ¿Y a qué costo se haría esto?

En realidad, el fijar un precio administrativamente lo único que va a conseguir es disminuir las ganancias de los productores y o incluso causarles pérdidas. Reducirá la flexibilidad que tienen las empresas para ajustarse a la demanda, lo cual a su vez generará escasez de productos, en perjuicio del consumidor.  Y, como sabemos, “el producto más caro es el que no encuentras”.

Es el gobierno el que causa la inflación

También en su exposición de motivos, la Ley culpa al sector privado de la gran inflación que reina en Venezuela. Las empresas suben los precios porque quieren cobrar más. No obstante, como nos enseña el maestro Milton Friedman,  la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario (“inflation is always and everywhere a monetary phenomenon”): así como en cualquier otro mercado en el que cuando un bien es abundante, su precio baja, lo mismo pasa con el dinero. Cu”ando el Estado pone demasiado dinero en el mercado, su valor relativo baja, vale menos y, por ende, nos alcanza para comprar menos cosas.

Esto es precisamente lo que pasa en Venezuela: “el Estado gasta a manos llenas, pone en manos del público una cantidad de bolívares que no se corresponden con el volumen de productos y servicios, cuando aumenta la demanda y no se corresponde con la oferta se genera inflación, generando una presión tremenda entre la oferta sobre la demanda”.

Es el gobierno el que incrementa los costos de producción

Al igual que con la inflación, el incremento de una gran cantidad de costos de producción no es atribuible, sino al propio gobierno venezolano, que con aranceles, regulación y precios de insumos regulados no ha hecho sino encarecer enormemente los procesos productivos. En muchos casos, incluso, empresas que compran insumos regulados deben pagar más por éstos que lo que pueden cobrar al consumidor, viéndose obligadas a producir a pérdida.

 No se reconocerán todos los costos

Y para agravar más aun lo descrito, la Ley no reconocerá todos los costos en los que los empresarios incurren para llevar un producto al mercado. No se reconocerán, por ejemplo, los costos de representación, marketing, publicidad, gestión de intereses, entre otros que no están “ligados directamente a la producción”.

Además, se ha señalado que en cuanto a los costos de importación sólo se reconocerá el tipo de cambio oficial de la Comisión de Administración de Divisas – CADIVI (que es la agencia encargada del control cambiario), ascendente a aproximadamente 4.3 bolívares por dólar.  No obstante ello, en Venezuela también existen otras formas oficiales (es decir, aparte del mercado negro, que paga casi el doble) de obtener dólares para importar, tales como las emisiones de bonos en dólares adquiribles en bolívares (que cotizan alrededor de 5.8 bolívares por dólar) y el Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera (SITME, que cotiza alrededor de 5.3 bolívares por dólar). Se estaría, en ese sentido dejando de reconocer una gran parte del costo real de elaborar productos con insumos deportados.

Como podemos apreciar, la Ley reúne todos los elementos necesarios para convertirse en el “tiro de gracia a la empresa venezolana”. Pero claro, las empresas tienen, al igual que las personas que las conforman, un “instinto de supervivencia” que generará dos reacciones: muchas empresas simplemente saldrán de determinados mercados. Como ninguna empresa quiere (ni puede) producir a pérdida, se dejarán de producir aquellos productos regulados cuyo precio se fije por debajo del equilibrio de mercado. Y esto agravará, nuevamente, la escasez en perjuicio del consumidor. Otros empresarios optarán por salir del mercado formal y generar “mercados negros”, no controlados por el Estado, en el que podrán vender sus productos a un precio tal que les reporte un beneficio. Pero claro, trabajar en la informalidad tiene otros costos y limitaciones que, en definitiva, afectarán severamente los ingresos del productor.

Fuente imagen: panfletonegro.com

Leyendo el periódico todos los días, sentía que estaba viviendo la fábula del “espiral regulatorio” de la que nos habla Alfredo Bullard. La fábula, para los que no la han escuchado o leído, dice así:

“Había una vez, en un reino no muy lejano, una queja de los súbditos sobre el precio del pan. El Rey, indignado, decretó un precio máximo. Al día siguiente los panaderos redujeron el peso del pan. El Rey, para que no se escapen de la regulación, decretó un peso mínimo. Entonces los panaderos usaron harina de menor calidad. El Rey ordenó una calidad mínima. Los panaderos, en respuesta, obligaban a los súbditos a comprar pan solo si compraban leche que no tenía control de precios. El Rey dio un nuevo decreto prohibiendo la venta atada de productos. Al día siguiente los productos pusieron una fruta confitada encima del pan y dijeron que el precio era libre porque ya no era pan, sino un pastel. Y el Rey tuvo entonces que incluir en la regulación a los pasteles. Y siguieron y siguieron hasta que el Rey se hartó y estatizó las panaderías. Moraleja. Si en la espiral regulatoria atrapado no quieres quedar, abstente de regular”.

Quizás el mejor ejemplo de este “espiral regulatorio” en el que el consumidor venezolano se encuentra inmerso, es el caso del arroz. En 2003, mediante una resolución ministerial se fijó el precio máximo de, entre otros productos, el arroz blanco de mesa, en sus diversas presentaciones. Al mismo tiempo reguló el precio pagado por los productores a los agricultores con la finalidad de “asegurarles ingresos suficientes” a éstos últimos. Lo que empezó a pasar en este contexto es que muchas veces los precios regulados para los agricultores se aumentaban sin que se aumenten los precios finales, asfixiando al productor. Asimismo, pasaba también que otros recursos destinados a la producción además de la materia prima variaban de precio, afectando la estructura de costos de las empresas sin que éstas pudieran reaccionar ajustando sus precios. Como las empresas no pueden darse el lujo de producir a pérdida, lo que hicieron fue crear un nuevo tipo de arroz, el “arroz saborizado”, tal cual el pastel de los panaderos en la fábula descrita líneas arriba, que no se encontraba en principio regulado. Desde el gobierno venezolano esta estrategia fue calificada como “irresponsable” y un “fraude a la ley”. Y aunque es obvio que con la producción del arroz saborizado se buscaba evadir la regulación yo calificaría esta estrategia como un legítimo acto de supervivencia. Lamentablemente, la “fábula” no termina allí. En 2009 se emitió una nueva resolución ministerial en virtud de la cual “todo producto elaborado a partir de la misma materia prima de un producto regulado” requeriría de una autorización gubernamental antes de ser comercializado. Obviamente, para estos productos deberían regir también precios regulados. Asimismo, se establecieron cuotas mínimas de producción para el arroz “blanco”. Como muchas empresas no han podido cumplir con las referidas cuotas de producción, pues les originan pérdidas, empezaron a ser acusadas de “acaparadoras” o de “saboteadoras de la revolución” y de… ¡querer obtener ganancias! (ok, ya entiendo, ¡esas empresas son peores que Bin Laden!).

Como no podía ser de otra forma, la última parte de esta historia tiene que ver con expropiaciones. Las últimas modificaciones a la regulación apuntaron a incluir la expropiación como una sanción para quien incumpla los controles de precios y las cuotas de prducción. La frase “planta cerrada, planta tomada” se volvió una política de Estado. En marzo de 2009 se expropió la planta de Cargill de Venezuela y varias otras están amenazadas de correr la misma suerte. Lo más grave en el caso de la expropiación a Cargill es que su planta producía arroz “parboiled” (arroz precocido), desde antes de la regulación de precios. Este tipo de arroz requiere de un proceso de fabricación distinto y por eso esta empresa no podía de la noche a la mañana comenzar a producir el arroz regulado. Con esta excusa el Gobierno expropió la planta. Casi 3 años después de haber sido expropiada, la planta sigue produciendo arroz “parboiled” (es decir, el Gobierno incumple la regulación), y los dueños no han sido indemnizados.

Lo peor de esta historia es que en cada una de las “secciones” de este espiral, los perjuicios son mayores que los beneficios para quien debería ser el principal protegido de las políticas públicas: el consumidor. Así, por ejemplo, en lo que respecta a la regulación de precios, dado que los empresarios empiezan a sufrir pérdidas cuando no pueden subir sus precios, los productos comienzan a escasear, y por ende a subir de precio (tanto su precio real, en el mercado negro, como su precio regulado, ya que los productores demandan ajustes). Las estadísticas del Banco Central de Venezuela registran que en los primeros nueve meses de 2011 el precio de los alimentos regulados, subió en promedio 21,9% mientras que el precio de los alimentos no regulados subió en promedio19,6%”. La producción baja, como ha pasado precisamente con el arroz, producto en el que hasta hace poco Venezuela era autosuficiente. Ahora, de ser un país que exportaba 150,000 toneladas ha pasado a importar en promedio 300,000.

Lo mismo sucede cuando las industrias son expropiadas y manejadas por el Estado. Tal es el caso de la Hacienda Hoya Grande, que el Estado expropió en diciembre de 2010, con la finalidad de cumplir un acuerdo de exportación de plátano celebrado con el Estado ruso. En ese momento, dicha hacienda era considerada un modelo de la industria. Altamente tecnificada y con un rendimiento promedio de nueve toneladas por hectárea. Era la principal exportadora de plátanos de Venezuela. Casi un año después de estar la hacienda en manos del Estado, la producción promedio de dicha disminuyó a cuatro toneladas por hectárea y se encuentra afectad por plagas debido a descuidos en su mantenimiento.

La fábula del espiral regulatorio, como nos muestra el caso de Venezuela, no es una con un final feliz. Esta fábula nos debe servir de lección en el Perú, especialmente ahora que no escasean en el Ejecutivo y en el Congreso “fans” del espiral regulatorio.

El reciente fallecimiento de un joven hincha en el último “clásico” viene ocupando los titulares de todos los medios y las conversaciones de la gran mayoría de la gente. Como no podía ser de otra manera, políticos de todas las tiendas salen a declarar ofreciendo y exigiendo “mano dura” con los responsables y ofreciendo “ingeniosas” propuestas para terminar con la violencia en los estadios de fútbol.

En ese contexto, Daniel Abugattás, Presidente del Congreso, ha presentado un proyecto de “Ley contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos Profesionales”(en adelante, el “Proyecto”) proponiendo, entre otras cosas, crear una “dirección de seguridad deportiva” en el Instituto Peruano del Deporte (“IPD”), así como sancionar, de manera específica, los actos de violencia en espectáculos deportivos con penas de hasta ocho años de cárcel y establecer la obligatoriedad de un seguro que proteja a los espectadores en caso de accidentes.

El Proyecto, como pasaremos a explicar, no ofrece soluciones efectivas al problema de la violencia en el fútbol, mientras sí introduce modificaciones que generarán gastos o duplicidad de funciones innecesarios, o que, en el mejor de los casos, son inocuos. Estamos, una vez más, ante un caso de “regulación por anécdota”, en el que se propone una nueva regulación para solucionar el problema de “moda” sin analizar adecuadamente los beneficios y costos de la regulación, e incluso sin analizar si el ordenamiento jurídico cuenta o no ya con mecanismos que regulen ese mismo problema.

En primer lugar, el proyecto dispone la creación de una Dirección de Seguridad Deportiva en el IPD, una nueva instancia (que demandará la generación de puestos para funcionarios públicos y presupuesto) dentro de un organismo que lo que debe hacer (si acaso la existencia de un organismo estatal de este tipo se justifica) es regentar el deporte en sí mismo, y a lo mucho coordinar con las autoridades competentes los aspectos de seguridad de los espectáculos. Esto no hará sino duplicar la ya existente normativa de Defensa Civil y legislación penal que regulan el comportamiento en espectáculos públicos.

En segundo lugar, se plantea “modificar” el artículo 315 del Código Penal, que regula el denominado delito de “disturbios”, añadiendo un párrafo adicional. Según el texto actual del referido artículo, “el que en una reunión tumultuaria atenta contra la integridad física de las personas, así como mediante actos de violencia cause grave daño a la propiedad pública y privada, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 6 ni mayor de 8 años”. La propuesta añadiría un párrafo señalando que “será sancionado con la misma pena cuando los actos descritos en el primer párrafo se produzcan con ocasión de un espectáculo deportivo profesional o en el área de influencia deportiva”.

La pregunta que salta a primera vista luego de leer el párrafo que se pretende añadir a la norma es ¿qué agrega realmente cuando se trata de aplicar efectivamente la norma? ¿Acaso el tipo penal incluido en el artículo original no incluye también a los disturbios realizados en recintos deportivos y/o fuera de ellos? En realidad, parece que el término “reunión tumultuaria” (qué fea palabra por cierto) incluye perfectamente tanto conciertos de rock como mítines y conglomeraciones alrededor de un espectáculo deportivo (adentro o fuera del estadio). En suma, el cambio no aporta nada y más bien puede hacer más confuso el tipo penal para su aplicación a otros supuestos.

Finalmente, el Proyecto contempla también que los organizadores de espectáculos deportivos profesionales estén obligados a contar con una póliza que cubra riesgos de muerte por el valor de 200 Unidades Impositivas Tributaria (UIT);  invalidez permanente con 200 UIT; incapacidad temporal hasta por 10 UIT, además de gastos médicos hasta por 50 UIT y gastos de sepelio por 3 UIT. Lo que se está haciendo en buena cuenta es crear un “SOAT futbolero” (uso aquí el término con ánimo explicativo, consciente de que “SOAT” significa “Seguro Obligatorio para Accidentes de Tránsito”). El Proyecto no lo señala, pero pareciera ser que se propone un seguro automático, es decir, en el que la sola existencia del daño implica la activación del seguro ¿Es ésta una medida adecuada? Parece positivo el establecer un seguro que cubra los daños que puedan sufrir los espectadores, ¿no? No necesariamente. Tal como señala Ghersi, la existencia de seguros mutuales obligatorios puede crear “azar moral”, es decir, “si se cubren todos los eventos que pudieran producir los vándalos a través de un seguro mutual, efectivamente no existirán daños que queden insatisfechos, pero no habrá tampoco ningún incentivo para que los asistentes al fútbol desarrollen comportamientos más deseables. En otras palabras, como todos los asistentes pagarían los daños de las ‘barras bravas’, no habría ningún estímulo para que la gente se porte bien en los estadios”. Además, los referidos seguros aumentarán los precios en las entradas en perjuicio del consumidor. Puede parecer un pequeño precio a pagar por la seguridad, pero lamentablemente los seguros descritos no son siquiera garantía de eso.

¿Y cuál sería la solución real al problema de la violencia en el fútbol? Bueno, al igual que en muchos otros casos la solución es multidimensional, pero nos atrevemos a afirmar que yace principalmente en dos aspectos:  En primer lugar, y principalmente, reforzar con capacitación, más personal y recursos a la policía, al Ministerio Público y al Poder Judicial para que estén en capacidad de aplicar la legislación penal  y civil que ya existe y que puede coadyuvar a desincentivar la violencia: multas y cárcel para los agresores, dependiendo del daño causado e indemnizaciones para reparar los daños causados; y, en segundo lugar, como señala Ghersi en el artículo antes citado, asignar los derechos de propiedad del fútbol correctamente “para que los incentivos estén donde deben y sean los propietarios del negocio los que se encarguen de cuidarlo, reduciendo la cantidad de daños, compensando a las víctimas y combatiendo hasta desaparecer a las ‘barras bravas’”.

Constituye un enfoque errado, sin embargo,  tratar de “incluir” a estos ciudadanos en la economía dándoles libertades y derechos disminuidos. Tal es la visión que comparte, aparentemente, el ex – presidente Alejandro Toledo, quien recientemente ha declarado que: “(hay riesgo en titular) Porque comienzas a vender y claro hay necesidad en la selva, existe la pobreza y si usted le dice, te voy a pagar tres millones por x número de hectáreas, y lo venden”.

Se asume, aparentemente, que los ciudadanos de ciertas zonas del país no tienen el suficiente conocimiento ni poder de negociación para poder decidir sobre su patrimonio o sobre su propio destino. Esta es, creemos, una premisa errada, en la medida que, si bien es cierto que determinados ciudadanos pueden presentar niveles menores de educación y sofisticación; siempre y cuando sean adultos en pleno uso de sus facultades no puede afirmarse que no estén en capacidad de realizar transacciones favorables para ellos en el mercado. El informarse, negociar y tomar decisiones racionales no es patrimonio de la civilización occidental.

Por lo demás, aun si la cuestionable premisa de este injustificable proteccionismo fuera cierta, no se puede dejar de tener en cuenta sus potenciales efectos nocivos: si no dejamos que el pobre venda sus tierras de manera formal, si necesita recursos lo venderá de todas maneras en el mercado informal, obteniendo un menor precio.

Sin perjuicio de que se trata sin duda de una actividad perjudicial y que merece algún tipo de sanción -de hecho, existe el tipo penal de “delitos contra la tranquilidad pública”, aunque no contempla pena de cárcel-, ¿vale la pena realmente que este tipo de peligros se persiga y sancione con tanta intensidad e invirtiendo recursos adicionales cuando tenemos un gran problema de seguridad ciudadana?

Salvo que se trate de alarmas que tengan el objetivo de facilitar otros delitos mayores, me inclino por pensar que no. ¿Ustedes qué opinan?

Garantizando (una menor calidad en) la educación universitaria

El Grupo Parlamentario de Gana Perú ha presentado hace algunos días un proyecto de Ley (Proyecto de Ley No. 142-2011-CR) que “garantiza el derecho fundamental prioritario a la educación sin condicionamiento”.  Con este proyecto, se busca prohibir que las universidades públicas y privadas condicionen la asistencia a clases o la rendición de evaluaciones al pago de pensiones del ciclo que se esté cursando. Este proyecto se basa, cabe precisar, en una decisión del Tribunal Constitucional  (John Lojas v. Universidad Inca Garcilaso de la Vega, sentencia del 15 de marzo de 2010) que ya había declarado que la educación es un “servicio público” que “atiende a la prestación de un específico derecho social fundamental como el derecho a la educación”.

Más allá del nombre rimbombante y confuso (¿qué es un “derecho fundamental prioritario”?), creemos que el proyecto implica una intervención injustificada en un mercado razonablemente competitivo como lo es el de la educación, intervención que introducirá distorsiones en la competencia que no harán sino atentar contra la calidad de la educación universitaria, precisamente uno de los aspectos en los que nuestro país requiere mejorar significativamente para poder transitar el camino hacia el desarrollo.

Según la lógica del proyecto, prestada de la resolución del Tribunal Constitucional antes citada, la posibilidad de evitar que el alumno se matricule el siguiente ciclo es “protección suficiente” para garantizar el pago de las pensiones. Más allá de que esto puede ser razonable o no —de hecho, recuerdo que la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde tuve la suerte de estudiar, adoptaba esta política, dejando a los alumnos terminar el ciclo pese a no estar al día en las pensiones y solamente impidiendo la matrícula al ciclo siguiente— esta es una decisión de negocio que involucra información y know how que probablemente no maneja nadie que no haya dirigido un negocio similar y que ciertamente no manejan el Congreso de la República —basta leer el pobrísimo análisis costo-beneficio del proyecto para darse cuenta— ni el Tribunal Constitucional. Es probable, por ejemplo, que algunas universidades con poco capital y respaldo financiero dependan del flujo permanente de sus pensiones para seguir operando y que, por ende, necesiten de un mecanismo de presión significativo para mantener a sus alumnos “al día”. Es probable, también, que decisiones como esta en el largo plazo atenten contra la sostenibilidad financiera de las universidades y éstas se vean obligadas a reducir costos y, por ende, reducir la calidad del servicio que prestan (y esto perjudicaría a las universidades que actualmente brindan mayor calidad en beneficio de los que prestan un servicio de menor calidad).

A fin de garantizar el “derecho social a la educación”, el Estado cuenta ya con universidades públicas, razón adicional para rechazar el proyecto de ley aquí comentado. Lo ideal sería, más bien, que el propio Congreso comience a educarse con la finalidad de mejorar la calidad de las leyes y políticas públicas que promueve.

“No es posible que siga habiendo la cantidad de armas que existe para los civiles. (…) Ese hecho, el de portar el arma, ya le genera mucha agresividad al acto delincuencial. Hay que ser muy drásticos en presentar una ley muy drástica y muy dura”.

Aunque a primera vista esta parezca una buena idea, y creo que sin duda debe ser bienintencionada, habría que contarle al congresista Reggiardo que los delincuentes no registran sus armas en la DICSCAMEC.  Por ende, poner mayores trabas legales al uso y tenencia de armas va a “desarmar a los buenos”.

Aunque no aconsejo a nadie tener un arma (yo no la usaría), diversos estudios sugieren que el derecho (regulado) a portar armas por parte de civiles constituye un desincentivo para los criminales, pues deberán tener en cuenta que sus potenciales víctimas están en la capacidad de defenderse; y, por ende, puede contribuir a reducir el crimen. Esto claro está, debería combinarse con el establecimiento de sanciones agravadas para delitos cometidos con el uso de armas (que hasta donde sé sí contempla nuestro ordenamiento).

¿Ustedes qué opinan?

Ya hemos explicado en anteriores posts cómo es que no existen argumentos válidos para imponer una “moratoria” (prohibición) al ingreso de semillas transgénicas o al cultivo de éstas en nuestro país (ver Proyecto de Ley aquí). Es falso, pues, (o al menos no se ha demostrado fehacientemente) que los cultivos transgénicos sean dañinos para la salud, afecten necesariamente o de manera relevante la biodiversidad, depreden la tierra cultivable o vayan a causar más pobreza en determinados sectores.

Pues bien, ahora el nuevo argumento, es que el Perú, debido a su gran diversidad y riqueza agrícola, es un país que “no necesita” de transgénicos. Este argumento es esgrimido por el mismísimo Presidente de la República, como puede apreciarse en este video.

Más allá de que la premisa sea errónea, pues consideramos que, si no hoy, pronto el país podría necesitar o beneficiarse en gran medida del cultivo y producción a gran escala de productos transgénicos; cabe preguntarse ante semejante argumento ¿puede el Estado prohibir la comercialización de un determinado bien o servicio simplemente porque “no es necesario”?

La respuesta es un contundente no. Bajo el régimen económico consagrado en nuestra Constitución (artículo 59), el Estado garantiza las libertades de trabajo, empresa, comercio e industria. Estas libertades pueden en efecto ser limitadas, pero estas limitaciones deben estar motivadas en razones de salud, seguridad pública,  externalidades (daños a terceros), ausencia de competencia o competencia “indebida”, entre otras mencionadas en la propia Constitución. Esas limitaciones, además, deben ser razonables y proporcionales.

Determinar si el país, si el mercado peruano “necesita” o no un bien determinado no es competencia del Estado peruano. Son los consumidores, con sus decisiones de compra, y los productores (que bien podrían encontrar un nicho de mercado en el extranjero) quienes deben determinar esto.  Si alguien produce algo que el consumidor “no necesita” habrá realizado una mala decisión empresarial y deberá asumir las consecuencias de sus actos, reconvirtiendo su empresa o saliendo del mercado.

Se ha discutido bastante desde hace un par de semanas un artículo de Gonzalo Zegarra, director de Semana Económica, sobre la (mal) llamada “Ordenanza Gay” (me parece que suena un poco despectivo llamarla así y da la mala impresión, como han pretendido algunos grupos reaccionarios, que “promoviera determinadas conductas o estilos de vida”), en virtud de la cual se obligaría a los negocios que atienden al público a colocar en sus establecimiento un cartel con la siguiente leyenda:

“Esta ciudad y este local promueven la igualdad por identidad de género y orientación sexual”.

En el referido artículo, Zegarra señala que:

“El remedio planteado –obligar a los locales abiertos al público a declarar con un cartel que no discriminan a los gays– discrimina a su vez a quienes desaprueban la conducta homosexual. Ellos tienen derecho a esa opinión, mientras su juicio se mantenga en el plano moral y/o discursivo. Obligarlos a ocultar su ideología moral, o peor aun, mentir sobre ella, viola su libertad de expresión. La obligación del Estado con quienes sufren discriminación se limita a impedir ese abuso y/o sancionarlo, pero no comprende la conversión psicológica de quienes no les tienen simpatía. Y mucho menos por la fuerza (que es en última instancia como se impone cualquier ley)”.

Inmediatamente después de su publicación, el artículo y el autor fueron “bombardeados” en redes sociales (Facebook y Twitter) señalando que defendía la discriminación o un “derecho a discriminar”, e incluso tildando al autor de homofóbico y “nazi”. Yo creo que quienes critican al autor se equivocan. No han entendido su posición, y ciertamente exageran al calificarlo de homofóbico o “discriminador”. Es más, salvo algunas ligeras diferencias conceptuales, suscribiría el artículo en su integridad.

Zegarra señala claramente en su artículo que la discriminación debe ser combatida por la Ley:

“[E]s correcto que las leyes penales sancionen los crímenes de odio contra los homosexuales; y que las leyes laborales, de protección al consumidor y cualesquiera otras aplicables según el ámbito que corresponda, les aseguren el derecho a desenvolverse en la vía y la vida pública con la misma libertad que los heterosexuales –y eso incluye todas las muestras de afecto tolerables entre heteros–. Lo contrario sería incumplir su obligación de tutelar la integridad física y la libertad de los individuos, y tratar a los gays como si no tuvieran la misma dignidad y valía que el resto de ciudadanos; que por cierto la tienen”.

Lo que critica Zegarra en su artículo, en posición que comparto, es que de alguna manera la Municipalidad de Lima quiera convertir a los negocios de su jurisdicción en “activistas” a favor de los derechos de los homosexuales, obligándolos a expresar una opinión que no necesariamente comparten. Es cierto que el Estado (felizmente) no puede obligarnos a pensar de una manera determinada, pero tampoco debería poder obligarnos a declarar que pensamos de una manera determinada. Claro, hay quien pensará que “está bien cambiar la forma de pensar de un homofóbico”. Sí, probablemente, sí. Pero el tema es que el Estado es manejado por personas, que frecuentemente pueden estar equivocadas o tener opiniones muy subjetivas en su apreciación de innumerables temas y enfoques. Lo peor que podemos hacer es darle al Estado la capacidad de implementar un pensamiento único, al estilo del orwelliano “Ministerio de la Verdad”. No nos olvidemos que en plena campaña presidencial nuestro Presidente se reunió con autoridades de la Iglesia Católica para tranquilizarlas respecto a sus ideas respecto a ciertos temas (como el aborto o el matrimonio homosexual), declarándose “católico conservador”.

Alguna persona titular de un negocio podría pensar que los homosexuales no son iguales al resto de personas y que no deberían tener los mismos derechos. Estaría fundamentalmente equivocado, pero es libre de pensar así, e incluso de declarar que piensa así siempre y cuando no denigre a ninguna persona o grupo de personas en particular.

Aunque la diferencia pueda ser sutil para algunos, debe precisarse que la norma no se limita a recordar una determinada norma legal (“está prohibido discriminar”), sino que implica promover una determinada forma de pensar (“promuevo —por ende, “creo en”—la igualdad de género y orientación sexual”). Ello constituye una violación a la libertad de expresión de las personas que no opinan de ese modo, pues se les está obligando a transmitir un discurso en el que no creen. Es en este punto en el que discrepo con Zegarra, pues no creo que haya una “discriminación” contra quienes están siendo obligados a colocar el referido cartel. Pero sí una coacción a su libre expresión.

Luego de un debate “twittero” con @elmorsa (quien por cierto tiene un buen post sobre el tema, aquí. A mi me pueden seguir como @MZunigaP) el día que el artículo se publicó reconocí que tampoco era “big deal”. Es “sólo un cartelito”. Puede ser. Pero el tema es que si abrimos esa puerta podemos llegar a casos donde las libertades sí se restrinjan demasiado, de forma tal que nos quedemos sin oportunidad de investigación o debate. Se me viene a la mente el caso del profesor Herman-Hoppe en la Universidad de Las Vegas. Dijo en su clase que “los homosexuales son menos aversos al riesgo porque tienden a pensar menos en el largo plazo”. Y fue amonestado por “homofóbico”. De hecho haciendo una búsqueda sobre este profesor encuentro que sí tiene algunas afirmaciones bastante polémicas sobre los homosexuales y otros grupos, pero que ciertamente se encuentran en el plano de lo académico y no deben motivar ningún tipo de censura.

Se me viene a la cabeza también el delito de “negación del holocausto” que hemos tratado en el blog. Si una persona emite una opinión negando el holocausto o defendiendo la superioridad de la raza aria, sin duda nos provocará que se calle. Diremos que es un necio, que está equivocado, pero no defendería una regla legal que lo sancione o lo obligue a callarse.

¿Cómo combatimos ese tipo de afirmaciones, absurdas, retrógradas? Me quedo con las excelentes palabras de Timoty Garton Ash, columnista de The Guardian, en relación las normas que sancionan la negación del holocausto:

“¿Cómo, por ejemplo, refutamos las absurdas teorías conspirativas, que aparentemente tienen alguna vigencia en partes del mundo árabe, según las cuales ‘los Judíos’ estuvieron detrás de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2011 en Nueva York?  ¿Prohibiendo que cualquiera la repita? ¿Sancionándolo con prisión? No. Las refutas refutándolas. Recopilando toda la evidencia disponible, en un debate libre y abierto. Esta no es sólo la mejor forma de dilucidar los hechos, sino, que, en último término, es la mejor forma de combatir la xenofobia y el racismo. Así que por favor, unásenos, combatámos a “papá Estado” y su policía de la memoria”. (Traducción libre del último párrafo del texto disponible aquí).

¿Significa lo aquí expresado que no debemos hacer nada para combatir la discriminación? No. El Estado debe empezar por casa combatiendo la discriminación y desregular el matrimonio civil y la herencia, para que las personas del mismo sexo tengan la libertad de regular sus relaciones patrimoniales como mejor les parezca y protegerse mutuamente. Se debe asegurar asimismo que ninguna persona tenga un acceso restringido a sus derechos ni a servicios públicos en función a su orientación sexual. ¿Y qué hay con las normas anti-discriminación en el consumo, el trabajo o en el acceso a servicios privados? Mejor lo dejo para otro post.